11.7 C
San Pedro
lunes, abril 12, 2021

País pobre, pobre país

Una de las menores de edad "rescatadas" de la casa donde una joven dijo haber estado "secuestrada" ocho meses, junto a su nena de 2 años, abre a La Opinión la puerta del presunto lugar de cautiverio. La historia de una familia abandonada a su suerte, con jóvenes muertos y presos, con niños desatendidos y la ausencia de un Estado que sólo aparece, desde hace décadas, para dar excusas.

Publicidad

 

Los datos son datos del pasado reciente. Datos con nombres de personas y niños.Datos de muertos y sobrevivientes.Datos que invitan a pensar, razonar, deducir, concluir.

Publicidad

La producción de indigentes no cesa y la indiferencia golpea donde más duele: en los chicos.

La crónica de un secuestro que terminó en los noticieros nacionales no es más que otro capítulo en la vida de una familia que es como el país; una familia pobre y una pobre familia en medio de pobres ciudadanos y pobres dirigentes o ciudadanos pobres y dirigentes cuya codicia autorreferencial no tiene límites. En cada trazo de esta abreviada secuencia de datos está el sello de la desidia por los que nacen y la supresión plena de sus derechos.

La ausencia de igualdad de oportunidades y la nunca más vigente negligencia social que gana los corazones a manos de tecnología, deporte, new age, zen, religiones, creencias,prácticas de cualquier tipo de evasión para eludir la tamaña responsabilidad que nos compete, como si acaso pudiésemos evitar que los hijos de los unos y los otros se mezclen.

Es triste pero real que al escribir Pueblo Doyle en el Google aparezca como primer tema del ranking de noticias la denuncia de una joven que asegura estar gestando su tercer mes de embarazo y dice haber sido víctima de un secuestro que duró ocho meses bajo castigos y amenazas perpetradas por sus propios suegros. La víctima
compartía hasta hace un año atrás, una casa en la que criaba a un niño que ahora tiene dos años producto de su convivencia con quien poco después quedaría detenido por abuso sexual agravado. Cuidaba o vivía junto a un nene y una nena de un matrimonio anterior de su pareja. Esa nena fue violada en su casa por su padre muchas veces hasta que el aberrante delito fue denunciado por docentes de la escuela que se animaron a romper uno de los tantos eslabones de cobardía para lograr salvar a la niña, que fue alojada en un hogar en el que permanece desde entonces. Su hermanito,el niño cuyas orejas están separadas del cuero cabelludo por una franja de sarna que se exhibe impunemente, nunca regresó a la escuela. Nadie lo fue a buscar, nadie notó su ausencia.Tuvo que sobrevivir al incendio intencional de la precaria vivienda que habitaba para mudarse a la casa de los abuelos mientras su padre, con frondosos antecedentes, comenzaba su reclusión en una celda. Esos abuelos son los padres del detenido. Tienen ocho hijos, de los cuales tres están muertos. En el año 2008 el jefe de familia fue acusado y condenado por asesinar a un joven de un disparo. Según relata, con pocos elementos de prueba, la Justicia decidió otorgarle el bene cio de la prisión domiciliaria. Así llegó junto a su esposa,en calidad de cuidador,a un campo cercano al pueblo donde ya se había radicado el mayor de sus hijos varones.

Estos son apenas algunos datos para quien pueda haberse sorprendido el pasado lunes con un resumen informativo que pretendía compendiar en tres minutos treinta años de fracasos que dejaron como saldo a menores que, aún hoy, están en estado de abandono, mal nutridos y con un dictamen forense que reza que tienen secuelas de “violencia física”.

