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viernes, marzo 5, 2021

Un conflicto con las tierras de la Fundación Obligado, a un año de que venza el plazo de expropiación

Desde fines de agosto, la localidad asistió a una serie de entuertos que comenzaron con el arribo de dos parejas oriunda de Benavidez. Entre idas y vueltas, versiones encontradas, acusaciones cruzadas, contratos de alquiler y disputas por terrenos que tienen como trasfondo vidriosas historias personales y una ley de expropiación que vence el año que viene sin que se haya avanzado en los términos que propuso para que los “habitantes originarios” puedan escriturar las parcelas donde viven, que todavía están a nombre de la Fundación Obligado.

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La tranquilidad que el paraje histórico de Vuelta de Obligado tiene como bandera turística se vio conmovida en las últimas semanas y en el pueblo hay preocupación por lo que podría derivar de un entuerto que tiene muchas aristas, varios relatos y algunas incongruencias en medio del siempre latente conflicto por las tierras de la Fundación Obligado sobre la que se asienta buena parte del territorio poblado de la localidad.

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El episodio incluye a familias que llegaron a instalarse en el pueblo desde el conurbano y que parecían amigas pero terminaron corriéndose por las calles del paraje con un palo; a complejos turísticos que hicieron denuncias por robo y destrozos; a uno de los beneficiarios de la expropiación, a quien la Fundación considera un “usurpador”; y una ley cuyo plazo, prorrogado, vence el año que viene.

En el medio, el apoderado de la organización sin fines de lucro dijo que “hay decenas de terrenos disponibles” para alquilar y hasta la posibilidad de firmar comodatos, es decir contratos sin pago de la contraparte, para, por ejemplo, farmacias u otros emprendimientos que impliquen “desarrollo” en el pueblo.

Una tierra de oportunidades

Facundo Babijaczuk, tiene 27 años. Junto a su esposa, Betiana Corina García, de 35, y tres hijos, se instaló en Vuelta de Obligado hace alrededor de un mes. La pareja es oriunda de Benavídez, partido de Tigre. Él dijo que en ese distrito bonaerense su familia se dedica a la actividad náutica y que junto a su mujer decidió venir a vivir al paraje histórico para cambiar de vida, tener tranquilidad. Hasta ahora, su estadía es cuanto menos “poco tranquila”.
Lucas Blanco Caballero y Yanina González también son de Benavídez. Desde hace unos siete meses viven en el paraje, con sus hijos, en un terreno que aseguran es propiedad de la familia paterna de él. También se vinieron en busca de una vida más tranquila.

Son las dos familias protagonistas de esta historia que encierra un trasfondo que vuelve a poner a Vuelta de Obligado en el centro de los debates relacionados con los negocios inmobiliarios.

Antes de enemistarse, ambos estuvieron en la redacción de La Opinión, donde llegaron juntos para contar la versión de Babijaczuk luego de que fuera detenido acusado de robar sábanas en un complejo turístico donde, por cierto, ahora es amo y señor: inquilino de la fundación.

Ese día, los dos dijeron que se habían encontrado de casualidad en Vuelta de Obligado. Sin embargo, este medio confirmó que cuando Babijaczuk arribó al pueblo fue Blanco quien lo ayudó a buscar un lugar para alquilar. En algunos de los sitios que visitaron, en procura de una casa donde vivir “por unos meses hasta que construya”, dijeron que juntos iban a poner  una parrilla. Se sabe: Vuelta de Obligado es una tierra de oportunidades.

Desde esos días de fines de agosto sucedieron diversos episodios que terminaron en la Justicia. A fines de agosto hubo una denuncia por “lesiones y amenazas” que interpuso la pareja de Babijaczuk contra él. Tras ese episodio, la titular de una quinta en la que estaban pernoctando les pidió que se vayan.

Alquilaron en los bungalows "Mi sueño". Allí, un domingo, las dos parejas montaron una feria americana en la puerta, lo que derivó en una denuncia por robo al complejo, radicada luego de que un vecino comprara un juego de sábanas que la persona a cargo del lugar reconoció como propias.

