Las vacaciones de los funcionarios son para gozarlas
La Asesoría General de Gobierno envió un dictamen ante la consulta del Ejecutivo local por el reclamo de vacaciones que hizo Guacone. El organismo sostiene que no gozarlas en su momento no puede implicar un “ahorro” para los políticos, por lo que recomendó pagar sólo el último período. La resolución repercute en la demanda de otros exfuncionarios.
El exintendente Pablo Guacone recibió un revés oficial a su reclamo por el pago de vacaciones adeudadas. La Asesoría General de Gobierno provincial emitió un dictamen en el que establece que el período de descanso debe ser cumplido como tal y que bajo ningún punto de vista puede considerarse un “ahorro”. Mucho menos para los funcionarios políticos.
La resolución del organismo asesor llegó tras una consulta del Gobierno local, luego del reclamo de Guacone. Si bien no es “vinculante”, el texto de la dependencia provincial que conduce el abogado Gustavo Ferrari implica un antecedente muy importante y no sólo para San Pedro.
“Las vacaciones poseen una finalidad sanitaria y por consiguiente social”, dice la Asesoría General de Gobierno, y asegura que los agentes deben tomarlas cuando corresponde. En ese sentido, deja en claro que quien no lo haga no podrá reclamar después, tal como hicieron Guacone y otro funcionarios, algunos de los cuales todavía caminan los pasillos en busca de respuesta, porque quieren cobrar.
Apenas el proporcional
La Asesoría General de Gobierno (AGG) dictaminó que las vacaciones existen con un objetivo: “el goce real y efectivo del descanso temporal acordado, bajo la forma remunerada”. En ese sentido, establece un análisis que da por tierra el reclamo de Guacone y arrastra otros tantos similares, al tiempo que señala una advertencia respecto de lo que ha sucedido con otros funcionarios que dejaron el gabinete y se llevaron una abultada suma por no haberse tomado las vacaciones durante los años que duró su gestión.
El organismo provincial descarta “toda posibilidad de que (el monto correspondiente a vacaciones) se transforme en un motivo para incrementar el salario, percibiendo el importe respectivo del lapso vacacional sin gozarlo real y efectivamente.
En ese sentido, plantea la excepción cuando el agente haya cesado en sus funciones antes de haberse permitido “el disfrute de la licencia anual por el término transcurrido al momento de extinguirse la relación de empleo público”.
Por ello, dispone que Guacone podrá cobrar “la licencia anual correspondiente al último año calendario y a la parte proporcional a la actividad registrada en el año en que se produce el cese del funcionario”.
La AGG recuerda que el artículo 2 de la Ley 10.921 es extensivo a los funcionarios municipales, miembros del gabinete, que no gozan de estabilidad, algo que aparece en otros dictámenes de ese organismo, como el que señala que los políticos no deben cobrar
asignaciones familiares ya que se encuentran excluidos de las normas estatutarias emanadas de la ley de empleo municipal.
“Lo que me corresponde”
Guacone presentó el reclamo el 2 de julio pasado. “Tenga a bien considerar y abonar al suscripto la suma adeudada por la administración pública en concepto de vacaciones, como asimismo aguinaldo proporcional del presente año y toda aquella acreencia que me correspondiere por mi labor desempeñada a favor de la Municipalidad de San Pedro, hasta el momento de mi efectiva renuncia”, dice el texto.
El expediente recayó en la Dirección de Asesoría Letrada que conduce José Macchia, quien resolvió que era necesario hacer la consulta en Provincia. Allí remitió el reclamo del exintendente y el decreto aprobado por el Concejo Deliberante en febrero, cuando tras dos meses de “licencia por enfermedad”, Guacone dejó el cargo, acorralado por los problemas económicos y sin respaldo político.
El exjefe comunal espera desde entonces una respuesta a sus demandas. Dos meses antes de presentar formalmente ese reclamo había sido beneficiado con el pago de otro que había interpuesto, relacionado con el aguinaldo.
En mayo, el programa de televisión Poder Público reveló copia del recibo de sueldo liquidado en marzo y pagado en abril mediante el que Guacone cobró 41.080,40 pesos del total de 94.926,60 brutos que señala el documento, de los cuales le descontaron 36 mil pesos que ya le habían “adelantado”.
En ese momento, quedó expuesto que el Ejecutivo a cargo de Fabio Giovanettoni se hizo eco del primer reclamo de su antecesor, a pesar de que médicos, funcionarios del gabinete y concejales todavía no habían cobrado ni siquiera el medio sueldo anual complementario de junio del año pasado.
Efecto dominó
Los más de 70 funcionarios que pasaron por el gabinete de Guacone se fueron con las vacaciones pagas. En algunos casos, percibieron un monto acorde a lo que la Asesoría General de Gobierno marcó en este dictamen, que tiene antecedentes en casos como Colón, que aparece en las anotaciones a la publicación de la ley 11757 que regía el trabajo municipal hasta su derogación y reemplazo el año pasado.
Muchos son los que se fueron de la función pública y reclamaron suculentas “indemnizaciones” por haberse “desangrado en la conducción” sin tomarse un solo día de vacaciones, aunque en realidad siempre lo hicieron sin declararlas, como en el caso del propio Guacone, cuyas escapadas a la costa eran habituales y hasta fueron expuestas públicamente en redes sociales por su propia familia.
En el Concejo Deliberante hay exfuncionarios que reclaman sus vacaciones adeudadas, como el caso de Martín Noseda, quien asegura tener la autorización denegada por sus superiores en su momento, cuando las habría pedido.
El suyo puede constituir así un caso para analizar más allá del dictamen explicado en esta página, aunque en principio le corresponderían las prerrogativas que allí establece la AGG, en la medida en que su reclamo es por los años en los que fue Director, es decir miembro de la planta política.