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domingo, abril 18, 2021

La Oficina Animal firmó un convenio con proteccionistas

Con veterinaria designada, presupuesto para sueldo y espacio físico adquirido en préstamo, el programa municipal para controlar la población de perros parece estar más cerca de concretarse. Desde la ONG que trabajará gratuitamente con el municipio insisten en recalcar que lo positivo es que comenzarán las tan necesarias castraciones, aunque todavía no quede claro cuándo será.

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A poco más de dos meses desde la designación de la veterinaria Marina Farías para empezar a implementar el Programa Municipal de Control de Población Canina, el municipio firmó un acuerdo con una ONG proteccionista para buscar apoyo. Hasta ahora, la jefatura creada por disposición de la ordenanza 6229, sancionada el 28 de octubre de 2016 por unanimidad, no cuenta con espacio físico propio y la profesional contratada desempeña funciones en un escritorio que comparte en la Secretaría de Salud, en Salta y Arnaldo. Allí, se limita a aconsejar a las personas que llegan con dudas o denuncias por mordeduras, aunque pronto espera poder comenzar con las intervenciones en el predio que el Centro Veterinario de San Pedro, en Lucio Mansilla al 2500, comparte con APAMA aunque sin relación con la entidad que encabeza Fabián Rodríguez.

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El lugar, que cuenta con un quirófano que nunca llegó a usarse por falta de personal calificado, será por al menos 12 meses el lugar donde Farías opere. “Todavía falta que ella lo vea y diga qué insumos le faltan. El municipio se hará cargo de las refacciones. Habrá que poner una línea telefónica y organizar la recepción y la parte administrativa”, explicó a La Opinión Silvia Barragán, secretaria de la ONG.

Pese a que en un primer momento se anunció que las operaciones serían en Bromatología, las instalaciones son, según la veterinaria Farías, “inviables para animales grandes por estar en planta alta” y el acuerdo para funcionar en el lugar que ocupaba la experrera municipal busca ser una solución, aunque sin fecha definida todavía. “Eso es un poco un dilema. Depende de cuándo llegue todo lo que pedimos”, explicó la profesional a este medio.

El acuerdo de partes firmado el 7 de marzo entre la asociación y el Municipio consta de 12 cláusulas que establecen la participación del “Centro Veterinario de San Pedro”, con personería jurídica y domiciliado en Lucio Mansilla 2500, como entidad colaboradora.

“La asociación se compromete a cumplir con las prestaciones y servicios a su cargo”, expresa el tercer artículo del convenio y agrega que facilitará en comodato el espacio físico del inmueble, avisará al municipio la existencia de canes abandonados o de dueños de bajos recursos que requieran la operación para sus mascotas, y se encargará de ofrecer la estadía necesaria antes y después de la intervención. Además, la ONG deberá constatar que esas personas “acrediten la inexistencia de recursos económicos”.

“Necesitás darles asilo para el postoperatorio y necesitás las horas de ayuno. Lo que se va a hacer es preparar el lugar para que esté el perro. Después va a volver a su lugar. Si es de la calle, va a volver a la calle, aunque eso no quita la posibilidad de adoptarlo, que es lo que fomentamos”, relató Barragán y consideró que las cuatro castraciones que deberán hacerse por día para cumplir con el objetivo del Programa es un número para el cual hay muchas consideraciones.

“Una castración en horas depende mucho del veterinario y la situación con la que se encuentre, por ahí en el macho es más fácil, en la hembra no tanto. El número de castración hay que evaluarlo, tampoco vas a empezar a castrar a un montón y que no sea eficiente la castración, por eso cada operación tiene su tiempo”, dijo en coincidencia con la postura del veterinario Alejandro García, quien sostuvo en el programa Sin Galera que una carencia de la ordenanza es la falta de “indicadores para determinar la eficiencia de la política pública”.

“A las ordenanzas siempre se le va a buscar algo que le falte o le sobre. Nosotros queremos ver el lado positivo y es que se va a empezar a castrar. Hace mucho que no veo una castración masiva y gratuita, para que todos accedan. Una castración no es barata”, agregó la integrante de la asociación que asiste a mascotas y finalizó: “Cuando todo esté listo vamos a difundir los teléfonos”.

Un comienzo polémico
La creación de la jefatura forma parte de la ordenanza sancionada en octubre, aunque la designación en el cargo de Marina Farías, esposa del hijo de la concejala Mónica Otero, fue una “sorpresa” que Fabián Rodríguez denunció al notar que alguien remitía casos a la protectora APAMA para que él se ocupara, según declaró en su muro de Facebook. Luego, llegó la confirmación por parte del Secretario de Salud, Edgar Britos, que aclaró que la elección corrió por parte del intendente y que estaba en facultades para hacerlo. Más tarde, apareció el decreto que confirmaba a Farías como empleada del municipio desde el primer día del año. El veterinario Alejandro García más tarde se encargó de considerar que el llamado a concurso hubiera sido lo más justo y democrático para sus colegas. Farías, recibida en 2015, desde 2012 trabaja en veterinarias y cuenta con capacitaciones en materia de esterilización. Hasta el momento del nombramiento, desde la asociación protectora que ahora trabajará a su par no la conocían.

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