Las cooperativas, Borgo y la Justicia
La Cámara de apelaciones de la Nación tiene en su poder una causa sobre evasión millonaria que involucra a muchos sampedrinos integrantes de una cooperativa miembro del grupo Fenacoop, del empresario Jorge Troilo, que presuntamente encubría a una empresa con fines de lucro. Entre los imputados se encuentran el nuevo Administrador del Hospital Roberto Borgo y el ex Concejal Abel González. La Justicia dictó la prescripción y Afip apeló en la Cámara.
El fenómeno de las cooperativas de trabajo que se extendió masivamente a lo largo y ancho del país tuvo su máxima expresión en los años 90’, al calor de las privatizaciones, la flexibilización laboral y la tercerización, que encontraron en ellas prestadoras de servicios a precios bajos y sin cargas sociales que cumplir.
Allí nació la sospecha por su condición de “truchas”, de “empresas disfrazadas” que, con el aval de un Estado que hacía la vista gorda por un lado y las impulsaba por otro, se transformaron en una de las principales generadoras de trabajo del momento económico argentino que alcanzó su pico de desempleo.
En ese marco nació la Cooperativa Agrupar Ltda., integrante de Fenacoop, la mega federación de cooperativas vinculada al empresario Jorge Troilo, padre del desarrollo que tuvo el fenómeno.
En 2005, una investigación de la Justicia Nacional en lo Penal Tributario puso el ojo en Agrupar Ltda., Cooperativa de Producción de Servicios cuyo período de funcionamiento fue ente 1997 y 2001, siendo en esos años una de las máximas generadoras de trabajo, con más de 40.000 socios y con unos 10.000 trabajadores colocados en diversas empresas del país, incluyendo multinacionales.
La Justicia investigó desde 2005 una causa por defraudación al Fisco en la que hay 23 personas imputadas, muchos de ellos residentes en nuestra ciudad. El delito imputado es el de “evasión agravada”, en relación a recursos de seguridad social.
Entre los 21 acusados está Roberto Borgo, el nuevo Administrador del Hospital, por cuyo curriculum pidió el bloque Unión Peronista a través de una solicitud de informes al Ejecutivo. Su presencia en el expediente obedece a que durante los años del período puesto en análisis, Borgo era vocal titular de Agrupar.
En 2005, Roberto Borgo tenía domicilio fiscal y real en calle Bergamini 690, en la ciudad de Monte Caseros, provincia de Corrientes, “cuya actividad declarada es la de servicios no clasificados en otra parte”, según consta en la causa, a pesar de que según él mismo expresó a este medio, hace diez años reside en San Pedro y, según explicó, ya había hecho el cambio de domicilio. (Ver Caso Borgo).
Junto a él aparecen otros nombres conocidos en el ámbito político, como el del ex Concejal Abel González, quien asumió ese cargo el mismo año en que era imputado por defraudación al Fisco por haber presidido esta cooperativa durante enero de 1998 y octubre de 1999 (ver Caso Abel González).
Evasión millonaria
La causa iniciada en 2005 por el entonces Jefe Interino de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Sur de la Afip, Guilllermo Restelli, estableció como presunción de delito que la evasión fiscal perpetrada a raíz de no abonar las cargas sociales correspondientes de los miembros de la cooperativa que sospechan estarían en relación de dependencia, asciende a 54.424.091,05 pesos, sumando lo que se considera “base cierta” ($ 5.838.202,03) y “base presunta” ($ 48.585.889,42).
“Estamos en presencia de una maniobra mediante la cual, bajo el aparente marco de cooperativismo, se esconde una sociedad con fines de lucro”, señala el expediente que derivó en un largo proceso judicial que sigue hasta la actualidad, bajo la extensa carátula “Rodríguez, Juan José; Díaz Servando Antonio; Colombo, Luis Alberto; Nadal, Silvina Luján; Borgo, Roberto Carlos; Armendi, Osvaldo Horacio; Romero, Rubén Osvaldo; Verón, Pío Santos; González, Eugenio Abel; Rosales, Diego Omar; Sánchez, Carlos Juan; Alessandrani, Mario Remo; Meardi, Pablo José; Muñoz, Carlos Rodolfo; Machado, Jorge Mario; Conte, Héctor Felipe; Oromes, Marcelo Gerardo; Cruz, Carlos Julio; Weidmann, Norberto Oscar; Alessandroni Mario Ernesto; Gerlach, Manfredo”.
La actuación de la causa estuvo a cargo del Fiscal Germán Bincaz, quien señala en el expediente que de acuerdo a la actividad investigativa que desarrollaron el Inaes, la Secretaría de Trabajo –a instancias de Uatre– y la Afip se advirtió que la cooperativa Agrupar “en realidad no era tal y que aquellas personas que figuraban como sus asociados eran verdaderos empleados en relación de dependencia” y trabajaban para terceros que los contrataban a través de Agrupar, por lo que la sospecha es que “se esconde una sociedad con fines de lucro”, es decir una empresa común.
Las declaraciones que acompañan el extenso expediente señalan que “los trabajadores seguían realizando las mismas tareas en las misma condiciones y bajo las órdenes de las mismas personas que cuando se desempeñaban en relación de dependencia”, lo que supone la contratación irregular bajo la modalidad de “cooperativas truchas”. Además, señalan que “nunca existió distribución de excedentes repartibles” entre los trabajadores, como corresponde en toda cooperativa, lo que en muchos casos explica el crecimiento patrimonial de los “jefes” de estas organizaciones.
