17.8 C
San Pedro
domingo, abril 18, 2021

Para alquilar o comprar la clínica San Martín, nadie se pone de acuerdo

El Municipio hizo una oferta para “alquilar” el sector de internación del sanatorio, que desde hace más de un mes permanece virtualmente cerrado. Los accionistas no aceptaron, al menos todavía. Los trabajadores no quisieron porque creen que podría “trabar” las negociaciones con Coopser. La cooperativa no tiene los elementos para preguntarles a sus socios si quieren hacerse cargo de un centro asistencial de salud. En medio de todo ello, el invierno que se avecina, la Gripe A, unos 5 mil a liados de Pami que no tienen la atención que corresponde el Gobierno quiere declarar la emergencia sanitaria.

Publicidad

 

Latención de salud local está en jaque desde hace tiempo.El Hospital quedó devastado tras los paros
primero de Cicop y luego de los médicos de Guardia, víctima junto a todas las áreas municipales de la peor crisis económica,  nanciera, política e institucional que haya sufrido la ciudad, y las clínicas privadas entraron en un espiral que provocó denuncias y multas de Pami a la Privada San Pedro y la paralización total de la San Martín.

Publicidad

El Gobierno de Cecilio Salazar elevó ayer un proyecto de ordenanza para declarar la “emergencia sanitaria” en el distrito por un año. El expediente, rico en considerandos, pero pobre en articulado- no dice más que “se autoriza a tomar las medidas necesarias” para garantizar la atención-, llegó para justi car una propuesta que el Ejecutivo hizo a los dueños de la clínica San Martín en medio de las negociaciones con Coopser, el cierre virtual de ese sanatorio y la colecta de las empleadas.

La idea generó una polémica extraña que parece poner en evidencia que, más allá de las declamaciones sobre la protección de la salud, la continuidad de las fuentes laborales y la necesidad de volver a la normalidad sanitaria en la ciudad, hay pujas que escapan a la comprensión de quienes, a  n de cuentas, son los “dueños” del Municipio -los contribuyentes- y de la cooperativa -los socios-, todos convidados de piedra en esta historia.

Una propuesta municipal

Representantes del Gobierno de Cecilio Salazar y del Directorio de la clínica San Martín mantuvieron una reunión el lunes por la noche en la que los funcionarios les informaron a los dueños de las acciones del sanatorio la intención de “alquilar”.

La propuesta consiste en utilizar la clínica por tres meses pagando un costo de alrededor de 600 mil pesos, dinero que los herederos de los fundadores de la clínica no podrían llevarse al bolsillo, sino que deberá ser utilizado para abonar los salarios del personal ocupado en la tarea, algo que harían sus padres fundadores si estuviesen aún al frente del sanatorio y por honor.

El plan es que la creciente demanda del Hospital, que apareció producto de la suspensión de actividades de la San Martín, vuelva a esa clínica, sobre todo en materia de internación. Implicaría, entonces, volver a poner en marcha ese sector del centro asis- tencial, con sus trabajadores y sus 30 camas disponibles.

La paralización de esa clínica, según consta en el pedido de declaración de emergencia que hizo el Ejecutivo al Concejo Deliberante,“pone en riesgo todo el sistema sanitario municipal”. Hasta el momento, no hubo aceptación por parte de los dueños de las acciones, por lo que la propuesta está en stand by. De la misma manera, los trabajadores y su sindicato Atsa se reunieron luego de que los Secretarios de Economía y de Salud Sánchez Negrete y Britos, respectivamente, le comunicaran de manera informal el plan, asamblea en la que dijeron que no estaban de acuerdo.

Llamó la atención la negativa de todos. Por un lado, de los accionistas, que no tienen demasiadas salidas en una empresa que está fundida y cuyas deudas son incalculables, aunque estimadas en alrededor de 2 millones de dólares.

Por el otro, por parte de los trabajadores que, sin conocer los alcances precisos de un eventual convenio, entendieron que no sería bene cioso para todos y que, además, podría entorpecer las negociaciones con Coopser, por cierto trabadas por otras cuestiones, entre ellas por las di cultades del Consejo de Administración por hacerles saber a sus socios de qué se trata la propuesta, porque no la pueden hacer por falta de conocimiento de cuestiones  financieras de la clínica.