Ello provocó la detención de Babijaczuk, que fue trasladado por la policía primero al destacamento de Gobernador Castro y luego a la Comisaría. Él asegura que las sábanas las compró y que los tickets que presentó en la causa corresponden a las del conflicto. Así lo dijeron, juntos, Babijaczuk y Blanco Caballero a La Opinión, en la redacción, cuando vinieron a contar su versión de lo sucedido.

Pasaban los días y en Vuelta de Obligado la gente hablaba por lo bajo, preocupada por esos hechos. “La gente habla, se piensan que soy narcotraficante, no sé. Yo no necesito robar, tengo una camioneta BMW y un Bora, trabajo en la náutica, que mueve mucho dinero”, dijo a este medio Babijaczuk aquel día que llegó para contrarrestar las denuncias en su contra.

“Vengo a Obligado desde que tengo uso de razón, con mi papá que para siempre en el puerto de San Pedro, que tiene un barco arenero”, contó el sábado en Sin Galera y dijo que decidió mudarse a Vuelta de Obligado tras pasar las vacaciones de invierno, porque le gustó la tranquilidad. “Había vendido mi propiedad en Tigre”, dijo y aseguró que buscaba comprar un terreno. Dos semanas antes había dicho que su arribo al pueblo estaba relacionado con que había adquirido un lote para construir su casa. Todavía no se había enemistado con Blanco.

“Soy de confiar”, dijo Babijaczuk cuando contó que fue “estafado” por Blanco, hasta hace pocas semanas su amigo. Según la conversación que mantuvo con una mujer con la que dialogó para vender un terreno en Benavídez, es de confiar: varias veces, durante esa charla, le decía que no se haga problemas por “los papeles”, que ya habría tiempo de hacerlos.

Facundo Babijaczuk denunció que Lucas Blanco lo estafó, que le vendió un terreno que resultó ser de la Fundación Obligado, a un precio convenido en 90 mil pesos, de los cuales dijo haberle pagado 50 mil aunque también comentó que le compró un Fiat Duna modelo 88 con ese dinero. A raíz de ese entuerto por la presunta estafa y la denuncia, las dos parejas de Benavídez que se mostraban juntos por Vuelta de Obligado el domingo protagonizaron un violento episodio ocurrido en la zona “céntrica” del pueblo, que incluyó golpes, corridas con palos, amenazas y nuevas denuncias cruzadas.

Lucas Blanco es un joven discapacitado que se mueve con muletas porque le falta una pierna. Yanina González es su pareja. Son de Benavídez y están en Obligado hace alrededor de siete meses en un predio ubicado detrás de la escuela Juan Bautista Thorne que, aseguran, es propiedad del padre de él.

“Mi Refugio”, lo llamaron y lo transformaron en una especie de “recreo” con mesas y parrillas para ofrecer servicios al  visitante. “No se sabe de qué trabajan, viven de los planes y de la mercadería que les dan”, dicen en la localidad, acaso prejuiciosos. Él cobra una pensión por discapacidad y ella, además de la asignación universal por hijo, tiene una feria americana que monta en la plaza del pueblo, confirmó la pareja, que estuvo en la redacción de La Opinión el lunes, tras el violento episodio del domingo.

Ellos también llegaron al histórico paraje en busca de tranquilidad para su familia. Se instalaron en el terreno del padre de Blanco pero además gestionaron el alquiler de otro lote, propiedad de la fundación, por el que firmaron un contrato para abonar 1400 pesos por mes durante el primer año y 1900 durante el segundo, que tiene fecha de julio de este año.

“El terreno de mi papá capaz que él lo necesita o lo quiere vender, entonces alquilé a la fundación”, contó. Su condición de discapacitado le facilitó los trámites. Además de su cojera, Blanco sufrió un ACV. La Fundación Obligado tiene como objeto social “promover la igualdad de oportunidades” a personas con parálisis cerebral.
Cuando la limosna
es grande
El apoderado de la Fundación Obligado, Alejandro Eckhardt, confirmó a La Opinión que tanto Babijaczuk como Blanco tienen contratos de alquiler por los terrenos propiedad de esa organización que ocupan en el paraje. Su testimonio del sábado permitió despejar muchas dudas en el pueblo al respecto, aunque sembró otras.

