En la Bajada al Puerto resisten desalojo dispuesto por el Juez de Faltas
Familias que viven en el pie de barranca fueron notificados por Fabián Rodríguez para que desalojen y demuelan sus viviendas. La medida fue tomada amparada en el Código de Faltas municipal, que la prevé. Los motivos podrían aplicarse a buena parte de la ciudad donde otros han hecho negocios y apropiaciones indebidas. El reclamo del hotel Azahar Spa, que se construye a espaldas de esas casas es el verdadero motivo, que el Gobierno no oculta sino que expone como el “interés general” a proteger.
Diez años después de que comenzara la construcción del hotel San Julián, que ahora se llamará Azahar Spa y que tiene desde 2009 fecha incierta de inauguración, los vecinos que viven al pie de la barranca recibieron notificaciones de “desalojo” y “demolición” de sus viviendas por parte del Juzgado de Faltas municipal, orden que, advirtieron, no piensan acatar.
Son al menos nueve las familias notificadas. La mayoría está desde hace 50 años en el barrio. Los que menos tiempo llevan son los hijos y nietos de aquellos que llegaron cuando ese lugar no era parte de la “mirada estratégica del desarrollo” que violenta lo constituido para avanzar sobre los habitantes históricos y dejar paso a los turistas del hotel.
La notificación emanada por el Juzgado de Faltas es por “realizar construcción no permitida por las normas vigentes”, entre otros puntos que implican infracción para el municipio y que no se aplica, por ejemplo, a la declaración de construcción de grandes emprendimientos o asentamientos y toma de lugares estratégicos por su valor inmobiliario.
Lo que ven los vecinos es la decisión del Gobierno de Cecilio Salazar de desalojarlos para cumplir con el compromiso que asumió el exintendente Mario Barbieri cuando firmó el convenio con la empresa Polo Industrial S. A., que construyó viviendas de 55 metros cuadrados en la zona de la explanta depuradora para mudar a quienes habitaban la barranca.
Los que estaban abajo, que nunca corrieron riesgo y que con el paso de las décadas, desde que el barrio era un asentamiento precario, nunca quisieron irse. Fueron construyendo sus hogares y su identidad barrial de pescadores, la misma que impulsó al Ministerio de Agricultura de la Nación a colocar un cartel que reza: “Economías familiares. Contribuya a su desarrollo” y enumera: pesca, carnada, miel, resaca de río, totora, junco, viajes en lancha.
Esos que están abajo son los que recibieron al Municipio, que para cumplir con los requerimientos de la empresa que construye el interminable hotel tomó el Código de Faltas, encontró un artículo que cuadraba en los intereses a defender, labró un acta de infracción y resolvió la demolición y desalojo de las viviendas como si las barrancas fuesen privadas al igual que en el resto de la costa.
“La desocupación, traslado y demolición de establecimientos o instalaciones comerciales e industriales o de viviendas cuando no ofrezcan un mínimo de seguridad a sus ocupantes o a terceros” son parte de las sanciones previstas por el Código.
Ante ello, los vecinos se organizan para ir a La Plata a consultar a Catastro y para presentar una demanda de adquisición de dominio por usucapión, para hacer valer sus derechos de posesión veinteañal sobre los terrenos que ocupan y evitar la sanción municipal.
Un día descubrieron las viviendas
La medida que tomó el abogado porteño que Cecilio Salazar eligió para el Juzgado de Faltas no tiene demasiados antecedentes y los vecinos lo saben. Están informados. Conocen que les asiste el derecho a reclamar la posesión y están dispuestos a ir a la Justicia, que será, en última instancia, la que dirima el conflicto y establezca quién tiene razón en este entuerto.
La empresa Polo Industrial S. A. tiene a su abogada Adriana Bosco con puertas abiertas y vía libre en los pasillos de las dependencias municipales. En Obras Públicas iban y venían con un plano en el que la compañía diseñó la planta depuradora para el hotel, la que, aseguran los privados y reafirma el Gobierno, “beneficiará a 16 manzanas lindantes a ese sector”, lo que está, bien lo señala la cédula del Juez de Faltas, “autorizado tanto por el municipio como por el Consorcio de Gestión Puerto San Pedro”, propietarios legales de esa tierra.
En julio pasado, el Inspector que la Secretaría de Obras Públicas tiene para verificar todo el territorio sampedrino –situación que provocó un encendido enojo en el Concejo Deliberante de quienes hoy ejercen el Poder Ejecutivo, por la proliferación de obras clandestinas que no se controlaban ni se controlan– recorrió la zona de la Bajada al Puerto para constatar la existencia de las viviendas y labró sendas actas de infracción.
Allí, con las mismas actas que usan los inspectores de tránsito para infraccionar vehículos –con espacios para dominio, patente, motor, marca y color, que quedaron en blanco–, puso en conocimiento a los habitantes de la zona que estaban en falta.
“Acta de casa”, escribió en el apartado “rama o actividad” de la infracción. Donde dice qué legislación fue incumplida, está el número de la ordenanza que reglamentó el Código de Faltas municipal, el mismo que el presidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri consideró “vetusto” hace algunas sesiones, cuando conminó al resto de los concejales a trabajar en su “urgente y necesaria” actualización.
La infracción consiste en “haber realizado construcción no permitida por las normas vigentes en zona de alto riesgo por peligro de derrumbe y amenaza a la seguridad de personas y propiedades”.
