Las defensas del sacerdote Tulio Mattiussi y de Anselmo Ojeda apelarán la prisión preventiva
La sede del Juzgado de Garantías N° 1, recibió el pasado miércoles a decenas de personas que llegaron a San Nicolás a bordo de un vehículo para apoyar a los acusados; entre ellos la directora del establecimiento, un hermano del cura párroco y un familiar de Ojeda además de algunas mamás de alumnos del establecimiento. En principio, se solicitó que algunos de ellos pudieran presenciar la audiencia y, luego de evaluarlo, el titular del juzgado resolvió facilitar el acceso a dos o tres personas. Pasados los minutos y mientras el fiscal, la defensa de las víctimas y la de los imputados intercambiaban sus posturas, los fieles que querían apoyar a Mattiusi comenzaron a sumarse.
Ese día, los acusados esgrimieron nuevamente su condición de inocentes, respondieron a algunas de las contradicciones en las que incurrieron en declaraciones previas respecto a la cantidad de veces que el sacerdote visitaba el jardín de infantes y en cada uno de los casos solicitaron transcurrir el resto del proceso con prisión domiciliaria para la que el obispado ofreció un domicilio nicoleño para garantizar la disposición del cura párroco a ajustarse a derecho. Esa posibilidad, por ahora les fue denegada pero los abogados defensores insistirán puesto que consideran que no existen riesgos de fuga y que es su derecho transcurrir el proceso fuera de la unidad penal.
La tercera imputada aún no declaró y se está a la espera de esa citación para que pueda ejercer su derecho a defensa. Está acusada de haber facilitado el acceso de los menores al lugar donde presuntamente se perpetraban los abusos.
Un petitorio,otra versión y una denuncia que jamás se formuló
Desde que comenzó la investigación parte de la comunidad educativa y un grupo importante de fieles tomaron partido. Los padres de las cinco víctimas por un lado y creyentes, docentes y padres de alumnos que protagonizaron un abrazo simbólico, participaron de cadenas de oración y viajaron la semana pasada hasta el juzgado de garantías para orar por los imputados, del otro. Desde siempre deslizan y hasta sostienen públicamente una acusación que atribuye el delito a otra persona como autor material de los abusos. Entienden que habrá que esperar “la justicia divina” porque la terrenal está cooptada por “los poderosos y el dinero”. Al menos con esas razones se dirigen a este medio en procura de encontrar un lugar donde reflejar sus conjeturas. En varias oportunidades, individual y colectivamente se los ha invitado a exponer sus razonables inquietudes e incluso se les ha preguntado si, tal como afirman, los datos que poseen pueden dar un giro a la investigación porque no han llegado en forma de denuncia a la justicia. Hablan de un acta labrada en la institución, de episodios graves que ocurrieron en presencia del personal pero cuando se acude al archivo policial y judicial no hay actuaciones que los registren.
Por primera vez, La Opinión pudo preguntar por esta hipótesis abiertamente al Defensor Oficial de Anselmo Ojeda, el Dr. Alejandro Ares. El letrado sostuvo que no puede hacerse eco de esas versiones que también ha escuchado y que su intención es que su defendido transcurra el proceso en libertad; entiende que las declaraciones de los niños en Cámara Gesell han sido confusas y que sólo en uno de los cinco casos hace mención a un lenguaje que podría coincidir con el relato de una víctima de acoso. Ares apuntó nuevamente que apelará todas las veces que considere necesarias porque sostiene que la prisión preventiva priva a su defendido de un derecho que le asiste y que en este caso el Juez de Garantías le ha negado.
El día de la audiencia, los manifestantes entregaron un petitorio con más de mil firmas que aunque no es vinculante, ofició de mensaje para la representación de las víctimas que desde hace meses recuerdan que la carátula habla de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda”.