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martes, junio 22, 2021
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Un sindicalista, un comerciante, los herederos y el Municipio, enfrentados por la casona de Belgrano y San Lorenzo

El Gobierno llegó a la casa la semana pasada para tomar posesión, luego del “descubrimiento” de que ese inmueble es propiedad del Estado local desde 1982, algo que ya había sido detectado en 2002. El lugar está ocupado por un comerciante que compró derechos posesorios a la familia que vivió por décadas en la casona. Lo mismo hizo el extitular de Luz y Fuerza y la CGT local Miguel Victorero. Los Simonini Sarmiento, herederos de los antiguos dueños, también quieren saber qué sucede.

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Funcionarios del Gobierno municipal llegaron el jueves a la casona ubicada en Belgrano y San Lorenzo con la intención de tomar posesión del inmueble en nombre del Estado local, luego de un expediente ingresado por el Foro de Seguridad que indicaba que se trata de una propiedad pública, algo que ya había sido detectado en 2002, 20 años después del decreto del intendente de facto Eduardo Donatti que hizo de ese solar parte del patrimonio estatal local.

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Como había gente, labraron actas con la policía y presentaron una denuncia penal por intrusión a los fines de comenzar el proceso judicial de restitución del bien, cuya propiedad por parte del Municipio acreditan el decreto y la escritura que el Gobierno de Barbieri encontró hace 13 años en una caja fuerte.

Así de extraño es todo: una esquina privilegiada de valor inmobiliario incalculable, con un edificio histórico –allí funcionó la primera “Comandancia” pública, algo así como una Comisaría, y hasta dicen que estuvo el propio Juan Manuel de Rosas en sus años de “Restaurador”–, antigua propiedad de la familia Simonini Sarmiento, ocupada desde hace décadas por la familia Mindurry, expropiada por un decreto del intendente de facto, descubierta como pública en 2002, olvidada desde siempre, varias veces vendida y ahora en manos de un comerciante y un sindicalista que harán todo lo posible por escriturar a su nombre, mientras que los herederos de los dueños originales, que reclamaron en su momento pero también se olvidaron, ahora también buscarán la posibilidad de volver a reclamar.

Una historia que nadie repasa
Un decreto del 3 de mayo de 1982, firmado por el intendente de facto Eduardo Luis Donatti y su Secretario de Gobierno Pascual Vitale, declara “propiedad de la Municipalidad de San Pedro” a ese y otros seis inmuebles, a través del uso de un artículo de la Ley Orgánica de la Municipalidad que sigue vigente y que nadie discute. Completan con sus firmas el documento el escribano Hugo Olivieri y una funcionaria del Registro de la Propiedad de nombre Ana María Di Conno.

En octubre de 2002 un descendiente de la familia Simonini Sarmiento se interesó sobre el estado de algunas propiedades que habían quedado “desatendidas” por parte de los herederos, entre ellas esa, que comprendía todo lo que hoy se ve de color rosa por Belgrano y por San Lorenzo, pero también lo amarillo, por la primera de las calles.

Una de las versiones dice que tras una gestión de la familia propietaria original ante la Dirección de Rentas provincial surgió que la casa estaba a nombre de la Municipalidad de San Pedro. Otra, que en el año de la crisis de 2002, el Ejecutivo intimó en Buenos Aires a los herederos para que pagaran las tasas adeudadas, que ni recordaban la existencia de ese edificio, que en el Gobierno no conocían como propio producto del famoso decreto de Donatti.

La última habitante permanente de esa casa fue Ernestina Simonini. Los detalles que La Opinión recabó y publicó en 2002, 2003, y que ratificó esta semana con diversas fuentes, dan cuentas de que allí vivió esa mujer hasta aproximadamente 1965-1970. Luego, hubo varias personas y familias, casi en plan de inquilinato, aunque no hay memoria de quién lo regenteaba.

Los Simonini Sarmiento, sobre todo los hermanos Carlos Alberto y Raúl, ambos fallecidos, habían comenzado un reclamo ante el Municipio, en el que solicitaron vía administrativa la revocación del decreto de Donatti, algo que nunca sucedió. No siguieron el tema por vía judicial y el tiempo pasó. Como puede apreciarse, no sólo para esa familia sino también para el Estado local, que nunca tuvo en cuenta esa propiedad desde 2003 en adelante, hasta ahora.

El tema fue tapa de este semanario en noviembre de 2002 y en septiembre de 2003. El funcionariado actual, poco afecto a la consulta de archivos y de la historia del pueblo que gobierna, nada supo de la existencia de los derechos municipales sobre la casona. Algo sucedió entre el segundo y tercer mandato de Barbieri, el interinato y posterior gestión de Guacone para que nadie, hasta febrero pasado, abriera la boca sobre la casona.

Todos quieren hacer valer derechos
Cuando Manchone y Bianchi llegaron en nombre del Gobierno el jueves, se encontraron en la casona con la familia de un comerciante del rubro impresiones gráficas que asegura haber comprado los derechos posesorios del lugar.

Habría pagado 60 mil pesos y la cesión de un local en el barrio La Providencia, por cuya ocupación había sido denunciado por los vecinos miembros de la cooperativa que construyó ese complejo habitacional, ya que entiende que eso era de uso común. A él se lo había facilitado el propio Iturriaga, presidente de la cooperativa y a quien los vecinos tienen en la mira hace tiempo.

Luego, este semanario supo que en la escribanía de María Gabriela Botta de Ramanzini quedó asentado que el titular de esos derechos posesorios los vendió al sindicalista extitular de Luz y Fuerza y la CGT local Miguel Ángel Victorero, quien consultado para esta nota prefirió no hacer más declaraciones que las que confirmaron la compra y que iniciará el proceso judicial para la usucapión, es decir la posesión veinteañal. “No quiero que nadie utilice políticamente esta situación”, dijo para excusarse de opinar sobre el tema.

Allegados suyos sostienen que Victorero compró “de buena fe” y que hizo los trámites “como marca la ley” aunque el precio para semejante predio parezca irrisorio.

Aseguran que “el problema lo tiene el Municipio, que nunca hizo nada desde el 82” y que su arma fundamental es el argumento de que “todo acto jurídico de la dictadura está sujeto a revisión”.

El exsecretario de Gobierno de Barbieri, Juan Almada, recordó que en su momento, en 2003, quisieron tomar posesión pero el reclamo de la familia detuvo el proceso, aunque ese trámite administrativo nunca avanzó.

Tanto el imprentero como el sindicalista aseguran tener toda la documentación “como corresponde”. El primero guarda una relación familiar con un colega suyo que enfrentó un proceso judicial por la ocupación del local de una histórica firma del rubro.

El Gobierno blande la documentación que durmió primero 20 años dentro de una caja fuerte y luego otros 13 en el Municipio para ir a la Justicia por el inmueble. El jueves quisieron aprovechar un momento en el que no hubiera nadie para entrar, pero se encontraron con una mujer y sus hijos.

Dentro del gabinete hay planes y sueños para los aproximadamente 1200 metros cuadrados de la casona. Eso sí, si la recuperaran ya, no podrían hacer demasiado por la falta de presupuesto y el importante deterioro del edificio.

La familia Simonini Sarmiento sin novedades
La Opinión logró comunicarse con Gustavo Simonini Sarmiento, cuya familia había dado una extensa entrevista a este semanario en 2003, en la que habían señalado que se trataba de “un atropello” y que querían la restitución de su propiedad.

En la última consulta, Simonini Sarmiento señaló: “No sabría qué decirle, ni sabíamos que había una familia. No sabemos cómo está la situación, voy a hablar con mis hermanos para ver qué hacer, hace bastante que no vamos. El que conocía del asunto era mi tío Raúl, que era abogado, pero falleció”.

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