San Pedro y la venta de “facturas truchas”
Los registros de AFIP permitieron establecer que hay más de 11.000 empresas en todo el país que han sido detectadas como “ilegales” y que se dedican a la venta de facturas con el fin de que otras compañías evadan impuestos. Del total del país, alrededor del 80 por ciento se concentran en Santa Fe, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En San Pedro, La Opinión encontró 17. Sin embargo, en la ciudad hay quienes encuentran en esta modalidad una buena manera de vivir bien sin trabajar.
La operatoria de la venta de facturas de empresas fantasmas cuyo único objeto es comercializar sus talonarios a empresas que buscan evadir el pago de impuestos como IVA y Ganancias tiene en San Pedro una larga lista de casos que todo el mundo comenta pero que pocos certifican y que incluyó a una importante empresa como sospechada de comprar esas boletas truchas. En los registros de AFIP hay al menos 17 CUIT que fueron detectados como parte de lo que ese organismo define como “usinas” de documentos apócrifos.
Un informe publicado por el diario Clarín el sábado pasado da cuentas de una tarea que hicieron los periodistas de datos de ese matutino nacional Sandra Crucianelli y Darío D’Atri con los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos y permitió establecer que en el país hay más de 11.200 empresas señaladas como responsables de la emisión de facturas apócrifas.
En el registro de esas compañías, La Opinión logró detectar 17 firmas con domicilio en San Pedro que aparecen en el listado y que “saltan” en la página de AFIP como usinas generadoras de ese tipo de delito al fisco.
En general, estas empresas fantasma operan para generar consumo artificial en otras compañías, por lo general grandes, que buscan disminuir la contribución al erario público nacional en materia de impuestos como IVA y Ganancias.
Los dueños de esos “negocios” venden sus tickets a empresas o estudios contables haciendo figurar servicios que nunca prestaron para que aquellas incrementen sus gastos y aporten menos a AFIP.
Por lo general, estas “empresas” se desactivan en poco tiempo a los fines de eludir el control del organismo estatal, ya que se trata de un delito federal muy importante, “evasión tributaria agravada”, cuya pena es de 10 a 12 años de prisión. Aparecen y desaparecen con la ayuda de asesores contables y compradores inescrupulosos,
Las facturas truchas pueden adquirirse en el mercado a un precio de entre 3, 8 y 30 por ciento de los montos facturados, o al 25 a 30 por ciento del IVA.
Existen cuatro modos de fraguar la facturación: las empresas formales que duplican facturas para generar créditos y/o gastos en sus clientes; las que están desactivadas de hecho pero mantienen su actividad registrada, es decir que nunca se dieron de baja, y lo único que hacen es vender facturación; aquellas cuyo único objetivo es satisfacer ese mercado; y las que están registradas pero forman parte de un grupo de firmas vinculadas con las que trabajan para generar el consumo evasor.
Las 17 empresas sampedrinas
Las empresas con domicilio en San Pedro que figuran en la base de datos de AFIP y que están incluidas en el informe de las 11.200 usinas de facturas truchas son 17, muchas a nombre de monotributistas. Son las siguientes pero no las únicas:
Enrique Alberto Santillán, CUIT 20111768790, con domicilio en Fray Cayetano Rodríguez 185. Su CUIL aparece ante la consulta de facturas apócrifas, aunque luego también aparece como monostributista clase C, locaciones de servicio, inscripto en octubre de 2011.
Mario Roberto D’Angelo, CUIT 20130311351, con domicilio en Litoral 1298, quien no figura en ningún otro lugar que no sea en los registros de proveedores de facturas truchas de AFIP.
Oscar Luis Ángel, CUIT 20144049900, con domicilio en Alejandro Maino 515, con la actividad “transporte automotor de cargas”. Tiene fecha de inicio de monotributo en la categoría B, locaciones de servicio, el 01 de febrero de 2010. Además de aparecer en el listado del organismo nacional, su CUIT da cuentas de que es titular de un comercio de “venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas” ubicado en Belgrano 850.
José María Armendariz, CUIT 20164164919, con domicilio en Almafuerte 565, quien sólo aparece en las bases de datos como titular de una usina de facturas apócrifas, sin ninguna otra evidencia de su actividad.
Mario Daniel Balladares, CUIT 20181933837, con domicilio en Salta 1886, quien tampoco aparece en ningún otro lado que no sea en el sistema de AFIP y en el listado sistematizado por el diario Clarín.
Gustavo Roberto Gómez, CUIT 20207548996, con domicilio en Colón 1570. Al igual que el anterior, sólo aparece entre los proveedores de boletas ilegítimas.
