Con 300 mil pesos lo arreglamos
El Gobierno multó al constructor de un edificio que se pasó seis metros en la altura que una excepción a la San Pedro 2000 le había autorizado y permitió el visado del plano. Fue durante la misma semana en que el Concejo Deliberante dictaminó rechazar el pedido del arquitecto para modificar la ordenanza original. El argumento del Ejecutivo es que perderían en un juicio, porque los gobiernos anteriores no controlaron la obra.
El Gobierno cerró la historia de una excepción a la San Pedro 2000 cuyos beneficiarios pedían otra excepción porque cuando terminaron de construir “se dieron cuenta” de que el edificio de departamentos medía 23,9 metros en vez de 18, como les habían permitido. La solución, una multa de 300 mil pesos.
Inspección mediante, el Juez de Faltas estableció por imperio de su propia arbitrariedad ese monto para la multa al arquitecto Leonardo Uguet, representante de los intereses del verdadero titular del emprendimiento, un reconocido empresario del rubro juguetería.
La multa, para la que pidieron un plan de pago, permitió destrabar el visado del plano de mensura que requerían los dueños del edificio para que quienes compraron departamentos puedan escriturar, reclamo que había empezado a tomar forma de carta documento.
La decisión sorprendió al Concejo Deliberante, donde había un pedido de modificación a la ordenanza que autorizó la construcción del inmueble en altura, una excepción a la San Pedro 2000, aprobada en el año 2007.
La sorpresa fue mayúscula en el bloque Cambiemos, que la semana pasada había impulsado el dictamen de pase a archivo en la comisión de Planeamiento para hacer lo propio en la de Peticiones y de esa manera denegar el pedido, por lo que los propietarios se verían obligados a recurrir a la Justicia para intentar evitar la demolición de los metros no autorizados.
Para el Gobierno, la opción del juicio no era viable, porque se corría el riesgo de perder ya que desde que en 2007 se autorizó la construcción del edificio no hay registro de controles de obra. El constructor hizo lo que quiso sin que nadie le advirtiera nada. Por eso, construyó seis metros más y después fue a pedir que le cambiaran lo que decía la ordenanza original.
La multa, “un precedente”
El argumento del Ejecutivo para la multa de 300 mil pesos es que era importante “dejar un precedente” de que “no se puede presentar el plano como se les canta”. Para el gabinete de Salazar, el caso es “una señal política”.
Al menos tres secretarios reconocieron ante La Opinión que el número “es arbitrario”, es decir que la multa que le cobraron fue una ocurrencia y que, como el propietario estuvo de acuerdo en el debate, lo firmaron.
“Es que el Estado les permitió construir, indirectamente. En un juicio, ganaban”, dijo uno de los abogados del Gobierno, quien recordó el caso del piso de más que construyó un vecino del consorcio del club Los Andes, a quien intimaron varias veces y que siempre desoyó los reclamos, por lo que la Justicia ponderó esos antecedentes para condenarlo a demoler, sentencia que fue apelada.
“Quisimos sentar un precedente y el número no es bajo, es alto. Acá no había monto, no hay marco, es arbitrario”, reconocieron funcionarios del Gobierno.
“Este tipo necesitaba el visado del plano y le pudimos sacar plata, esa es la verdad”, dijo sin sonrojarse otro de los contertulios de una charla off the record sobre el tema que tuvo lugar el viernes pasado al mediodía en un despacho cercano al del intendente.
Revuelo en el Concejo Deliberante
“Este también es un gobierno de los CEOs”, se quejaron dentro del mismísimo bloque de Cambiemos, donde trinaron algunas voces contra el Ejecutivo por la decisión, que los dejó “pedaleando en el aire”, según la figura que utilizaron en el HCD.
La decisión estaba tomada entre los ediles: archivo al pedido de excepción sobre la excepción, y a otra cosa. “Eso era ejemplar, sentar un precedente”, se quejó un concejal que vota siempre a favor de las iniciativas oficialistas.
Cuando supieron sobre la multa de 300 mil pesos, más de uno se agarró la cabeza. Otros agarraron el Código de Faltas y las ordenanzas que lo regulan, en busca del número, que no encontraron.
Ahora, los concejales están en un aprieto. Van a enviar a archivo el proyecto, pero a nadie le importa ya lo que puedan dejar asentado. El propietario logró el visado, los departamentos podrán ser escriturados y San Pedro tiene un edificio de 23,9 metros donde el pueblo, a través de sus representantes, había decidido permitir construir uno de 18, porque iba a “aportar solución a la demanda generada por el déficit habitacional que padecemos en estos tiempos”. Todo, por 300 mil pesos.