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jueves, mayo 13, 2021

Llegó el desalojo a Dávila y Cruz Roja y fue violento ante la resistencia de los ocupantes

Cientos de policías hicieron efectiva la orden de desalojo en ese terreno usurpado, el único que quedaba con ocupantes de la ola masiva de tomas registrada a mediados de enero. Hubo resistencia y enfrentamiento, balas de goma, cubiertas quemadas, heridos y aprehendidos.

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Este martes, alrededor de las 7.00, comenzó el desalojo del terreno usurpado de Dávila y Cruz Roja, el único que permanecía ocupado tras la ola de tomas masivas registradas desde mediados de enero, donde había más de 150 personas, integrantes de unas 40 familias.

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Los ocupantes fueron notificados la semana pasada y aseguraron que resistirían la medida. Incluso fueron a protestar a las puertas de la Municipalidad, donde personal de Desarrollo Humano les dijo que la orden ya había sido dictada por el juez.

Una gran cantidad de policías se hizo presente para hacer efectiva esa medida. El operativo incluyó Infantería, Caballería y GAD. Cuando llegaron, se encontraron con que los ocupantes habían encendido cubiertas que acopiaron en los últimos días en el terreno, para resistir el desalojo. El fuego era en la calle y el humo negro cubría toda la zona.

La decisión de algunos de los que vivían en ese asentamiento de intentar evitar el desalojo provocó enfrentamientos. Hubo piedrazos, empujones y se escucharon disparos que los efectivos efectuaron con postas de goma para disuadir.

Ante la resistencia, la represión fue inmediata. En el marco del operativo hubo varios aprehendidos, varones y mujeres, trasladados a la Comisaría y heridos que fueron asistidos en la Guardia del Hospital.

Con una topadora derribaron las precarias construcciones, la mayoría de chapa, palos y lonas, donde vivían las familias que tomaron el terreno, casi todas del mismo barrio, jóvenes que vivían con sus padres y otros familiares que decidieron tomar ese terreno en el marco de la ola masiva de usurpaciones registrada a mediados de enero y de la que este era el único predio que permanecía ocupado.

Desde Cruz Roja hacia Hermano Indio –calle sin abrir–, el terreno es propiedad de 11 familias que lo compraron de manera colectiva cuando se los ofreció el titular de la empresa textil en la que trabajaban, quienes desde hace años esperan una ordenanza que les permita subdividir y lotear el predio.

El lote que está antes, hacia Javier Rivero –calle que también está sin abrir–, sería propiedad de un hombre de apellido Jiménez que tiene contacto con la gente del barrio y hasta con personas que estaban en situación de toma. En el asentamiento aseguraban que contaban con su permiso y que hasta les habrían dicho que permanecieran allí, porque tendría intenciones de vender el predio al Estado local.

En la Comisaría se agolparon vecinos que estaban en situación de toma. Fueron a reclamar por los detenidos, que los hubo, así como heridos trasladados al Hospital, entre ellos mujeres y menores de edad.

Allí se hizo presente, en representación de la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la CTA, la dirigente sindical Silvia Cajide, quien llegó para interiorizarse de la situación de los detenidos y ponerse a disposición de sus familias.

En el lugar se vio al concejal de Cambiemos Iván Paz, quien fue abordado por Cajide para ponerlo en conocimiento de la situación. Un grupo de alrededor de 20 personas llegó a la dependencia para reclamar por los aprehendidos.

Luego llegaron más vecinos y desde el hospital confirmaron que dos jóvenes menores de edad fueron asistidos con heridas de arma de fuego, que corresponden a postas de goma disparadas por la policía. Uno de los dos adolescentes, de 14 años, quedó internado y el otro fue dado de alta. Además, hubo más de 10 personas con “crisis nerviosa” atendidas en la Guardia.

Pasadas las 11.00 de la mañana, luego de la intervención de abogados que llegaron junto a miembros de la Mesa por la Memoria, la CTA y la CGT, comenzaron a liberar a los menores de edad aprehendidos, que eran cinco, por orden de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, tras labrar el acta relacionada con su aprehensión.

Los mayores de edad, que eran otro número similar, al ser imputados por resistencia a la autoridad tenían que prestar declaración indagatoria ante la fiscala Ramos, a quien no se la vio por el terreno.

En el predio había más de 40 familias. La mayoría eran jóvenes del barrio, que cruzaron la calle desde la pieza en la que vivían en lo de sus padres para tomar ese terreno y construir precarias viviendas. Hubo quienes sacaron créditos Argenta para comprar chapas y montarlas allí. La mayoría tiene problemas habitacionales, hijos y un futuro incierto, de trabajo discontinuo, almuerzo de comedor escolar, cena de bolsita de mercadería y abrigo para el invierno de roperito barrial.

Usurparon un terreno de familias que, como muchos de ellos, se levantan temprano a trabajar para cobrar un sueldo que no alcanzará para fin de mes. Los sacaron a la fuerza, con balas de goma, empujones y golpes, efectivos policiales que, más o menos, atraviesan la misma situación.

En el caso se habla de instigadores vinculados con la política y de promesas incumplidas relacionadas con el gobierno. En cualquier caso, los caminos siempre conducen a los mismos: los que mantienen sus aspiraciones a costa de la necesidad de los otros.

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