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domingo, noviembre 28, 2021
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La tasa de seguridad e higiene sólo puede cobrarse si hay contraprestacíon

Lo estableció un fallo de la Cámara marplatense, tras el reclamo de un contribuyente de Coronel Rosales. La polémica tasa es una de las más cuestionadas en San Pedro, donde la mayoría de los que pagan no ven contraprestacón alguna. La decisión judicial sienta un importante precedente, al señalar que quien no fue inspeccionado no debe pagar. En San Pedro, Celulosa y comerciantes de Río Tala protestan por los aumentos que llegan a más del cien por ciento.

 

La tasa por inspección de Seguridad e Higiene es una de las que más polémica genera entre los contribuyentes, no sólo en San Pedro sino en todos los municipios del país. Muchos sienten que la contraprestación que le corresponde al Municipio es bastante dudosa, sobre todo ahora que han llegado los aumentos aprobados por el Concejo Deliberante.
Inspecciones destinadas a constatar y preservar la seguridad, salubridad e higiene en locales, establecimientos u oficinas destinados al ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios, tal las obligaciones del Estado ante esta tasa.
Si el reclamo tiene su capítulo cada año ante el incremento propuesto por los gobiernos en las ordenanzas fiscal e impositiva, el camino judicial ha sido elegido por diversos actores a lo largo del país, con fallos muy importantes, como el que se dio a conocer semanas atrás en Mar del Plata.
La Cámara de Apelación en el fuero Contencioso Administrativo de ese Departamento Judicial resolvió hacer lugar a la pretensión de un contribuyente del municipio de Coronel Rosales y sentó un precedente que podría tener repercusiones en muchas ciudades, incluida San Pedro, donde el debate al respecto no es menor.

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Hay que inspeccionar
El titular de un negocio de artículos deportivos se encontró con que la fórmula para calcular la tasa hizo que su contribución al fisco rosaleño aumentara de manera significativa. Presentó un recurso al Municipio, que éste rechazó, y fue al vía judicial.
En primera instancia, el Juzgado de Bahía Blanca que trató el tema le dio la derecha el Estado de Coronel Rosales. Sin embargo, la Cámara marplatense lo revertió.
El fallo establece que la Municipalidad “no acreditó” una “efectiva realización de las prestaciones a su cargo” relacionadas con la tasa de seguridad e higiene y las obligaciones de contraprestación que impone su existencia dentro de las ordenanzas fiscal e impositiva vigentes en el momento del entuerto.
“La autoridad municipal necesariamente tiene que brindar, con relación al sujeto obligado al pago, el servicio por el cual grava la actividad que constituye el hecho imponible”, sostienen los jueces Roberto Daniel Mora y Elio Horacio Riccitell.
Otro dato importante es que el escrito deja asentado que la Comuna no puede “pretender escudarse en la efectiva prestación del servicio aunque con relación a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria examinada”.
Eso último es algo que ha sucedido históricamente y que se apoya en un antiguo fallo, ahora perimido por la jurisprudencia reciente, que dejó en claro la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Quilpe, donde se señala que para ser sujeto pasivo de la tasa, debe haber contraprestación efectiva y demostrable por parte del Gobierno municipal.

Un dolor de cabeza
En el Municipio sampedrino hay sendas oposiciones a la tasa de seguridad e higiene, sobre todo luego de la intensa polémica desatada durante el debate sobre el Presupuesto 2013, que incluía un incremento de ese gravamen que atacaba al corazón de la actividad turística e imponía incrementos calificados de “confiscatorios” para ese tipo de comercios y para las empresas con mayor facturación.
En la fiscal e impositiva actual, el aumento fue del 80 por ciento, aunque en el bolsillo de los contribuyentes golpeó más, puesto que durante el año pasado el Ejecutivo se olvidó de tener en cuenta el 30 por ciento de aumento para los trabajadores municipales a la hora de calcular la base imponible, que tiene en cuenta el salario mínimo de un empleado del Estado local.
A ello hay que sumar el reclamo de empresas como Celulosa San Pedro, que manifestó formalmente su queja y la advertencia de ir a la Justicia si no tenía respuestas respecto a lo que consideran un exceso por parte del Ejecutivo, sin dejar de deslizar la sospecha de que la recaudación por esa tasa termina en otra cosa que no en la contraprestación correspondiente.
El Ejecutivo recibió la semana pasada una queja similar, esta vez de pequeños comerciantes de Río Tala, que ante un período de crisis del comportamiento del consumo, sufren no sólo la mengua de ingresos sino la carga impositiva que, en relación al año pasado, en materia de Seguridad e Higiene es muy importante.
Como se dijo, el mal cálculo y el aumento de tasas hizo que en las facturas se encuentren con que deben pagar entre el 120 y el 180 por ciento más que en el período anterior.
En el Gobierno local tomaron el fallo con cierta preocupación. Entienden que tal vez vean sumar los juicios en el fuero Contencioso Administrativo, porque tranquilamente muchas empresas evaluarán la posibilidad de tomar el fallo marplatense como antecedente.
“Si no inspeccionan, que no cobren”, es la conclusión a la que se arriba. “Si yo fuera Rentas, estaría muy preocupado”, dijo a La Opinión el concejal Sánchez Negrete, consultado sobre las implicancias que podría tener el fallo, y agregó: “Estaría pensando en hacer inspecciones”.

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