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miércoles, mayo 18, 2022
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Mensuran el terreno y el Inaes investiga a Iturriaga

El organismo que regula y controla el funcionamiento de las cooperativas en el país lleva adelante un sumario por “incumplimiento de la ley” contra el Presidente de La Providencia. Los vecinos del barrio continúan esperando para escriturar sus viviendas y denunciaron arbitrariedades por parte de Iturriaga, que firmó comodatos sobre los locales construidos, a pesar de que preside una cooperativa que no tiene autorización para funcionar.

 

La Providencia no es divina en la cooperativa que lleva ese nombre en la ciudad y mediante la que 71 familias construyeron su vivienda para cumplir el anhelo del techo propio, que hoy tienen a medias, ya que habitan las casas pero todavía no pudieron escriturar.
En se marco, el lunes estuvo una delegación del Instituto de la Vivienda de la Provincia, encabezada por la agrimensora Mariana López, para medir el terreno con vistas a la realización del plano de subdivisión, ya que el barrio figura en catastro como una sola parcela. “Medimos el entorno y vivienda por vivienda, para medir el módulo y las ampliaciones”, señaló López y aseguró: “Es el inicio para poder llegar a las escrituras”.
En ese sentido, la agrimensora explicó: “Una vez que se realizan las mediciones se hace el armado del plano y pasa por las distintas registraciones: Arba, Geodesia, etc, con las visaciones correspondientes. Se realiza la aprobación y la registración del plano, una vez que se arma todo eso, que tardará alrededor de siete meses, se puede armar el tema de la escrituración”.
Al problema que los vecinos tienen con sus escrituras se suman las diferencias con el presidente de la cooperativa Ernesto Iturriaga, extraño personaje que trajo el proyecto a San Pedro y al que los vecinos tuvieron que denunciar en la Justicia luego de tomar las viviendas que no les entregaban y estaban sin terminar, que ellos mismos acondicionaron con fondos propios que les costó mucho recuperar.
Los habitantes del barrio se consideran asociados a la cooperativa y protestan por lo que señalan como “incumplimientos y arbitrariedades” por parte de Iturriaga quien en dos oportunidades firmó comodatos para ceder un espacio a fines de plantar soja, por un lado, y por los locales construidos en el predio, por otra. Por ello, llegaron hasta el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), organismo que regula y controla el funcionamiento de cooperativas en todo el país. Allí fueron para denunciar la situación y se encontraron con una sorpresa mayor: el expediente 324 del año 2002, caratulado como “Sumario por incumplimiento de Ley”, a través del que, según consta en un acta firmada por la Responsable del Centro de Denuncias del Inaes, Paulina Fariña, “se le ha dispuesto oportunamente un ‘Retiro de Autorización para Funcionar’, según surge de lo verificado en el Sistema de Seguimiento de Piezas Administrativas”.
El detalle de ese expediente no es menor, ya que si en 2002 comenzaron un sumario, no se entiende cómo el propio Inaes, el Instituto de la Vivienda de la provincia y la Municipalidad dieron visto bueno para que en 2006 Iturriaga desembarcara en San Pedro con la cooperativa y el proyecto de 190 viviendas de las que sólo construyeron 71.
El Instituto de la Vivienda recibió el pedido de La Providencia para suscribir un convenio que permitiera la ejecución de viviendas en la ciudad el 14 de noviembre de 2000. El 15 de enero de 2003, la cooperativa volvió a solicitar la firma. El 30 de diciembre de ese año, un día de esos en los que nadie se percata de lo que sucede, el Interventor del organismo, Alfredo Ibarlucía, firmó la entrega de 1.924.852,60 para coonstruirt las 71 viviendas. Para ese momento, el sumario ya estaba en marcha.
El 12 de septiembre de 2005, una nueva acta readecuó el monto y lo llevó a 4.578.114 pesos. El 4 de octubre de ese año, el Instituto de la Vivienda entregó 228.905,70 como anticipo financiero para comenzar las obras, lo que representa un cinco por ciento del total.
Todos esos pasos dan cuenta de que Ernesto Iturriaga y su cooperativa siguieron adelante con el proyecto, a pesar de que pesaba sobre ellos una investigación del Inaes y el retiro de autorización para funcionar.
Como si fuera poco, en 2006 comenzó la aventura para las 71 familias sampedrinas que adscribieron al proyecto, pusieron 15.000 pesos en efectivo para pagar un terreno que La Providencia compró por 81.000 pesos –bastante menos que los 1.065.000 que surgen de multiplicar cada familia por 15.000–, con el visto bueno de la Municipalidad, cuyo Director de Viviendas y Escuelas de entonces, Flavio Peiró, avaló y hasta firmó el final de obra.

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