Sucesión de Eduardo Soler, CUIT 20046564791, con domicilio en Pellegrini 55, también aparece sólo en el sistema de AFIP.
Redes y Construcciones S. A., CUIT 33699377169, con domicilio en Balcarce 66, Paseo de los Naranjos, sin otra especificación. Además de aparecer en el informe del organismo recaudador, la búsqueda de su CUIT arroja como resultado que su actividad principal es la de “arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica” y “servicios geológicos y de prospección” con fecha de contrato social del 13 de agosto de 1998, con una cantidad estimada de empleados de entre 10 y 14. En los reportes de AFIP, al ingresar el número correspondiente, surge que “la cuit ingresada se encuentra inactiva”.
Eugenio Adán González, CUIT 20141207653, con domicilio en Belgrano 1370. Dedicado al “transporte de cargas”, también figura entre los proveedores de facturas truchas del organismo que conduce Ricardo Echegaray. En la base de datos, el número arroja la leyenda “la cuit ingresada se encuentra inactiva”.
Sucesión de Julio Cristian Correa, CUIT 20200165609, con domicilio en Balcarce 1312. Sólo aparece en los registros de AFIP.
Osmar Domingo Brucellaria, CUIT 20046819641, con domicilio en Saavedra 473, cuya actividad es “servicio de transporte urbano de carga N. C. P. (incluye el transporte realizado por fleteros y distribuidores dentro del ejido urbano)”.
Julio Alberto González, CUIT 20046822898, con domicilio en 11 de Septiembre 735, que no aparece en ningún otro lado que no sea en los listados denunciados.
José Rafael Olivieri, CUIT 20046954204, con domicilio en 3 de Febrero 750, que tampoco figura en ninguna parte más que en el registro de facturas trucas de AFIP.
Adolfo Rubén Sabbioni, CUIT 20082782355, con domicilio en Ríobamba 825. Su actividad es, otra vez, la de “transporte de carga por carretera” y “transporte de carga a corta, mediana y larga distancia, excepto servicios de mudanza y transporte de valores, documentación, encomiendas, mensajes y similares”. AFIP señala que “la cuit ingresada se encuentra inactiva”.
Fernando Roberto Juárez, CUIT 20103111545, con domicilio en Cruz Roja 1905, sólo aparece en los registros públicos del organismo recaudador.
Sucesión de Raúl Antonio Cremona, CUIT 20006442545, con domicilio en 25 de Mayo 688. Al igual que el anterior, ese número sólo está en el listado de proveedores de facturas truchas.
Juan Carlos Lafuente, CUIT 23169181209, con domicilio en Los Andes 2460. Tampoco existe otra información disponible que no sea su inclusión en los registros de usinas de boletas apócrifas.
Fantasmas por doquier
El informe que publicó Clarín es, como se dijo, un barrido sobre el registro público de AFIP relacionado con las empresas que el organismo detectó como proveedoras de facturas apócrifas y cuyos CUIT aparecen si uno los tipea en el buscador especial que aparece en un apartado de la página del organismo.
Esas 11.200 empresas son las que el Estado nacional detectó y publicó, aunque se estima que son muchas más las que operan en un mercado donde evadir impuestos es una práctica habitual muchas veces impulsada por los propios profesionales que asisten a las firmas comerciales.
Los falsificadores de facturación en San Pedro existen desde hace mucho tiempo y hay casos paradigmáticos que el folklore local conoce pero de los que hay pocos rastros que permitan establecer con veracidad que el crecimiento patrimonial que ostentan algunos personajes sampedrinos está vinculado con esa actividad, incluso aunque ellos mismos se los cuenten con blasón a su entorno más cercano.
Estos “vivos” que se llenan los bolsillos y se pavonean como “nuevos ricos” de la noche a la mañana alimentan un sistema perverso que siempre corta el hilo por lo más delgado, porque cuando esos gastos inexistentes, los pagos de coimas, los IVA inventados y los procesos de licuación de Ganancias empiezan a funcionar con menor precisión, en general, los empresarios tienden a recortar en personal o en su beneficio.
El informe que sirvió de referencia para esta nota señala que no es casualidad que Santa Fe y la zona núcleo agropecuaria sea la que mayor cantidad de usinas de facturas tiene por habitante. La explicación apunta al “uso intensivo de facturas truchas por parte del complejo exportador cerealero, que opera con proveedores de proveedores de proveedores, muchos de ellos en negro”, por lo que “demandan facturas truchas constantemente para ajustar sus balances”.
Además del listado general de las 11.200 empresas proveedoras de boletas apócrifas, el informe da cuentas de una importante cantidad de proveedoras del Estado, aunque en ese listado no hay ninguna sampedrina (que se sepa).