Las acusaciones que dieron lugar a todos las expresiones de indignación y asombro de autoridades, profesionales, agentes de policía, miembros de la justicia, empleados de la dirección del menor, organismos de derechos humanos,mesas de violencias, comadronas y chismosas terminarán en unos meses cuando se cierre una causa más que lleva el nombre y el apellido de una víctima que ya  gura en expedientes desde niña, cuando alguien pidió protección porque la alumna era agresiva y deambulaba por las calles. Eso fue antes de cumplir los 10 años. Ahora

tiene 21 y nadie, sí, nadie corroboró con un análisis el embarazo que dice estar cursando. Al menos hasta las 19.30 del martes lo que se sabe o cialmente es qué, si hay un bebé por nacer, no hay certeza del estado en el que sobrevive en un vientre que relató haber recibido golpes con palos, privación de la libertad y falta de alimentos.

Estos también son datos: La Justicia sabía desde hace once años mediante informes escritos que esa niña, que ahora es madre y puede volver a dar a luz, tenía problemas de comportamiento, madurez y abandono. El Estado también lo supo y sabe que hay un nene de dos años a su cuidado. Otros datos a aportar se remontan a la historia de estos abuelos que hoy tienen 54 y 62 años, respectivamente. Ahora enumeran nietos y bisnietos en distintas situaciones de con icto con la Justicia y otros que han logrado escapar a la condena social de portar un apellido que se hizo famoso entre las balaceras cotidianas del barrio Hermano Indio. Tal vez el primero en ser escenario de enfrentamientos entre bandas de muchachos y “comandas” o el precursor para impedir el acceso de los móviles policiales.

Cuando apenas el hijo varón mayor tenía 8 años, la madre recibía las quejas de los maestros y por eso acudió a pedir ayuda para que no se lo expulsara del sistema educativo. Carentes de recursos, lograron asistencia. Pero los chicos crecieron sin que se les preste más atención que la de la oportuna gestión por orden de Desarrollo Humano municipal. Algunos tuvieron más suerte. Este chico es el que ahora pasa sus días en el penal de San Nicolás por violar a su hija.

Otro de los varones fue asesinado de un balazo y el último en morir cayó con un disparo en la cabeza que salió de un arma policial tras una requisa en la que hubo confusión y amenazas. Agonizó en el Hospital y hubo “alivio” para los vecinos de Doyle, que ya habían reclamado la expulsión de la con ictiva familia que había dejado el campo para instalarse en un generoso terreno cuya casa pertenecía a un anciano que estaba internado en el hospital que funciona como geriátrico en Santa Lucía.

Ese fue precisamente el chico que acudía a un jardín de infantes. Se lo recordaba como inquieto y desobediente. Lo habían suspendido a los cinco años por cantar todo el tiempo la canción de “la gallinita”, que terminaba en un estridente “queremos comer”, a los golpes contra la mesa. Cuando empezó la Primaria las cosas no fueron mejores. Un profesional de la salud mental le recetó las gotas sublinguales para que pudiese cursar “una hora por día”, tras la que debía ser retirado por la madre. Hay informes, hay intervención, pero no se produjo el rescate a tiempo. Cuando la bala impactó en su cráneo tenía una pareja que al día de hoy tiene 17 años y cría a la hija de ambos, que tiene dos años. Ambas viven en Doyle con los abuelos. El día del allanamiento se las llevaron junto a todos los menores presentes, pasadas las horas las dejaron bajo la guarda de su madre, pero a las pocas horas retornaron al mismo lugar en el que la mamá adolescente se encargaba de hacer el desayuno o la limpieza y la pequeña rubiecita jugaba con quien al cabo de este episodio quedó bajo la tutoría y albergue del Instituto Sarmiento, según con rmó la Secretaria de Desarrollo Humano Karina Chiarella que repite como sus antecesores: “La impotencia, la falta de personal, los bajos recursos y la preservación de la identidad”, ante cada requisitoria periodística. Es obvio que la prensa ha reservado la identidad desde la década del 80, y así están las cosas. Gestión tras gestión, con mejores o peores intervenciones, la condena ha sido para los niños que quedaron a la deriva sanitaria y educativa.

