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jueves, agosto 5, 2021
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Una nueva tasa para cobrarle a la empresa concesionaria de la ruta 9

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En la ordenanza fiscal presentada en el paquete de Presupuesto 2020 por el gobierno municipal aparece una tasa nueva, novedosa en toda la región y de la que se espera alguna polémica tras su aprobación en el Concejo Deliberante.
Se llama “tasa por explotación de vías de acceso rápido (autopistas) y tiene como contribuyente sujeto del gravamen a las “empresas concesionarias de las vías de acceso rápido al partido”, en este caso la ruta nacional Nº 9, cuyo tramo que atraviesa San Pedro corresponde a la firma Corredor Panamericano I, desde 2018.
Según el proyecto de ordenanza fiscal en su artículo 250, que dispone la creación de esta tasa, el hecho imponible “estará constituido por la cantidad de vehículos que traspasen las cabinas de peaje de Zárate — Ruta Nacional N° 9 (KM 94,58) — Provincia de Buenos Aires”.
La tasa es por “los servicios brindados por seguridad, salubridad, limpieza, higiene, servicio de emergencia y mantenimiento de vías de acceso a la autopista”, por los que el gobierno quiere cobrar un canon a la empresa concesionaria.
Según el proyecto de ordenanza impositiva, el costo a pagar por Corredor Panamericano I será de 455 pesos por cada mil vehículos que pasen por la cabina de peaje de Zárate en cualquiera de sus dos sentidos, con la posibilidad de que el gobierno modifique el valor “en concordancia con los incrementos que el gobierno nacional o provincial dispusiera para los valores de peaje” en el futuro.
La norma es novedosa en la zona y en la ruta nacional 9, pero tiene antecedentes en la autopista Buenos Aires – La Plata, donde al menos dos municipios dispusieron una tasa de explotación de vías de acceso rápido para que la empresa concesionaria les pague un canon de acuerdo a la cantidad de vehículos que pasan por su territorio.
Uno de los casos es el municipio de Avellaneda, que creó la tasa para cobrar por cada vehículo que pase por el peaje Dock Sud y hasta dispuso un monitoreo propio para calcular lo que la empresa debe pagar. Otro caso es el de Ensenada, que también tiene una medida similar, aprobada con el argumento de que la presencia de la autopista obliga al municipio a mantener constantemente calles adyacentes, así como la presencia de bomberos del distrito ante un accidente en la autopista.
Una vez aprobada la norma, el Municipio buscará que el Corredor Panamericano I entregue una declaración jurada de vehículos que pasan por la cabina de peaje de Zárate para calcular el monto a cobrar. Si prospera, los distritos vecinos también podrían plantear una ordenanza similar.
La raíz del reclamo hay que buscarla en el gobierno de Mauricio Macri, que favoreció a las empresas al quitar de las condiciones de contratación la obligación de que contrataran servicio de emergencias, lo que recayó sobre los municipios.
“Intentamos un acuerdo con la empresa, porque nos perjudica, un accidente nos deja sin un servicio de ambulancias. No hubo caso, por eso impulsamos este planteo. No hubo forma de contactarse”, señaló.
En el cálculo de recursos y gastos 2020, el Presupuesto propiamente dicho, no hay estimación ni proyección alguna de recaudación a través de esta tasa, lo que debía ser corregido en el expediente a reenviar.
El gobierno no tiene estimaciones precisas, pero en Palacio se habla de que podrían recaudar entre 20 y 30 millones de pesos. Para llegar a ese monto anual, deberían pasar entre 120.000 y 180.000 vehículos por día por el peaje de Zárate.
“Es una tasa innovadora, tomamos el ejemplo de Avellaneda. Es de fácil determinación porque tenemos un solo contribuyente, que es el concesionario vial, con lo cual lo que se hará es pedirle una declaración jurada de la cantidad de vehículos que pasa por día”, explicó Abatángelo a La Opinión.
Consultado sobre el hecho imponible, es decir es decir la situación que configura y origina la obligación tributaria, respondió que el “cuando hay un accidente en ruta, destinamos muchos fondos del Municipio” y que por ello decidieron cobrar esta tasa.
La empresa Corredor Panamericano I es una sociedad anónima constituida por Helport S. A., Panedile S. A., Eleprint S. A. y Copasa S. A. Gestionan la concesión del Corredor Vial E por licitación PPP (Participación Público Privada) desde el 1 de agosto de 2018.
Tiene su cargo la administración, reparación, mejora, conserva, ampliación, remodelación y explotación de 389.41 km constituidos por la ruta nacional N° 9 desde Campana hasta Rosario.

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