La sindicatura de la quiebra de Martínez Sobrado reclama $2.750.000
En un juicio por daños y perjuicios que se inició a principios de 2001 están denunciados el Intendente Municipal, el Director de Planeamiento junto a dos ex funcionarios del gabinete de entonces. La acción es llevada adelante por un estudio jurídico local que patrocinaba a la firma Martínez Sobado y ahora a la Sindicatura que entiende en su quiebra. Se pide un resarcimiento económico millonario por el procedimiento que impidió la instalación de una sucursal de La Anónima en los terrenos donde funcionaban los silos.
Recobró fuerza el juicio iniciado por la empresa Martínez Sobrado S.A. contra la Municipalidad y algunos funcionarios a comienzos de 2001. Ahora, la acción está en manos de la Sindicatura que representa a la masa de acreedores que perdieron millones tras la quiebra de la empresa que acopiaba cereal en los silos de Avenida 3 de Febrero.
La demanda civil que se instruye en el Juzgado del Dr. Guillermo Zuelgaray en San Nicolás apunta a obtener un resarcimiento económico por las pérdidas que supuestamente ocasionó el manejo oficial de un proyecto para la instalación de una sucursal de los Supermercados La Anónima en los terrenos que por entonces poseía una sociedad presidida por el empresario Osvaldo Borjes, como titular de la Sociedad Anónima Martínez Sobrado que habían adquirido en 1997.
Durante el año 2000 y a punto de vencer un acuerdo que obligaba a la empresa a dejar de operar con cereal en su planta cada vez más rodeada de urbanizaciones, surgió la propuesta de la firma La Anónima para instalar un supermercado en esas dos manzanas. La empresa llegó incluso a hacer un depósito de 100 mil dólares de garantía cuando comenzó su relevamiento y estaba dispuesta a pagar más de un millón por quedarse con esas tierras que ya no tenían utilidad como planta de silos.
La reacción de los comerciantes locales temerosos de la instalación de un supermercado de esas dimensiones arrinconó a las autoridades políticas que además quedaron expuestas con una supuesta “factibilidad” extendida tiempo antes de que se iniciara la estratégica campaña para bloquear la instalación de este emprendimiento. Para Martínez Sobrado S.A., según la ponencia de sus abogados, el rol desempeñado por el Director de Planeamiento Diego Chediak, el Secretario de Obras Públicas de entonces, Arquitecto Roberto Calvet, el Intendente Interino (reemplazó a Barbieri en una licencia por enfermedad) y Presidente del HCD Alberto Pando y el Secretario de Gobierno Julio César Alen (fallecido el año pasado) “incurrió en la violación de deberes de funcionarios públicos y en abuso de autoridad para impedir sistemáticamente que La Anónima se pudiera instalar”.
La demanda también incluye al Intendente Municipal y al propio municipio como responsable solidario.
$ 2.750.000
El monto reclamado asciende a $ 2.750.000 y ese valor hoy representa una de las pocas oportunidades de acceder a dinero para los acreedores ya que de la venta de los terrenos se obtuvo el dinero justo y necesario para levantar una hipoteca bancaria y de los bienes que quedan, cuando se rematen tampoco se podría extraer demasiado para los acreedores.
En las últimas semanas los funcionarios fueron notificados oficialmente de la demanda porque después de la quiebra la Sindicatura se tomó sus tiempos para reencausar la acción, dejándola en manos de los mismos abogados que habían sido contratados por los empresarios que perdieron todos los derechos sobre los bienes de la sociedad en quiebra.
Tras la notificación, Barbieri y Chediak respondieron a través del Asesor Letrado Miguel Adeff , Alberto Pando a través del Dr. Guillermo Castillo y Roberto Calvet a través del Dr. Hugo Freixedes.
En casi todos los casos según trascendió, rechazando la sustentabilidad de la acción ante el tiempo transcurrido y cuestionando el modo en el que ha procedido el estudio que impulsa la demanda.
Con estas respuestas y más allá del conflicto entre abogados, resta esperar la apertura a prueba en la que se pondrán a consideración varios elementos para sopesar la fuerza de cada parte y resolver si efectivamente “todos los sampedrinos” deberán pagar en algún momento casi 3 millones de pesos.
Falta mucho para una definición pero 3 millones seguirán siendo lo mismo, en unos meses o en unos años.