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jueves, septiembre 23, 2021
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Los desvíos de fondos para la campaña de “El Recaudador” salieron del Hospital

La denuncia de Galati contra Borgo destapó la olla de la campaña que llevó a Guacone a ganar las elecciones. La oposición fue a la Fiscalía con documentación del Rafam a la que se refirieron en la Rendición de Cuentas de 2011. El año pasado, La Opinión había publicado once casos de monotributistas con exceso de facturación, todos con vínculos políticos. Entre ellos, Ariel Franzoia, socio de Pedro Di Mayo, acusado de entregar “facturas truchas” para solventar la candidatura del intendente, y a cargo de las obras del Hospital.

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El Fiscal General Héctor Tanús resuelve por estas horas si unifica las causas iniciadas por estafa contra la exdirectora del Hospital Marina Galati y la que comienza a investigarse contra el funcionario municipal a cargo de la Administración de ese nosocomio, Roberto Borgo, acusado en la declaración indagatoria de la odontóloga de desviar fondos destinados a Salud hacia los gastos de la campaña electoral que en 2011 le dio la victoria a Pablo Guacone.
La causa inicial tramita en la UFI N° 8 con asiento en Baradero, donde el Fiscal Granda recibirá documentación aportada por el bloque Frente de Todos que consolida lo que Galati señaló respecto de la situación de Ariel Franzoia, constructor de Río Tala y socio de Pedro Di Mayo, el otro acusado por el robo de órdenes de compra y falsificación de la firma de Caraballo.
“Di Mayo tenía una relación muy estrecha con Borgo, quien le pedía facturas truchas o por trabajos no realizados para justificar egresos de efectivo que según él eran destinados al pago de la campaña política a favor del actual intendente Pablo Guacone”, dijo la exfuncionaria ante la Justicia.
Ello provocó la presentación de la oposición, ya que Di Mayo reconoció en su propia declaración que era “socio” de Ariel Franzoia, un monotributista clase B, cuyo tope de facturación anual es de 24.000 pesos y que en 2011 facturó 394.600, puesto que ambos tuvieron a su cargo la construcción –ni más ni menos- de las áreas de Pediatría y Oncología en el Hospital.

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Recaudar
para la campaña
Durante la sesión en la que fue rechazada la Rendición de Cuentas del año electoral, la oposición llamó la atención sobre la obligatoriedad que tiene el Municipio de controlar el estado de sus proveedores ante la Afip, sobre todo con los monotributistas, teniendo en cuenta que el Estado debe “retener del pago de esos impuestos si está mal inscripto, mal categorizado, o directamente no está inscripto”.
Allí hablaron de “más de 15 casos” que estaban excedidos y que en total superan los 2.000.000 de pesos. En la edición 1053 de junio del año pasado, una investigación de La Opinión reveló once nombres de monotribustistas cuya facturación en 2011 superó hasta más de diez veces lo permitido, en medio de una campaña electoral feroz. La prensa sólo publica, la justicia no intervino.
La sospecha que quedó flotando del análisis de esa documentación era el uso de esos fondos para las elecciones. Las declaraciones de Galati, una exfuncionaria que trabajó activamente para la campaña del intendente, pusieron el eje en al menos de uno de esos once nombres: Ariel Alejandro Franzoia.
El constructor domiciliado en Río Tala y socio de Pedro Di Mayo estaba registrado como monotributista clase B, con tope de facturación de 24 mil pesos. El año de las elecciones, el Municipio le extendió 22 órdenes de pago por un total de 394.640 pesos, sobre todo para las tareas de construcción y refacción del Hospital. El área de Pediatría todavía espera.
En diálogo con este semanario, Galati dijo que Di Mayo “participaba de las reuniones de gabinete” y que tanto él como Ariel Franzoia y su hermano José “eran punteros de Guacone”. El último trabajó en el Hospital como personal de “mantenimiento”.
La exdirectora declaró que él recibía “el pago de ese dinero”, en referencia a aquellos “destinados al pago de la campaña política”. Dijo que José Franzoia entró a trabajar sin autorización, que le pagaban “en negro” y que estuvo allí hasta las elecciones, para lo que pidió que declaren Daniel Leiva, jefe de mantenimiento, y Betiana Blanco, la administrativa que le escribió por Blackberry Messenger que no quería “problemas”.
En ese sentido, además, indicó que todos esos hechos son “fácilmente comprobables mediante auditoría de la documentación de egreso de dinero en la oficina de compras de la Municipalidad, si antes no la destruyen luego de esta declaración”. Por ello su abogado Benito Aldazabal pidió “un allanamiento y secuestro de las facturas truchas y los libros contables de egresos a esa fecha”.
Desde la Administración del Hospital sostienen que no hubo ninguna irregularidad y que todo está cargado en el Rafam, el sistema que usan todos los municipios bonaerenses para llevar las cuentas.

La Afip interviene
La Resolución 2616 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) establece que allí donde aparezcan operaciones de monotributistas que excedan el monto total máximo permitido por su categoría, hay que retener impuestos a las ganancias y al valor agregado.
Eso es lo que hicieron con Ariel Franzoia, quien ya no aparece como monotributista clase B sino como responsable inscripto. Lo llamativo es que ello es así con fecha de mayo de 2011, es decir que hubo intervención de Afip, ya que su Resolución establece que para su aplicación “deberán considerarse los ingresos brutos provenientes de las operaciones alcanzadas que hubieran sido efectuadas hasta la fecha de la operación de que se trate, incluida ésta, durante el mes de la misma y en los once meses calendario inmediatos anteriores”.
Franzoia no sólo se pasó más de diez veces en lo que podía facturar, sino que además la información del Rafam da cuentas de que todas las facturas entregadas al municipio son correlativas, como si el Estado local fuese su obligatorio contratante.
No sería el único que cayó en la mira de la Afip, ya que son varios los contribuyentes del régimen simplificado que se excedieron en demasía. El año pasado, La Opinión se encontró en la rendición de cuentas con diez proveedores más que tenían irregularidades.
Rodolfo Américo Vlaeminch, no estaba inscripto y le extendieron 45 órdenes de compra por 410.760 pesos; Gustavo Fabián Iglesias, monotributista clase C cobró 394.890 pesos en 31 pagos por compra de tosca. Marcelo Gabriel Leiva, categoría B, facturó 155.900 pesos; Antonio Fermín “Tony” Correa no figura inscripto en Afip pero recibió 24 órdenes de pago por un total de 110.102 pesos; Jorge Alberto “Sopapita” Belo, reconocido puntero de la zona de la Bajada de Chaves, tampoco figura y tiene 29 pagos por un total de 108.118 pesos.
Jaquelina Araceli Paparini, categoría B, esposa del sindicalista de los Patovicas Pablo Casas, recibió pagos por “servicios de seguridad y vigilancia”, pero está inscripta para “venta de muebles”. Fausto Isaias Capre no está inscripto en Afip y cobró durante 2011, 195.200 pesos por servicio de fletes. El remisero Roberto Atilio Barbera recibió 73 pagos por 50.757 pesos. Todos en 2011, año electoral y de campaña.

Galati fue suspendida y pidió la nulidad
Como adelantó La Opinión, el Municipio tenía decidido suspender preventivamente y sin goce de haberes a la odontóloga en su carácter de empleada municipal, atentos a lo sucedido con la investigación judicial de la que es objeto. Así lo hizo mediante carta documento el pasado 15 de abril, donde con firma del Subsecretario de Recursos Humanos Daniel Porta le informan que es por 60 días y en virtud de los elementos que obra en las 148 fojas de la causa.
Galati respondió y rechazó la suspensión. Con asistencia del abogado Benito Aldazabal, señala que la decisión “ignora e inaplica” artículos del Estatuto del Personal Municipal; que “no hace mención a ningún acto u omisión puntuales y concretos”; y que “impiden” el ejercicio de su “legítima defensa”.
Por ello, advierte que iniciará “acciones legales por reparación moral y material contra el Municipio y en forma personal contra todos los funcionarios que han pergeñado y/o intervenido en la ejecución de este ilegítimo y nulo decreto”. En síntesis, pide la nulidad de ese decreto.

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