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martes, abril 20, 2021

Tras el jury, la exfiscala Ates deberá rendir cuentas en la Justicia

El 30 de noviembre comenzará el juicio político para la extitular de la Fiscalía N° 7, suspendida en 2015, acusada de serias irregularidades en sus funciones. Todo indica que será expulsada del sistema judicial. En su contra, además, pesan denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público y causas penales que la involucran en temas relacionados con las drogas.

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El camino que llevó a la exfiscala Gabriela Ates a la suspensión en su cargo en 2015 llega a su fin. El 30 de noviembre comenzará el jury de enjuiciamiento o juicio político contra la agente del Ministerio Público Fiscal acusada de irregularidades.

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En pocos días tras el comienzo del debate, que de acuerdo a la cantidad de testigos podría terminar esa misma semana, el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires definirá el futuro de la suspendida fiscala.

“La fecha es el 30 de noviembre y ella ya fue notificada. De ahí, lo que puede surgir es su desplazamiento”, explicó el presidente del Foro de Seguridad, Juan Gutiérrez, que siguió de cerca las alternativas del caso. “Ella tiene causas penales, que van paralelas”, recordó.

En efecto, a la denuncia por irregularidades en el desempeño de sus tareas, se suman contra Ates una serie de causas por las que deberá dar cuentas en la Justicia. Varias de ellas tienen que ver con presuntos “incumplimientos de los deberes de funcionario público”, pero otras la acusan de connivencia con delincuentes.

Un largo camino al jury

Gabriela Ates, que el 22 de octubre cumplió como presidenta de la mesa N° 7 –mismo número que la Fiscalía que tuvo a cargo– en la escuela Normal, durante las elecciones, fue denunciada por la
Defensoría Oficial del Dr. Pablo Pratti en 2006, por la presunta falsificación de documento público. La causa, que tramitó en Campana, investiga si su accionar perjudicó la legítima defensa de un hombre imputado por el delito de robo calificado.

Se la acusa de falsificar un acta e indicar que el imputado había hecho uso de su derecho a no declarar, cuando en realidad nunca había sido convocado a indagatoria, como corresponde.

El acusado tenía tres causas en su contra, todas por robo. Por dos de ellas fue a declarar, pero luego apareció en el acta que lo había hecho por tres.

El acta con la tercera indagatoria apareció luego de la fecha. Pratti tenía dos en su poder, por lo que entendió que se había adulterado el acta original y denunció la situación.

En octubre de 2015, nueve años después de la denuncia y con mucha agua bajo el puente, Ates fue suspendida. En los pasillos del Poder Judicial se dijo que alguien “le soltó la mano” y que la protección de la que alguna vez habría gozado se había esfumado.

Su suerte, dicen, está echada. Una vez que pase el jury, entonces, comenzarían a profundizar el resto de las causas en su contra, algunas de una gravedad inusitada para nada menos que una representante del Ministerio Público Fiscal.

Causas penales

Ates fue denunciada en 2014 por Sarah de los Sagrados Corazones Smith Estrada, conocida como “Sarita”, descendiente de los fundadores de la Editorial Estrada, dueña de una importante estancia en la zona de Pueblo Doyle, con cercanos vínculos con el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo y pareja del subcomisario Gabriel Saldaña, de la Dirección Distrital Antinarcóticos (DDA).

La denuncia fue “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, la señora Smith Estrada aseguró que Ates le pidió “favores” como por ejemplo que “la ayude a sacarlo a Paolini”, el exjefe Distrital de San Pedro, luego Jefe Departamental de San Nicolás y hoy Comisario General a cargo de la Superintendencia de Seguridad Región Atlántica, con quien la fiscala tenía una declarada enemistad que, aunque nunca pública, provocó complicaciones cuando el policía conducía  la fuerza local, al punto de que el Fiscal General dejó a la UFI como una fiscalía “correccional” sin competencia en causas penales importantes.

“Tiene presa a una persona muy cercana a ella y quería también que la ayude con eso; y el tercero, me habló de su pareja, que trabaja en la Fiscalía con ella, y me pidió si conocía a alguien para que lo eleven en su carrera judicial”, dijo “Sarita” en aquel momento. En la causa obran mensajes del celular de Ates en ese sentido.

A esa denuncia se fueron sumando otras. Por ejemplo, por su presunta intervención en la causa que el Fiscal Marcelo Manso tramitaba contra los policías Facundo Actis y Fernando Valles, ambos condenados por robar ganado a mano armada, uniformados y en patrullero.

Tras el juicio sin culpables por el crimen de Leonardo Otto, asesinado a los 23 años en julio de 2013 en la esquina de Pellegrini y Las Heras, a la salida de un boliche, el Defensor Oficial Alejandro Ares y el Fiscal Manso la denunciaron por “Instigación al falso testimonio” y “Falsificación de documento público”, por las graves irregularidades cometidas en la instrucción.

La víctima de un abuso sexual cometido por un joven amigo suyo que la quiso “convertir” a la heterosexualidad mediante la violación también denunció a Ates por mal desempeño, ya que su instrucción en el caso fue tan mala que el Juzgado decidió archivar la causa y sobreseer al acusado, por falta de elementos suficientes para sostener la gravísima acusación.

Ates fue denunciada también por el juicio por el crimen de Hugo Evaristo “el Largo” Rodríguez, de 62 años, asesinado en agosto de 2014 en la Bajada de Chaves.

Los acusados, César “Chino” Villarruel y Jonathan Franco Flores Villarruel, su sobrino, no pudieron ser acusados por el Fiscal Marcelo Manso, quien tuvo que llevar adelante el juicio por la suspensión de Ates, ya que no había elementos suficientes para vincularlos con el asesinato. Dos años después del caso, fueron absueltos y liberados.

Denuncias por drogas

Mientras estaba preso por un crimen del que luego fue declarado inocente, César “Chino” Villarruel dejó asentadas serias acusaciones contra la suspendida Gabriela Ates en la Fiscalía General.

Además de asegurar que la Fiscala lo estaba perjudicando sin pruebas y que le estaba endilgando un asesinato que no había cometido, contó muchas otras cosas.

En un relato que obra en la IPP 3247/14 y que contiene sin medias tintas aspectos muy íntimos acerca del vínculo que ambos tenían, aparecen sospechas de connivencias que involucrarían a la exfiscala en temas relacionados con la venta de droga.

Por motivos similares hay otras denuncias contra la abogada que alguna vez representó a todos los sampedrinos contra la delincuencia. Al menos dos de ellas tramitan en las UFI 4 del Dr.  Ariel Tempo y 11, de la Dra. Viviana Ramos. Una fue presentada el 18 de agosto de este año por un hombre cuyas iniciales son DMS.

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