Eckhardt explicó que Blanco Caballero, por su condición de discapacitado, accedió al alquiler de ese terreno que todavía no tiene destino y puso en duda la continuidad de ese contrato, puesto que apareció la denuncia de Babijaczuk respecto de las presuntas intenciones de vendérselo a cambio del Duna y dinero a pagar en cuotas.

La versión de Blanco señala que lo que él quiso hacer fue un “favor” al otro. Contó que la pareja de Babijaczuk le pidió a él y a su esposa que le “hicieran un lugarcito” en el terreno propiedad de su padre para montar una cabaña. Le dijeron que no, pero para evitar que tuvieran que seguir alquilando en un bungalow para turistas le ofrecieron traspasarle el contrato de alquiler con la Fundación del terreno cuyo contrato firmaron en julio, “para que lo sigan pagando ellos”.

Babijaczuk, ahora, tiene un contrato, a nombre de su pareja, Betiana Corina García, con la Fundación. Pero no por ese terreno sino por el complejo de cabañas Mi Sueño, que montó un excombatiente de Malvinas que se llama Héctor Horacio Brito, con quien La Opinión mantuvo un breve diálogo antes de cerrar esta nota. “No tengo interés en hablar por los medios. Está todo en la Justicia”, dijo. Lo que está “en la Justicia” es el trámite para la expropiación. Otro conflicto.

Para la Fundación, Brito es un “usurpador”. Así lo sostuvo Eckhardt. “Un señor entró como inquilino de la Fundación hace muchos años y lo cedió a otro señor, que está en título de usurpador, que resuelve, porque se le ocurre, que puede hacer lo que se le da la gana”, dijo sobre ese predio.

Mi Sueño está ubicado en el camino principal de Vuelta de Obligado. Son tres unidades habitacionales de material, una de ellas un poco más grande que las otras. Tiene espacio verde, quincho y pileta. Se alquilaba para turistas y dos vecinos del pueblo, una pareja que trabaja en otro complejo turístico, se ocupaban, por cuenta y orden de Brito, de cuidar el parque, limpiar y atender a quienes contrataban los servicios de alojamiento de esos mal denominados bungalows.

En ese mismo lugar, hace algunas semanas, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Seguridad, había gestionado la instalación de un puesto de vigilancia policial, que después de todo este lío quedó en veremos.

Eckhardt explicó que a ese terreno, “hace varios años, una persona lo alquiló a la fundación Obligado, se retiró antes del contrato y con deuda impaga y dejó a otro señor, que se instaló sin que nos enteremos de esa cesión y, como si fuera el dueño, construyó una casa y vivía ahí, primero, pero después construyó tres casas para alquilarlas”.

Sobre la presencia de Babijaczuk y su reciente contrato como inquilino en el complejo Mi Sueño, del que ahora él y su esposa disponen porque así lo dice un contrato firmado con la Fundación, el abogado contó que Betiana Corina García “averiguó” que Brito no era el propietario y se contactó con ellos. “Dice que le dijeron en la municipalidad que el terreno pertenece a la Fundación pero que otra persona se lo alquiló por redes sociales.

Como no es el dueño, no le puede alquilar. ‘Ya estamos instalados’, nos dice, entonces dijimos de regularizar la situación, hicimos un contrato de alquiler y ahora esta señora está alquilando legalmente, esa gente que decía ser dueña fue como patotero a intentar sacarlos y nosotros como fundación nos presentamos ante la fiscalía para certificar la propiedad y el alquiler a esta señora”.

Una invitación a instalarse en Vuelta de Obligado

La fundación Obligado es titular de una gran cantidad de terrenos en el paraje, recibidos por sentencia dativa como legado de la familia Obligado cuando en 1956 se aprobó la ley que creó esa organización, cuyo objeto social está relacionado con la promoción de la igualdad de derechos de las personas con parálisis cerebral.

Esos terrenos comenzaron a formar parte de un conflicto relacionado con negocios inmobiliarios luego de que Max Higgins y su “Disney Mundo” dispararan la valuación de mercado de la zona. En ese entonces, comenzó un litigio entre quienes vivían históricamente en el pueblo, intentaban argumentar lo mismo pero pero eran advenedizos, nuevos vecinos que vieron la posibilidad de amasar capital en esas parcelas y la fundación, que se acordó que era titular de la tierra y que a todos los que estaban ocupándolos podría asistirles el derecho de usucapión por haber ocupado pacífica y sostenidamente terrenos que los propietarios nunca atendieron.

