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lunes, julio 26, 2021
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La ex concejal López continúa con su reclamo

La concejal Araceli López, que dejó su banca en 2003, inició un juicio al Gobierno Municipal por las consecuencias que deparó la investigación de la que fue objeto al detectarse, el acceso a páginas pornográficas, desde la computadora de su bloque. Tras algunos intentos de rechazar la acción, el proceso se pone en marcha y el HCD designó a una especialista en derecho administrativo para que lo represente. Pide 52 mil pesos de resarcimiento.

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Alejada de la política y, probablemente, sin chances concretas de volver a sentarse en una banca, la ex concejal Araceli López puede llegar a conseguir un resarcimiento económico importante luego del escándalo que tomó trascendencia pública en 2001.
La edil, que llegó al Concejo Deliberante en la lista que consagró al Intendente Barbieri en 1999, fue investigada por sus propios pares luego de que se hallaran en la computadora de su bloque reiterados accesos a sitios pornográficos. El suceso fue facturado con creces por los concejales de entonces, quienes además de tomar al tema como un hecho particular, conformaron una comisión investigadora que derivó en una sanción preventiva de suspensión en su cargo y el consecuente reemplazo por un período de cuatro meses.
Disconforme con el procedimiento, Araceli López, recurrió a la Justicia y allí planteó un conflicto de poderes con el que consiguió un fallo irrevocable de restitución inmediata de su banca. El trabajo de investigación y las evidencias concretas, de la utilización de la computadora para estos fines, no fueron lo suficientemente sólidas como para justificar la sanción y con el correr de los meses muchos consideran que aunque sobraban motivos para expulsarla, no se realizaron las presentaciones de manera adecuada.
Aquel escándalo, diferente a otros por sus connotaciones, tuvo su segunda instancia cuando la concejal debió ser restituída en su banca, que pasó a manos del ahora desa- parecido, Frente Grande.
Además de la devolución de la banca, se le abonaron los sueldos que durante los meses de suspensión cobró su suplente. Este monto cercano a los 10 mil pesos fue afrontado por los integrantes del cuerpo legislativo, ya que la sanción que aplicaron “no correspondía” según lo resuelto por la Justicia.
Por todo “este manoseo”, al final de su mandato, la concejal López recurrió a la Justicia y con una carga importante de documentación inició una acción para exigir una indemnización.
El fondo de la cuestión jamás fue ni será investigado, aún cuando los listados impresos con el historial de la máquina sigue demostrando que en días y horarios insólitos se ingresaba al bloque del Frente Grande y no precisamente para buscar antecedentes que permitieran la elaboración de nuevos proyectos.

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Nueva abogada para el HCD
La concejal López patrocinada por la Dra. Lilian Parsi inició la acción judicial hace casi tres años, pero como el blanco apuntado fue el Ejecutivo Municipal, se ingresó en un vaivén de apelaciones que terminó recién después de dos años. Se apuntó al Jefe comunal por considerarse que él es el máximo responsable, pero desde la Asesoría Letrada se respondió que todo ocurrió en el ámbito del HCD. La Cámara de Apelaciones terminó rechazando la apelación y tanto deberá defenderse el Intendente a través de los resortes existentes en la materia, como el HCD que no tiene un asesor legal fijo y que en este caso decidió designar a uno, específicamente para este caso.
Los gastos de apelaciones, honorarios, idas y vueltas ya han sido superiores a lo que reclama la concejal López, que asciende a 52 mil pesos. No obstante, ya corren los plazos para que el Concejo Deliberante responda la demanda y en eso trabaja la Dra. Ana Milesi de la ciudad de San Nicolás quien es, según comentaron las fuentes consultadas, una especialista en Derecho Administrativo.
Luego de respondida la demanda continuará el proceso aunque algunos consideran que el acuerdo entre las partes será lo más apropiado.
Razones al margen, todos los sampedrinos, terminarán pagando una suma importante por un episodio que ya recibió su pública condena, sin que se hayan ofrecido explicaciones sobre la utilización de una herramienta perteneciente al estado, para fines que nada tienen que ver con la actividad de los ediles.
Hoy no existe mayor control sobre las computadoras y nadie se asombraría al encontrar una dirección de Internet que conduzca a páginas pornográficas. De hecho, muchas aparecen en la navegación de manera involuntaria. Así y todo, el famoso “pornogate”, como se lo llamó en su momento, terminará insumiendo un dinero que seguramente sería más útil en otra cosa.

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