El universo de clientes donde Agrupar colocaba esos trabajadores era de unas 1.756 firmas, incluidas empresas de primer nivel, multinacionales, a lo largo y ancho de todo el país, con una cantidad de “socios” que la transformó en un monstruo del cooperativismo prestador de servicios de trabajo que las empresas aprovecharon para evitar el pago de cargas sociales.
Estado de la causa
Benito José Aldazabal es uno de los abogados que tienen a su cargo la defensa de algunos de los imputados. La causa nunca llegó a juicio y Aldazabal pidió la prescripción.
Antes, el abogado había solicitado la “redargución de falsedad” contra las actuaciones de los organismos públicos, esto es la declaración de invalidez de los documentos públicos generado en el marco de la actuación de Afip, considerando “una mera ficción administrativa” a la causa, argumentando “indefensión” de Agrupar ante los inspectores, a quienes se señala con “intencionalidad de verificar la existencia de deudas al Fisco que sólo obra en la imaginación” de esos funcionarios: “No han concurrido al lugar y han falseado las actas de notificación”.
El sobreseimiento por prescripción fue sentenciado en primera instancia y apelada, por lo que el caso aún aguarda resolución. En la actualidad se encuentra en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económica, Sala A, cuyos magistrados son Nicanor Repetto, Edmundo Hendler y Juan Carlos Bonzón.
La causa inicial tiene dos caminos. Uno lleva a Agrupar, que es por el que tanto los organismos del Ejecutivo como el Fiscal decidieron actuar. Sin embargo, la cuestión tiene otra pata, que son las empresas que se vieron beneficiadas por la contratación de manera tercerizada de presuntos trabajadores en relación de dependencia, lo que significa que allí también habría evasión fiscal respecto a las imputaciones que se hicieron contra la cooperativa.
Caso Abel González
Abel González aparece en el marco de la causa como Presidente de Agrupar durante enero de 1998 y octubre de 1999. Como parte de su defensa y para contrarrestar la acusación, el propio González inició una demanda laboral contra la hija de Jorge Troilo, para probar que él también estaba en relación de dependencia en el marco de las “cooperativas truchas”.
Según una auditoría realizada en el ámbito sindical y publicada por La Opinión cuando González habló sobre el tema en una sesión del Concejo Deliberante, él y algunos de sus familiares formaron parte del grupo de cooperativas ligadas a Fenacoop, ocupando indistintamente cargos tales como Presidente de Patagónica; Tesorero de AMRA; Secretario de Fenacoop; Síndico suplente de Promocoop; Síndico titular de Fenacoop; Tesorero de Nexo; Presidente de Promocoop; Secretario de Promocoop; Tesorero de Agrocoop; y Presidente de Agrupar.
Sobre la causa de esta cooperativa que lo involucra como imputado, González dijo a La Opinión: “No sé el estado de esa causa, nunca fui llamado a indagatoria ni nada por el estilo”.
Caso Borgo
La aparición de Roberto Borgo en esta causa sale a la luz cuando el nuevo Administrador del Hospital aparece cuestionado en un pedido de informes del bloque Unión Peronista que preside Carlos Casini. Borgo recibió a La Opinión en su despacho del Hospital y ofreció detalles sobre el funcionamiento de Agrupar, que fueron volcados en el relato central de esta página.
Sobre la causa, dijo: “Yo estuve en una de las cooperativas del grupo Troilo, una de las más grandes, estuve como vocal en el Consejo de Administración, que no es un cargo decisorio. De lo único que me notifiqué fue del sobreseimiento por prescripción en primera instancia y sé que la Afip apeló y eso está en la Cámara. Nunca fui llamado a declarar”.
Sobre su participación en Fenacoop, Borgo relató: “Estuve años en las cooperativas de Troilo. Me fui por algunos problemas, que eran estos; uno tenía una responsabilidad por aparecer en el Consejo de Administración pero sin la decisión ni la participación, y los que aparecemos somos nosotros, Troilo no”.
“La cooperativa fue juntando a lo largo de su vida una serie de denuncias de los organismos laborales, lo que provocó que el Inaes le sacara la matrícula, ese proceso administrativo fue incorrecto, por lo que la revocatoria de matrícula nunca quedó firme. Luego vino lo de la Afip, que planteaba que toda la gente había sido empleada”, señaló.
Para Borgo, el resurgimiento público de esta causa está íntimamente ligado con el pedido de informes presentado por el bloque de Casini, que él entendió como “discriminatorio” y formuló una presentación ante el Inadi.
El proyecto que está en Comisión del HCD pide su curriculum y pregunta por qué se dio prioridad a “alguien de afuera” para cubrir el cargo que ocupa.
“Yo sé que esto va a aparecer en el pedido de informes, porque tuve una consulta profesional con el Dr. Casini sobre esta causa hace unos años y seguro se va a incorporar en el pedido. Me pregunto a cuántos funcionarios les han solicitado antecedentes penales tributarios”, dijo el Administrador del Hospital como si eso lo eximiese de un requisito que debería ser imprescindible para el acceso a cualquier cargo en la función pública.
Amable pero contundente a la hora de enunciar, Borgo aseguró: “La información la tiene uno de los que está en el bloque, porque se la dí yo. No sé por qué plantear cosas que ya saben. Esto es una cuestión política. Además es una cuestión ética, utilizar algo que yo mismo le dí y después llamarme para pedirme disculpas…”.