La razón, como dijeron los vecinos, es expulsarlos para liberar el espacio de barranca y pie al hotel Azahar Spa, que en su momento hasta pretendió alambrar el predio con la gente adentro y que mueve peligrosamente las tierras de las barrancas que se precipitan hacia la calle.
El paso siguiente fue citar a los vecinos para que hagan su descargo. Les dijeron que podían hacerlo con asistencia de un abogado. Esta vez no les facilitaron los teléfonos de ninguno, como suelen hacer en otras oportunidades en los que el interés social está en juego.
La resolución del Juez de Faltas
Los vecinos fueron al Juzgado de Faltas. Algunos se enojaron porque Rodríguez ni siquiera sabía con precisión dónde vivían. Uno le comentó que resistiría “como Melgar” y contó que el Juez “no sabía de quién le estaba hablando, porque es de Buenos Aires, dijo”.
Todos contaron que están allí hace mucho tiempo: 1966, 1975, 1977; que viven de la pesca, de venderles carnada a los turistas, que son albañiles, que hacen huerta y crían gallinas.
Rodríguez calificó a las construcciones como “precarias” en una resolución en la que dice que llega a esa conclusión tras una “recorrida de visu”, que en latín significa “de vista”, “con los propios ojos”, aunque cualquiera que haya pasado alguna vez por la Bajada al Puerto sabe que la “precariedad” no es tal, sobre todo si se compara esas viviendas con las que están algunas cuadras adelante, en otros predios públicos donde los asentamientos crecieron a velocidad impensada en los últimos meses, nadie sabe bajo el amparo de quién, pero está claro que ante la ausencia de “inspecciones” como las que detectó a los notificados.
El Juez dice en las resoluciones que las viviendas están emplazadas en terrenos municipales, que no acreditan haber cumplido con las normas de edificación y que fueron construidas “sin autorización”.
Que la construcción de la muralla que hizo el personal del hotel luego de mover el suelo de la barranca y llenar de barro a los vecinos de abajo “denota la peligrosidad que provoca el encontrarse al pie de la barranca” y que “recién ahora, cuando se realizan las obras para tratamiento de efluentes en la barranca”, un “informe de la Municipalidad ha considerado” a las viviendas “construidas en zona de alto riesgo”.
Como los vecinos le plantearon que les asisten derechos por haber hecho ocupación pacífica y permanente durante más de 20 años, el Juez de Faltas señaló en su resolución que “la posesión es solo uno de los requisitos para usucapir y que para su reconocimiento se requiere sentencia judicial”. Lo mismo piensan los notificados: “No nos van a desalojar así nomás, el Juzgado de Faltas no tiene competencia”, dicen, conocedores del asunto.
Para cubrir aspectos legales, Rodríguez deja expresado en su resolución que como la medida que ordena –demolición, desmantelamiento, retiro de las pertenencias, todo con asistencia de la fuerza pública, es decir la policía– “pondría en situación de vulnerabilidad” a quienes la sufren, “el Municipio deberá adoptar las medidas idóneas dirigidas a contemplar la protección eficaz de los menores de edad, las personas con discapacidad” y “cualquier ocupante” que “pueda verse afectado”.
Según la cédula de notificación, hay 20 días hábiles para irse por las buenas o 30 para que la policía sea convocada para cumplir con la demolición.
Un problema para el intendente
El Juzgado de Faltas es una facultad delegada del intendente, que lo propone para ello al Concejo Deliberante, que vota en conformidad. En la provincia de Buenos Aires, la legislación y la jurisprudencia de la Corte Suprema lo entienden no como un poder independiente del Ejecutivo sino como un órgano administrativo cuyas decisiones deben ser revisables o controlables en una instancia judicial. Incluso hay precedentes del Máximo Tribunal tanto nacional como provincial en los que se excluyen sus decisiones de lo que se denomina “sentencia” en el ámbito judicial”.
Por ello, en otros casos donde está en disputa el espacio público por parte de ocupantes, el propio Municipio tuvo que ir a la Justicia en procura de dirimir el conflicto, como sucedió por ejemplo con los casos de la toma masiva del barrio San Francisco o con los que construyeron frente al club de Pescadores.
Algunos vecinos hicieron lo que muchos hacen: conseguir el número de teléfono de Cecilio Salazar y comunicarse con él. Vía WhatsApp, le plantearon el tema. Las respuestas del intendente fueron: “No creo haber desalojado a nadie” y “Mañana me pongo a ver bien este tema y le contesto. Por lo que me dicen, el hotel le da una casa a cada uno. Pero la idea es que nadie se vaya a la calle, de ninguna manera”.
No es lo que dicen los vecinos ni lo que dice el Gobierno que encabeza. Los unos fueron notificados para demoler y los otros irán, como dijo el intendente que haría con los que usurparon los mejores terrenos de la costa rumbo a Vuelta de Obligado, “con la topadora”.
Que el mismo Jefe Comunal que contrata urbanistas para que preparen un proyecto de urbanización de los asentamientos precarios elige el camino administrativo para demoler casas de habitantes históricos de un sector de barranca suena por lo menos contradictorio.
Quizás es cierto que el lunes Salazar tenía que “ponerse a ver bien” el tema y haya una resolución más acorde a la problemática. Si así fuera, el intendente deberá rever qué asuntos delega y en quiénes. En el barrio, casi todos lo votaron.