Nadie quiere poner la plata para saber si Papel Prensa contamina

Desde aquel allanamiento de 2007, la causa sobre contaminación de Papel Prensa que tramita el Juzgado Federal de San Nicolás permanece sin avances significativos, luego de idas y vueltas que incluyeron extrañas situaciones que animan las versiones que señalan que de esto nadie quiere hablar.
Ni siquiera el Gobierno nacional, que mantiene una disputa con el Grupo Clarín, que arrastra a La Nación. Tal vez porque los tres son socios en la planta local cuyo tratamiento de efluentes quedó en la mira desde que la amenaza Botnia se instaló en la agenda nacional.
El tema de la pastera uruguaya se fue desvaneciendo y con él, sucedió lo propio con Papel Prensa. El Fiscal Federal Juan Patricio Murray, que lleva adelante la investigación, confirmó a La Opinión que la causa está “paralizada” porque todavía el Poder Judicial de la Nación y la Procuraduría General no se ponen de acuerdo respecto de cuál de esos organismos debe afrontar el costo de las nuevas pericias ordenadas por el Juez Villafuerte Ruzo.
La solicitud de análisis encomendados a la Universidad Nacional de Luján fue elevada por Murray y ordenada por el Magistrado. Esto sucedió luego de la extraña pérdida de las muestras tomadas durante un allanamiento, que al ser trasladadas por un cadete de la Policía Federal, misteriosamente desaparecieron.
Eso también provocó una investigación para determinar responsabilidades, que tampoco progresó hasta ahora.
Murray pidió “la realización de una pericia de exotoxicidad crónica de las aguas del río Baradero y de los efluentes líquidos que arroja la planta de Papel Prensa a esas aguas”. Sin embargo, el Fiscal explicó que “el Poder Judicial entiende que no le corresponde hacerse cargo de los gastos y costos de esa pericia” y que debe hacerlo la Procuraduría.
“Yo comparto los criterios del Procurador General de la Nación: fue una pericia ordenada por un Juez de la Nación, más allá de que sea a pedido de la Fiscalía, cualquier parte puede solicitar una diligencia de prueba”, señaló Murray y detalló: “Consideramos que la prueba podía ser un acto definitivo e irreproducible, por eso el mismo ordenamiento ritual; por más que la investigación esté a cargo de la fiscalía, establece que debe hacerse por orden judicial; entonces creemos que como la orden provino del Poder Judicial de la Nación es quien debe afrontar los costos de esa pericia, y en este sentido, comparto los argumentos del procurador general.”
Lo que el Juez Villafuerte Ruzo ordenó a pedido del Fiscal, es realizar una serie de análisis sobre el río, “más allá de las pruebas que periódicamente va tomando la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires”.
Murray aseguró que en base a esas pruebas “no se les autoriza y no está autorizada la planta de Papel Prensa a arrojar los efluentes líquidos sobre las aguas del río Baradero, justamente por el exceso en los topes de demanda química y bioquímica de oxígeno que tienen esos efluentes líquidos”.
Durante el recorrido que hicieron cuatro candidatos a intendente antes de las elecciones, invitados por Papel Prensa y con la guía del propio Julio César Saguier, el Ingeniero Mariani mostró a los presentes la “pequeña” –así la calificó él mismo– planta de tratamiento de efluentes que la compañía desarrolla en el lugar tras el inicio de la causa y que avanza en su concreción.
La imagen que se reproduce en esta página es la que se llevaron los visitantes ese día. Para los 10 millones de dólares que supo estimar la Presidenta que hacen falta para mejorar eso, parece que resta mucho.
Por ahora, ni unos ni otros hacen mayor esfuerzo para que el tema forme parte de la agenda de debate nacional, que está preocupada en la contaminación que produce la megaminería.

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