Bastó entrar al lugar señalado como el escenario de un secuestro de ochonmeses para entender que el principal patrimonio de los involucrados asciende a dos o tres tazas de lata, un anafe sin garrafa,una “cubija”que comparten un nene de 10, con una de 2 y la madre de 21 años.

Fue su ciente corroborar que los restos de comida del piso, el hedor del ambiente y el tizne de unas ollas son escasos para el frío que se avecina. Mientras tanto, la abuela ensordece con su defensa y cuenta, entre otras cosas “normales”, que uno de sus bisnietos le fue vendido a un comerciante porque era “medio faltito”.

El 1 de noviembre de 2005, en su edición 709, este semanario también ofreció datos sobre “las mujeres violentas” de esta familia. Tres hermanas habían herido a una adolescente en inmediaciones de su casa y ya cargaban con antecedentes de peleas. El 14 de octubre, dentro de muy poco tiempo, se cumple la condena del jefe de esta familia. El lunes La Opinión lo encontró cumpliendo con su arresto domiciliario, arreglando una moto en el acceso a la vivienda de chapa en la que habita hasta hoy con su mujer, la nuera viuda de uno de sus hijos, la nieta de dos años y donde esperan el regreso de los otros niños, del único varón que esperaba en el Penal a la denunciante para que le “llevara los chicos”. Dice además que “si está, embarazada no es de él”.

Son muchos datos. Sin nombres, porque son los datos de un país pobre que en de nitiva es un pobre país que deja a sus niños sometidos a la peor de las violencias. Ver las imágenes de tu propia casa, tu propia madre, tu ausente padre, tu abuelo condenado, tu miseria, tu hambre y tu lugar para crecer es casi como pedir por favor no nacer.

Dicen que el árbol al que se le pudre la raíz no tiene remedio. Pero siempre está la esperanza de un brote rebelde que asome con un verde fresco,aunque más no sea para contradecir el destino.

Denuncia, allanamiento e investigación

Todo comenzó el viernes por la noche, cuando una mujer de 21 años llegó a la Comisaría de la Mujer para denunciar que desde hacía ocho meses sus suegros la mantenían cautiva en una precaria habitación junto asuhijodedosaños,ala que le llegaba comida por debajo de la puerta, y que sólo podía salir para ir a visitas íntimas con su pareja en el Penal, donde cumple condena por abusar de su propia hija, lugar en el que era “obligado a mantener relaciones sexuales”, en una de las cuales habría quedado embarazada.

Dijo que esa noche, como tantas otras veces, su suegra la había golpeado con un tronco en la cabeza y que la echó de la casa. Que una vecina le prestó dinero para viajar a San Pedro a denunciar.

Ello motivó una causa por “privación ilegítima de la libertad”, un allanamiento, el retiro de todos los menores de la casa, el resguardo de la denunciante y su pequeño hijo en una institución, la desmentida de los suegros con acusaciones sobre la joven, una “cadena nacional” de medios ávidos de morbo para cubrir la noticia, que incluyó móviles en horario central, declaraciones del Fiscal Manso que quitó contundencia a la denuncia al señalar que testigos dicen haber visto en diversas oportunidades a la joven en Doyle y Santa Lucía, vendiendo fruta, y hasta que hubo una denuncia que ella hizo contra sus suegros por violencia en febrero pasado.

Las declaraciones por la televisión local de la titular de la Comisaría de la Mujer Daniela García y su presencia ante las cámaras sin la vestimenta adecuada y sin gorra, reproducidas por canales nacionales, provocaron que sus superiores en el Ministerio de Seguridad decidieran suspenderla por 48 horas y advirtieran que habría traslado, medidas sobre las que retrocedieron más tarde, aunque no sin dejar de llamarle la atención, porque,claro,otros pre eren hablar y se visten mejor, aunque no sepan ni dónde queda Pueblo Doyle.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias