La escuela a los palos
Un chico de 14 años golpeó a un profesor en una escuela de la ciudad. Los organismos correspondientes tomaron intervención a raíz del hecho. Otra situación que pone a las escuelas en el eje del debate como escenario de una sociedad violenta.
A una maestra le disparan con aire comprimido; una madre y su hijo son rodeados a la salida del colegio por un grupo que apuñala al niño; dos madres se agarran de los pelos en la puerta de la escuela por una discusión que tuvieron sus hijos en un recreo. Esas y muchas otras situaciones de violencia se viven en nuestros establecimientos educativos. A diez años de la masacre en un colegio de Columbine, en Estados Unidos, donde dos alumnos mataron a 13 personas, y tras cuatro años de que un chico ejecutara a tres compañeros en Carmen de Patagones, la repercusión por la agresión a un profesor por parte de un alumno sorprendió a todos el Viernes pasado.
La noticia encendió las alarmas sociales y mostró claramente que los educadores se enfrentan día a día a conflictos que, aunque no llegan a cobrar la magnitud de este caso en el que la violencia jugó un papel principal, son realmente importantes y requieren de un tratamiento cuidadoso y un trabajo importante de diagnóstico sobre los alumnos.
Siempre que aparezca en escena un menor de edad, el tema se transforma en un capítulo delicado de abordar. La situación se planteó en la ESB 2 que funciona en la Escuela 3, cuando un alumno de 14 años le arrojó a un profesor una rama, causándole heridas leves. Esa mañana el menor había presentado un desorden en su estado físico y según testigos de la situación “el chico no estaba bien, estaba mareado y no se podía mantener”.
La Directora, Lidia Yunes de Rosales, relató que, una vez advertida esta situación, le preguntaron si se quería ir a su casa, a lo que el joven respondió permaneciendo en el establecimiento. Transcurrido el tiempo, y viendo que la situación empeoraba, la directora envió una citación a sus padres, quienes no pudieron acudir pues estaban trabajando. Uno de sus hermanos mayores fue quien lo retiró de la escuela, siempre según el relato de las autoridades.
Al mediodía, cuando la clase de Construcción de Ciudadanía del profesor Juan Cruz Rosales ya había comenzado, el joven —“perdido”, según sus propias palabras, por el efecto de unas pastillas que había ingerido— se dirigía al barrio Hermano Indio con intenciones de enfrentarse a unos conocidos menores que suelen protagonizar hechos delictivos y que lo molestaban a diario “por ser hijo de un ex policía”. No llegó al barrio, sino a la escuela, donde Rosales intentó frenar su avance y recibió un golpe en el brazo con una rama. Tras eso, el chico rompió un vidrio y se fue a la casa, donde fue aprehendido por la policía.
Trasladado a la comisaría, fue devuelto a sus padres, quienes relataron que el chico de 14 años no suele tener conductas violentas ni situaciones problemáticas por fuera de lo común. “Nos hacemos cargo del error de nuestro hijo y actuaremos en consecuencia”, dijo su padre y agregó: “Vamos a tener unas charlas con gente del Centro Preventivo Asistencial de las Adicciones (CPA), porque, si bien no es un adicto que anda drogándose todo el día, ya había jugado a probar porros y esas cosas”.
La Dirección del colegio convocó a los organismos que trabajan en la prevención de este tipo de hechos para que tomen intervención ante la situación. Se hicieron presentes Belén Yunes, Inspectora Jefe Distrital, Marta Perret de Desarrollo Humano, agentes de UCeFF y el Servicio Local del Menor, quienes participaron de reuniones con los padres del chico y se pusieron a su disposición
El Martes, un grupo de padres de la Escuela 3 se reunió en el Consejo Escolar para denunciar hechos de violencia en el barrio y a la salida de clases, exigiendo presencia policial en el lugar.
La escuela es la institución donde los chicos pasan gran parte del día, donde encuentran o buscan contención y manifiestan todos sus conflictos producto de factores sociales o familiares que los convierten en víctimas y muchas veces en victimarios. Por eso, en más de una oportunidad, los docentes son, además de educadores, asistentes sociales que se ven obligados a proteger a sus alumnos y trabajar en otros aspectos más allá del aprendizaje.
Los conflictos en las escuelas se ven a diario aunque sólo tomen notoriedad algunos casos como el sucedido recientemente. Además de los internos en cada establecimiento, existen problemas como los robos reincidentes y la rotura de instalaciones. Las autoridades —más preocupadas por salvar su propia piel que por encarar soluciones efectivas— declararon que “trabajan en red” y que elevaron a la policía un pedido de patrullaje en las escuelas.
Mientras, en la calle, los vecinos piden la cabeza de los directivos, presencia policial adentro de los colegios, requisas a los chicos en la entrada, detectores de metales y cosas por el estilo.
Cuestiones de responsabilidad
La violencia atraviesa la trama social y no es privativa de ninguna institución en particular. En la escuela se vive la misma violencia que en otros ámbitos. La diferencia suele estar en cómo se abordan la prevención, la intervención ante los casos puntuales y la construcción de espacios identitarios que permitan transformar desde la escuela las complejidades del barrio o la ciudad.
Los mecanismos institucionales de la escuela, la jefatura distrital, el servicio local del menor y la Secretaría de Desarrollo Humano deberían bastar para que la violencia no se reproduzca al interior de los establecimientos educativos. Es cierto que si en el barrio los conflictos se arreglan a los palos, en la escuela se tienda a naturalizar las mismas cosas. Por eso aparece necesaria una intervención más profunda y menos declarativa por parte de los funcionarios a quienes ocupan estos casos.
Si esta situación cobró estado público porque se trata de miembros de una familia que ocupa cargos directivos en varias instituciones educativas, existen subterráneamente muchos otros casos a los que no se les pone tanto énfasis de intervención.
Muchos dicen que en la ciudad hay escuelas de primera, de segunda y más aún. Y que, en los últimos años, los vínculos políticos hacen primar la posibilidad de que un establecimiento vea trabajar con mayor ahínco sobre sus problemáticas en contraste con otros. Las actuaciones “en red” en casos como estos deben ser la regla, no la excepción.
Si los estudiantes no acuden a clases regularmente y si se sospechan actitudes que pueden revelar problemáticas de índole social y psicológica, están los gabinetes psicopedagógicos para realizar esa tarea. Hay maestras recuperadoras que acompañan casos complicados. Pero es en la propia escuela donde se deben diagnosticar esos problemas —asumiendo que existen, en principio— y actuar en consecuencia.