Al cierre de esta edición, todo era incertidumbre y confusión. Municipio y Coopser nunca dialogaron sobre el tema, y Sánchez Negrete dijo que no había por qué hacerlo porque tenían miradas distintas. Palabras más o menos, dijo que mientras el Gobierno velaba “por la salud pública”, la cooperativa buscaba “hacer un negocio”.

La Coopser se retira ante la propuesta municipal

Así se lo hicieron conocer a los trabajadores de la clínica miembros del Consejo de Administración. No se sabe si en términos de advertencia o de mera comunicación, pero les quedó claro que, si aceptaban el ingreso del Gobierno a la San Martín, se caería la posibilidad de compra por parte de la cooperativa, que por cierto está bastante lejos de concretarse.

Así se lo hicieron conocer a los trabajadores de la clínica miembros del Consejo de Administración. No se sabe si en términos de advertencia o de mera comunicación, pero les quedó claro que, si aceptaban el ingreso del Gobierno a la San Martín, se caería la posibilidad de compra por parte de la cooperativa, que por cierto está bastante lejos de concretarse.

Si en la Municipalidad creen que “el diablo metió la cola” y lo pintan con dos pinitos en vez de un tridente, en la Cooperativa creen que cierto contador que supo tener una pierna en cada mostrador podría tener algo que ver, sobre todo porque el viernes dijo que no certificaría balances par- ciales de la clínica -necesarios para presentar ante la asamblea de socios una propuesta de gerenciamiento y compra-,lo que despertó suspicacias. Desde Coopser, el Tesorero Oscar Silva lo dijo más de una vez en diálogo con La Opinión:“Necesitamos saber cuánto debe la clínica para ir a decirle a los socios que vamos a hacer esta operación”. Hace tres semanas que esperan por esa información, que nadie quiere certificar.

“Cada día que pasa le va generando deuda a la clínica, es decir a quien se haga cargo”, dijo Silva, que aseguró que en la operación Coopser no ponía dinero para los accionistas sino que se hacía cargo del gerenciamiento para sanear las deudas a cambio de la opción de compra por el saldo final. “Nosotros tenemos que definir ya qué hacemos. No podemos seguir esperando. Pasa el tiempo y eso genera más deuda, pero el balance no aparece”, señaló el Tesorero y concluyó: “Como Cooperativa no podemos esperar mucho más, esa es la verdad”.

SALUD EN EMERGENCIA

El proyecto que el Gobierno de Salazar puede aprobar porque tiene la mayoría en el Concejo Deliberante señala que la situación económica de la clínica San Martín es la que provoca la necesidad de declarar la emergencia sanitaria local, al quitarle 30 camas al sistema de salud sampedrino y ante la proximidad del invierno, cuando crecen las con- sultas e internaciones.

Como la San Martín tenía a su cargo la atención de la mitad del padrón de Pami, unos 5 mil a liados, se resintió la atención en la San Pedro y en el Hospital, que acogieron la demanda.

“Resulta necesaria la declaración de la Emergencia Sanitaria en nuestra ciudad que permita al Municipio gestionar adecuadamente el servicio público de salud, acompañando las distintas demandas sociales en cumplimiento de la legalidad de sus actos”, dice el proyecto.

De acuerdo al expediente elevado,el Gobierno considera que la situación sanitaria local amerita una presencia y participación del Estado municipal para dictar medidas e caces y oportunas que permitan dar respuestas adecuadas, “asegurando el servicio de salud a todos los habitantes”. La norma que el o cialismo podría aprobar sin discutir tiene dos artículos: declara la emergencia en el primero; y en el segundo faculta al Ejecutivo a instrumentar “todas las medidas necesarias para asegurar la atención de la salud”.

No lo dice, pero se adivina que el Gobierno buscaría hacer lo que podrá con las otras emergencias sancionadas: evitar licitaciones o contrataciones directas aprobadas por el Concejo Deliberante.

La diferencia con las emergencias en infraestructura o seguridad es que esas están sancionadas con fuerza de ley en el territorio provincial, es decir que habilita a los municipios que adhieran a sortear esos pasos. Como la local sólo dice que se pueden “tomar las medidas necesarias”, no se entiende si es una mera declaración o si, en efecto, hay planes de sortear los controles de las acciones de gobierno.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias