7.9 C
San Pedro
domingo, junio 20, 2021
spot_img

Un abuso intrafamiliar exacerbó una interna en el gabinete

Una niña de 12 años fue rescatada en Santa Lucía de un hogar en situación de vulnerabilidad social y sanitaria extrema. Luego, su tío fue detenido, acusado de abuso sexual calificado. En medio de ello, Desarrollo Humano y Salud expresaron sus diferencias internas. El Servicio local, otra vez en medio de la polémica.

Publicidad

 

Como si el Gobierno municipal no tuviera suficientes problemas, una interna en el gabinete quedó en evidencia una vez más ante un caso de violencia y abuso contra una niña de 12 años que padece trastornos mentales en Santa Lucía.
Las autoridades gubernamentales actuaron luego de que el concejal suplente Domingo Bronce acudiera a una vivienda de esa localidad advertido por otra persona y se encontrara con la situación: una pareja de adultos mayores con serias dificultades de salud y una chica que lloraba sin cesar “todo el día”, según le dijeron.
Lo que siguió fue un cuadro desolador con diversas aristas. El viernes la niña fue trasladada al Hospital por una ambulancia del Servicio de Emergencias, luego de que Salud tomara cartas en el asunto. En el lugar estaba la psicóloga infantil del Hospital Paola Vaccari y personal del Servicio local de promoción y protección de los derechos del niño.
La niña permanecía hasta el cierre de esta edición internada en el Hospital, a la espera de una evaluación psiquiátrica; una hermana suya, de 16 años, fue derivada al Hogar Gomendio como medida de resguardo; el tío de ambas, de 40 años, permanece detenido por abuso sexual calificado contra la primera de ellas.
La Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección del Hospital expusieron sus diferencias, luego de que la segunda tuviera que actuar, una vez más, donde debería haberlo hecho el Servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, dependiente de la primera.

Publicidad

Un detenido
que negó todo
Desde el momento en que quedó certificado que la niña presentaba signos de haber sido abusada, la Fiscala Gabriela Ates ordenó la detención de un familiar de la víctima, de 40 años, bajo la carátula de Abuso Sexual Calificado. El agresor vivía en la misma casa y muchas veces quedaba al cuidado de ella.
Su detención se produjo debido a algunos comportamientos que había presentado luego de que la niña quedara internada en el Hospital local. Se mostró nervioso, preocupado e intrigado por la situación de la nena, y existirían algunos testimonios que lo complican aún más.
Hay indicios de que el hombre le habría prometido una computadora a cambio de guardar su “secreto”, más allá de las dificultades que presenta la víctima para expresarse. También trascendió que había referido sus intenciones de retirarla del Hospital.
El imputado fue indagado por la Fiscala en la tarde del lunes y negó todo. Desconoció todos los cargos en su contra y hasta la crisis de la niña. Habría indicado que los médicos del Hospital llegaron hasta su casa sólo porque ella “es discapacitada”.
El mismo día en que se lo detuvo se libró una orden de allanamiento en la propiedad. Allí se lograron secuestrar elementos importantes para la causa como ropa íntima de los involucrados, sábanas en las que se habrían detectado manchas hemáticas y un teléfono celular.
Debido a lo hallado, se retiraron muestras para su correspondiente análisis y peritaje, con el fin de comprobar si son rastros pertenecientes al detenido.
El cuadro es complicado debido a las dificultades de la víctima para comunicarse. Por ello habrá una serie de pericias psicológicas necesarias para evaluar la posibilidad de que la niña sea sometida al sistema de Cámara Gesell, donde tal vez pueda expresar algo más sobre los padecimientos a los que fue sometida.

La política social y la politiquería
Desde el viernes hasta ayer sucedió de todo: la Secretaria de Desarrollo Humano Verónica Mosteiro se enojó con la prensa, que volvió a cuestionar la actuación de los profesionales del Servicio local, y luego hizo lo propio con la psicóloga Vaccari, lo que expuso las diferencias que la funcionaria tiene al menos con el Director del Hospital, a quien llama “el señor Picchioni”, no sin destacar que “lucimientos personales opacan el trabajo silencioso de otras personas”.
Mientras tanto, el caso de una chica de 12 años en situación de vulnerabilidad social y sanitaria fue desestimado por quienes alguna vez controlaron a las autoridades responsables y ahora se ocupan de cortejarlas, sólo porque ella habría considerado que no se trataba de “un caso de violencia”.
El Municipio posee informes sociales de la niña desde el año 2008. Mosteiro no estaba en el cargo. El Servicio local ya existía. Pero, como dijo la funcionaria en un comunicado, ellos “prefieren el trabajo silencioso”. Ese dato alcanza para establecer que hubo un Estado ausente.
En declaraciones a La Radio, la Secretaria de Desarrollo Humano lo reconoció, pero estuvo más preocupada por defender a un equipo que ni siquiera es el que ella armó para abordar el territorio con la nueva ley de promoción y protección de los derechos del niño en la mano, la que, después de todo, terminó cuestionando a pesar de que significa uno de los pasos adelante más importantes de la historia respecto de la protección de la vulnerabilidad social y cultural de los más desprotegidos.
Los profesionales del Servicio local fueron premiados por Dalmy Butti con el pase a planta permanente y la carrera médico hospitalaria. Como funcionaria política, Mosteiro se hizo cargo de ellos: “En algún momento, no sé si decir una negligencia, pero sí una desatención del caso. Nos hacemos cargo de la falta de seguimiento de este caso y de tantos otros”.
Para la funcionaria, los medios vertieron consideraciones “erróneas y descalificadoras” para el equipo del Servicio local, cuyas intervenciones calificó de “apropiadas en el marco de la ley”. Además, señaló que es “grave” la exposición a críticas de los profesionales.
Tal vez sea necesario recordarle que se trata de los brazos ejecutores de la política pública, sometidos a la crítica producto ni más ni menos que del ejercicio democrático de la libertad de expresión, sobre todo en lo que a cuestiones públicas refiere.
Respecto de su “criterio” de ser cauteloso respecto de la información sobre casos que involucren a niños, jóvenes o víctimas de violencia de género, son las mismas que todos los medios locales tienen en cuenta a la hora de las consultas. El problema es cuando nadie responde y el resguardo de las víctimas es tanto más difícil cuanto menos fluida es la comunicación.
Un principio básico de la democracia es el mandato obligatorio que tienen los Gobiernos de mantener informados a sus representados. El abordaje territorial de las problemáticas sociales implica el movimiento de recursos. Entre ellos, el pago de contratos de locación a los profesionales con los que se pretende ejecutar una política diseñada, planificada y desarrollada en función de un objetivo que, sí, es político e ideológico, porque “todo instrumento es una teoría en acto”. Acaso, habrá que insistir con que el silencio no es salud.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias