La Justicia volvió a fallar contra Vialidad por el estado de las rutas 1001 y 191
Tras una audiencia en San Nicolás, la Jueza Sívori reiteró la orden para que el organismo provincial señalice los lugares peligrosos de esos accesos a la ciudad. Además, ordenó un bacheo provisorio urgente y convocó a todas las partes involucradas. El lunes irá a Río Tala para constatar junto a los vecinos el mal estado del camino.
Ayer martes, la Justicia de San Nicolás volvió a llamar la atención respecto del mal estado de las rutas 191 y 1001, en el marco de la causa iniciada tras la denuncia presentada por un grupo de vecinos de Río Tala bajo el patrocinio del abogado Daniel Spirópulos.
La Jueza María Alejandra Sívori, que en septiembre y octubre pasado tomó medidas en el caso y ordenó que se señalizaran los baches tanto de día como de noche, se mostró ofuscada porque nadie cumplió con las medidas que dictó.
Nadie se hizo cargo
La Provincia lo único que hizo fue deslindar su responsabilidad al señalar que Vialidad Nacional y el Municipio habían firmado un convenio para el desembolso más de 90 millones de pesos para que la empresa Grupo Farallón, ganadora de la licitación pública, procediera a la repavimentación de ambos caminos que unen la cabecera del distrito con la Ruta nacional Nº 9.
A los carteles que daban cuenta de que la ruta era un desastre y que había que circular a no más de 30 kilómetros por hora, se sumaron, luego del fallo judicial, unos nuevos que indican que el camino es peligroso por su mal estado y que hay que ir precavido, como máximo a 60 kilómetros por hora; y no es chiste.
Desde agosto, cuando se firmó el contrato, Farallón no hizo absolutamente nada más que presentar una carpeta al Gobierno provincial en la que informa que de acuerdo a un estudio propio la tarea que debe hacerse sobre la traza es mucho mayor a la encomendada, por lo que solicitó una ampliación del presupuesto.
Hay que recordar la odisea para instalar “el obrador” con máquinas que oficiaron de escenario poco antes de las elecciones y que más tarde fueron retiradas por la propia firma adjudicataria.
Ahora, la Jueza ordenó a Vialidad provincial que bachee y que comparezca junto a la empresa y el resto de los actores involucrados en la causa para una nueva audiencia.
Mientras tanto, ella misma se hará presente en Río Tala el lunes próximo. Mantendrá una reunión con vecinos en la sede del Automóvil Club Argentino y constatará personalmente el estado de lo que queda de la cinta asfáltica.
“La jueza dijo que las órdenes están para cumplirse y que van a interponer sanciones si no se cumplen”, dijo Spirópulos a La Opinión al finalizar la decisiva audiencia de ayer.
Una audiencia con decisiones firmes
Ante la Jueza María Alejandra Sívori comparecieron ayer los vecinos de Río Tala que denunciaron el año pasado la situación de las rutas 1001 y 191, bajo el patrocinio del Estudio Jurídico Spirópulos.
En esta oportunidad, lo hicieron acompañados del Secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Ramón Salazar, y del Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia; además, estaba presente el abogado Emiliano Franzetti, en representación de Vialidad Nacional.
Los denunciantes reclamaron porque la medida cautelar vigente desde el año pasado no se hizo efectiva nunca, ya que ni la empresa Farallón, adjudicataria de las obras de reparación de esas rutas, ni Vialidad Provincial hicieron lo que mandaba el fallo de la Jueza: señalizar debidamente todas y cada una de las falencias que aparecieren en ambos caminos, tanto de día como de noche.
De la misma manera, dejaron constancia de que los trabajos para los que se contrató a Farallón nunca comenzaron, algo que había sido planteado por Vialidad en el momento en que la Justicia convocó a una audiencia entre las partes.
En ese sentido, la Jueza Sívori ordenó reiterar el cumplimiento de la medida ordenada y obligó a la Dirección provincial de Vialidad a “proceder a la inmediata reparación” de las rutas a través de un “bacheo provisorio y momentáneo hasta tanto se implenten las obras” de fondo previstas, que implican la repavimentacion de ambas trazas.
La magistrada a cargo de la causa dejó expresado en su fallo que la Municipalidad se mostró “proclive a colaborar en tal tarea, por las consecuencias riesgosas que se desencadenan para los habitantes” de la zona que circulan por esos caminos.
La medida advierte que puede haber sanciones por parte de la Justicia si los organismos intimados no cumplen con la medida cautelar dispuesta.
Además, la Jueza fijó una nueva audiencia con fecha 30 de marzo para la que citó a los denunciantes, a Vialidad provincial y nacional, a la Municipalidad, a la empresa Farallón y a los testigos propuestos.