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jueves, abril 15, 2021

La Justicia investiga la red de protección de la “banda de Stella y el Chino”

Una serie de allanamientos que tuvieron lugar en diversos puntos de la ciudad permitieron desbaratar una banda que comercializaba drogas, con el bar de la familia Villarruel en el barrio El Amanecer como base de operaciones. El Fiscal Múgica Díaz comenzó a analizar los mensajes de WhatsApp de los teléfonos secuestrados. Las escuchas telefónicas revelan una trama de contactos con el poder que salpica a todos los sectores.

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Tras casi nueve meses de investigación, la Fiscalía N° 1 de San Nicolás, tematizada en comercialización de estupefacientes, logró desbaratar una banda que vendía drogas en diversos puntos de la ciudad y que tenía como base de operaciones al bar de la familia Villarruel en el bario El Amanecer.

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De los siete detenidos en 13 allanamientos, tres forman parte de esa familia y están sindicados como los cabecillas del grupo. Un cuarto miembro del clan fue aprehendido y su nombre también figura en el expediente de varios cuerpos que la Fiscalía instruye.

Stella Maris Villarruel, de 46 años, domiciliada en San Lorenzo 2260; su hermano César “Chino” Villarruel, de 38 –que salió de la cárcel el año pasado tras estar detenido dos años acusado de un homicidio del que luego fue absuelto–, con domicilio en Saavedra 1490; el hijo de Stella Maris, Sergio Ariel Sosa (30), señalado como el proveedor, con domicilio en Loma Hermosa, partido de San Martín, en el conurbano bonaerense; y la pareja de esta mujer, Agustín Daniel Gómez, de 21 años nacido en La Matanza y domiciliado en Alvarado 1270 ,son los detenidos de la banda que forma parte de la red familiar, a la que debe sumarse a Nelson Moisés Benítez, de 32 años, domiciliado en Güemes 1407, quien fue apresado en calidad de aprehendido.

A ellos, se agregan otros detenidos: Leonel Albanese, de 20 años (Liniers 516), Jonatan Julio Coulin, de 27 años (Benefactoras Sampedrinas 580); y Federico Raúl Confortola, de 32 (Ruíz Moreno 565).

Horas y horas de escuchas telefónicas

El dato inicial fue que “César ‘Chino’ Villarruel tenía un bar en la costa donde comercializaba drogas”, reveló a La Opinión el instructor judicial Juan Francisco De la Torre. Abierta la investigación, lograron conectar que estaba involucrada su hermana, Stella Maris. Luego detectaron que su pareja, Agustín Gómez, también participaba. Finalmente, llegaron al proveedor: Sergio Ariel Sosa, hijo de Stella Maris y sobrino del Chino.

Con esos datos, el Juzgado de Garantías actuante autorizó intervenir los teléfonos y empezó la fiesta de las escuchas, en las que hay de todo.

Por ejemplo, una grabación de una llamada entre madre e hijo, que dura alrededor de 15 minutos, reveló casi todos los detalles necesarios para involucrar al resto de los detenidos en la banda.

Allí, el proveedor –que según consta en el expediente solía traer la droga en habituales viajes que hacía en una empresa de transporte de pasajeros, sin que nadie se percatara de lo que llevaba en su bolso– y la cabecilla de la red de vendedores locales repasan uno por uno los miembros del grupo.

En esa escucha revelan con lujo de detalles la operatoria cercana: a quién le correspondía cuánta cantidad y de qué drogas, cuánto dinero representaba y cuál era la deuda de cada uno de los dealers que se ocupaban de la distribución del cargamento que traía Sosa a la casa de su madre y que ella repartía para la posterior venta.

El día de los allanamientos secuestraron apenas 38 gramos de cocaína, una cifra no menor pero pequeña para este tipo de bandas. Es que Sosa no logró venir con la droga que esperaban sus cómplices.

Fiscalía no podía demorar el procedimiento, y como las escuchas telefónicas habían permitido que el Juzgado librara las órdenes de detención, actuaron igual.

Elementos para ampliar la investigación

Ahora, con los acusados detenidos y mientras preparan el pedido de prisión preventiva, los miembros de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 analizan el contenido de los teléfonos celulares secuestrados.

Si las escuchas telefónicas fueron reveladoras y permitieron, tras un extenso trabajo investigativo, desbaratar a la banda y llegar a los allanamientos con las órdenes de detención en la mano, lo que arroje el análisis de los mensajes de WhatsApp y Facebook de los apresados será de suma importancia para la causa.

Si las sospechas que se desprendieron de las propias comunicaciones entre los detenidos se confirman, el Fiscal Patricio Múgica Díaz estaría en condiciones de desentrañar una importante red de contactos que habrían oficiado de protección de las andanzas de esta banda de dealers y que alcanzaría a diversos sectores del poder político, policial y judicial.

“Se abre un campo de investigación muy importante, además de las escuchas, que son contundentes”, dijo el instructor judicial, y agregó que los elementos probatorios que tienen son suficientes para que pidan la prisión preventiva de los siete detenidos.

Una red de protección

El elemento principal que abona la hipótesis que maneja la Fiscalía tematizada respecto de la sensación de impunidad que otorga la protección por parte de quienes detentan lugares de poder es la normalidad con la que los detenidos hablaban entre sí en sus comunicaciones telefónicas.

Por lo general, explicó a La Opinión el instructor Juan Francisco de la Torre, miembro del equipo de Múgica Díaz que encabezó la investigación, quienes cometen este tipo de delitos hablan entre sí con una lógica discursiva que intenta eludir la alusión directa al tema del que conversan.

Así, por ejemplo, cuando ese mismo equipo trabajó en el caso Bomba Gallardo, tuvieron que reconstruir ese lenguaje cifrado e interpretar los giros que permitían dar cuentas de que estaban hablando de la compra y venta de drogas.

En el lenguaje habitual que utilizaban los miembros de esta banda no había ningún prurito ni intención de ocultar aquello de lo que hablaban. Se referían a la marihuana y a la cocaína sin eufemismos. De pesaje, de dinero, de deudas y de los integrantes de la trama comercializadora.

“A nosotros nos llama mucho la atención que no se cuiden, que hablen con total normalidad de tema”, dijeron desde la Fiscalía que trabaja en el caso.
En las escuchas habría nombres y cargos con los que los detenidos “chapeaban” para garantizarles a sus interlocutores que no había nada de qué preocuparse.

Aunque, en principio, puede parecer como la mera utilización de personalidades de renombre para sus fines delictivos sin que el mentado tenga necesariamente un vínculo con ello, no deja de ser por lo menos alarmante.

La historia judicial del país –la de la venta de drogas en particular– está plagada de ejemplos en los que la red de protección de delincuentes alcanza las más altas esferas de los poderes del Estado.

En los pasillos judiciales se nombró a un reconocido y destacado personaje como quien habría intentado interceder ante la novedad de la detención del hijo de un importante empresario local en el marco de esta causa.

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