En ese momento se apuraron a hacer firmar contratos de alquiler por montos irrisorios –tan irrisorios como los actuales, por cierto–, que tenían un objetivo claro: que los que ocupaban los lotes reconocieran a la Fundación su condición de dueños.

Algunos firmaron, otros no. Muchos pusieron el grito en el cielo. Hubo reclamos judiciales por parte de la Fundación, órdenes de desalojo y hasta “resistencia armada”, con Raúl Castells, escopeta en mano, gritando que “San Pedro es la capital nacional de la delincuencia inmobiliaria”.

“Desde esa época hay gente usurpando, algunos que están viviendo y otros que se dedican al negocio inmobiliario, que venden y que alquilan terrenos que no son de su propiedad”, dijo el abogado Alejandro Eckhardt. “Se ponen en contacto con inmobiliarias de otras localidad y los proponen a la venta”, aseguró.

El representante de la Fundación recomendó que antes de hacer negocios sobre terrenos en Vuelta de Obligado hay que verificar la titularidad y advirtió que por más buena fe que tenga un comprador, ellos irán a la Justicia a pedir el desalojo.

A su vez, indicó que “hay decenas de terrenos disponibles” para alquilar y que para ello, quien esté interesado, puede comunicarse “con la inmobiliaria Tonelli o la fundación, explican para qué necesita alquilar el terreno, el consejo de administración hace la evaluación, se firma un contrato y se alquila”.

El relato sorprendió y ante la repregunta, Eckhardt se explayó: “Si alguno quisiera, por ejemplo, poner una farmacia, que nos avise, para que nosotros se lo cedamos en comodato por un plazo suficientemente importante para que pueda amortizar su inversión. Digo farmacia, como digo destacamento policial, si los veteranos de Malvinas quieren poner un museo”.

Dijo que la fundación tiene las intenciones de “llenar la localidad de gente productiva” y promover “el feliz desarrollo del lugar”, por lo que están abiertos a evaluar proyectos que sean “económicamente sustentables, pero sobre todo que sean socialmente relevantes para la comunidad de Vuelta de Obligado”.

El camino de la expropiación

En 2010, antes de que la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner le devolviera a la batalla de Vuelta de Obligado su feriado nacional y pusiera de relieve esa gesta para todo el país, con acto presidencial y un monumento del artista Rogelio Polesello encargado para la ocasión, los vecinos que están en conflicto con la Fundación se acercaron al secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, para plantearle la situación.

Él estaba en la localidad para ultimar detalles de aquel primer gran acto y no quería que nada empañara la fiesta que estaban planificando. Escuchó a los vecinos, con Guacone presente, y rápidamente puso en marcha la maquinaria política que derivó en una veloz sanción de una ley de expropiación, que tiene fecha de octubre de 2010.

Esa ley establecía una serie de mecanismos mediante los que el gobierno provincial expropiaría 34 parcelas a la Fundación Obligado para traspasarla a los “legítimos ocupantes” y satisfacer el “derecho constitucional” que los asiste.

Una cláusula especial dispuso que ese proceso debía hacerse en cinco años. En julio de 2015, a pocos meses de que venciera el plazo sin que hubieran movido un solo dedo para cumplir esa ley, la Legislatura prorrogó por otros cinco años la vigencia de la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de esos terrenos.

Ese año, antes de las elecciones, el gobierno local comenzó un relevamiento. La ley preveía un completo censo socioambiental en cada parcela para identificar las familias y poner en marcha el traspaso de la propiedad. Sin embargo, nunca ocurrió absolutamente nada y en ningún presupuesto provincial aparecieron partidas asignadas para cumplir con el cometido planteado.

Los cinco años de plazo vencen en octubre de 2020. Si para entonces el gobierno provincial no dispone los recursos financieros y humanos para llevar adelante el proceso, la Fundación recuperará su pleno derecho sobre esos terrenos.

En el pueblo no faltan quienes aseguran que todo este conflicto desatado con la presencia de foráneos que llegaron de un día para el otro para ocupar terrenos y desplazar a quienes están litigando por la expropiación esté relacionado con estos 12 meses que le quedan al Estado para hacer cumplir aquella ley.

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