Villaverde, Correa y Espíndola, denunciados por Estafa
No contestaron las cartas documento enviadas por las familias que compraron los terrenos que ofrecían. Tampoco devolvieron los 40.000 pesos depositados en la cuenta bancaria. La Fiscalía local recibió una denuncia penal por Estafa que será ampliada por otros damnificados.
Ricardo Villaverde, Antonio Correa y Camilo Espíndola deberán rendir cuentas ante la Justicia por la venta irregular de terrenos a más de 20 familias. Los vecinos damnificados intentaron recuperar el dinero, más de 40.000 pesos, que depositaron en una cuenta del Banco Francés a nombre de Antonio “Tony” Correa, con la promesa de que serían adjudicatarios de una vivienda que gestionaría una cooperativa que nunca llegó a conformarse legalmente, pese al asesoramiento brindado por el Municipio.
En principio, las familias intentaron por sus propios medios recuperar el dinero, pero ante la negativa recurrieron al estudio de la Dra. Marisa López Bravo para iniciar acciones legales. Hace más de 20 días, enviaron cartas documento intimando a que en un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas, Villaverde, Correa y Espíndola, procedan a la devolución de lo depositado, bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles correspondientes, más la acción penal por Estafa.
Las cartas documento nunca fueron contestadas y el dinero, como suponía la gente, tampoco fue devuelto. Tal como se adelantara en las cartas documento, hace una semana un grupo de familias asentó una denuncia en la Fiscalía local. Esta semana, otro grupo de vecinos hará lo propio bajo el asesoramiento del Estudio Jurídico López Bravo.
“Considero que estas personas han sido claramente estafadas, a mi entender, pero es una cuestión que se va a dilucidar en la Justicia. Porque uno pretende no sólo la devolución del dinero, sino que en definitiva merezcan un reproche legal a través del Estado para que se terminen estas cuestiones. Más que nada, esta gente pobre se vio burlada en su buena fe”, explicó la letrada.
“Esto a nosotros se nos fue de las manos. Intentamos recuperar el dinero hablando con ellos, pero no tuvimos respuesta. Siempre que mañana, que pasado, que compraron otro terreno, pero mis 3000 pesos no aparecen. Ahora queremos que la Justicia intervenga porque queremos nuestra plata”, comentó uno de los damnificados.
La Dra. López Bravo comentó que luego de enviar las cartas documento, el Dr. Milano de la ciudad de Pergamino se puso en contacto para informarle que había tomado este caso en representación de los denunciados. En ese momento le comentó que el dinero sería recuperado en dos meses puesto que el terreno comprado a la familia Núñez-Miño por 100.000 pesos sería a su vez vendido a un sindicato. Pero, este letrado nunca más volvió a llamar a la profesional sampedrina y se desconoce qué gremio está interesado en comprar estas tierras por las que Villaverde, Correa y Espíndola pagaron algo más de 18.000 pesos como adelanto del valor total que asciende a 100.000 pesos. “El letrado indicó que existe una posibilidad de vender el terreno que contrataron último. Celebraron una operación por 100.000 pesos y entregaron 18.000 pesos. El Dr. Milano de Pergamino me manifestó que ha tratado de llegar a un acuerdo con un sindicato que comprará el inmueble para sus afiliados para construir un barrio. Del dinero que van a obtener le van a devolver el dinero a la gente”, indicó la profesional sampedrina, indicando además que “la operación de Miño con Correa no nos interesa, porque mis clientes no autorizaron bajo ningún concepto la compra de un terreno”.
Esta semana, la denuncia radicada en la Fiscalía local será ampliada. “No basta con ir y dar los datos, y efectuar una denuncia penal por Estafa. Hay que realmente probar la puesta en escena para configurar el delito de Estafa, por eso muchas veces este tipo de causas terminan en absolución o quedan archivadas. Mis clientes saben que el asesoramiento estaba dado, no solamente podían presentarse como denunciantes, sino como particular damnificado. La tarea del particular damnificado en la parte de la instrucción penal preparatoria y si se va a juicio oral también, es de acompañar la investigación del delito”, indicó la letrada.
En esta instancia serán de suma importancia los boletos de compra-venta y las boletas de depósitos que guardan los damnificados y que fueron entregados al momento de la operación inmobiliaria, que en definitiva nunca llegó a concretarse.
“Ya no queremos las casas, queremos el dinero. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esto. Estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias para que esto no quede impune. Fuimos estafados. Entiendo que no todas las familias que pasaron por lo mismo, tienen dinero para pagar a un abogado, pero hay que seguir”, sentenció uno de los damnificados.