Justos engañados e injustos en el poder pero “con contactos”
No son martilleros, ni abogados. Son oportunistas. Investigan y buscan propiedades que estén desocupadas o abandonadas por sus dueños. Incitan a familias sin recursos para que las usurpen y hasta comienzan a pagar los impuestos, para luego iniciar juicios por posesión veinteñal con testigos incluidos. Las modalidades son variadas, y muchas inmobiliarias conocen de la existencia de estos sujetos que están “bien asesorados”, y que hasta podrían contar con “contactos” dentro del municipio, la provincia y de partidos políticos. En la Comisaría hay una denuncia puntual radicada por un damnificado, con nombres y apellidos. El aprovechamiento partidario de los programas que se crearon para ayudar a los más necesitados, también dejó en evidencia el tráfico de influencias.
La viveza criolla no tiene límites pero menos que menos, la inescrupulosa actividad de personas que se han dedicado desde hace un buen tiempo a usurpar y vender ilegalmente propiedades que tienen dueño pero que por diversos motivos se encuentran desocupadas o abandonadas.
Terrenos limpios o baldíos, casas precarias o de buena construcción, todos son espacios propicios para el ojo avezado de estos grupos que funcionan como una verdadera red paralela de venta ilegal.
En San Pedro, hay personas identificadas que nadie se anima a mencionar con nombre y apellido, pero han sido detectados por las autoridades de la Dirección de Rentas de la Municipalidad porque concurren habitualmente para pedir información sobre ciertas propiedades y en algunos casos llegan a vender el mismo predio en varias oportunidades y en cuotas.
En las inmobiliarias los conocen y aunque dicen que los perjudican, no los denuncian, sobre todo porque hay contactos políticos y profesionales que los amparan.
Hace varios días, los vecinos del barrio Villa Igoillo alertaron sobre un asentamiento de varias familias sobre terrenos ubicados en calle Molina y las vías del ferrocarril. Allí se delimitaron lotes con alambrados, y se están levantando tres viviendas. Otras cuatro serán construidas a futuro, y los nuevos ocupantes dicen no ser usurpadores porque fueron “invitados” por el propietario del terreno a ocuparlo ya que no tienen posibilidades de pagar un alquiler o construir en otros lugares. Llamativamente, el dueño que mencionan, no es el mismo que figura en los papeles.
Los “usurpadores” dijeron en principio estar asesorados por abogados, que hasta habrían realizado “trámites” en San Nicolás, y por integrantes de un partido político, pero luego lo negaron. Por el momento, nadie reclama y la construcción sigue avanzando.
Cómo funciona la organización
Al detectar una propiedad cuyo dueño no vive en la zona, es una persona mayor, o está en situación legal determinada, empieza a funcionar la “organización”, piden información que es pública, (libre deuda, etc.) y si el panorama es “favorable”, pueden incitar a alguna familia de escasos recursos y en general cómplice de esa situación a usurpar la propiedad. Si tiene hijos pequeños, mucho mejor, porque el desalojo podría ser más traumático. Después, hay varias opciones. En algunos casos, los propios “organizadores” se presentan ante el propietario y les ofrecen terminar con el problema de la usurpación “por algunos pesos” como una verdadera red mafiosa.
En otras oportunidades, inician un juicio por posesión veinteañal con testigos que acreditan que esa familia vive allí “desde hace veinte años” y literalmente se quedan con la propiedad legalmente sin que nadie más pueda reclamar.
Además, pueden acceder a trámites de escrituración gratuita como los que dieron lugar a otra de las polémicas de las últimas horas.
También existen otras irregularidades como la venta en cadena, porque se elaboran boletos de compra – venta (que se adquieren en cualquier librería, además) a través de los cuáles, diferentes propietarios (que ofrecen nombres, apellidos y hasta direcciones falsas) venden la misma propiedad a dos o tres personas distintas. Siempre hay “un dato” y quien orienta, y algunas sospechas llegan hasta el interior del municipio, porque llamativamente se pagan impuestos y se avanza hacia el objetivo juntando papeles.
Uno de los casos recientes es el de una persona de 71 años, propietaria de dos lotes bien ubicados en la ciudad que radicó una denuncia en la Comisaría y otra en la fiscalía de San Nicolás porque en el lapso de apenas unos meses, dos personas aseguraron ser los propietarios de esos terrenos y hasta empezaron a alambrarlos para instalarse en ellos.
El botín político de las escrituras sociales
Con una carta personal dirigida a más de 200 personas con trámites iniciados ante la Dirección Provincial de Tierras, se invitó a varias familias a lo que terminó siendo un acto político con pase de facturas. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires está impulsando desde hace más de 10 años trámites para favorecer a quienes no llegaban a acceder al expediente de escrituración de una vivienda única y con comodidades mínimas. La gestión, ante la Escribanía General de Gobierno siempre se pudo hacer, independientemente de quien estuviera al frente de cada cartera. Hace dos años, un grupo de dirigentes políticos y sindicales alineados con el PJ promovió la apertura de una oficina para reimpulsar estos trámites y allí pasaron a engrosar las listas ya existentes, nuevos interesados. No todos con condiciones humildes o imposibilidades económicas. A partir de un cambio en la legislación, los municipios pasaron a tener que ver con el proceso hasta llegar a la escrituración y también cambió el sector interno del PJ que tiene las riendas. Hace dos años, todos eran Solá. Hoy Solá es un sector y los que abrieron la oficina son otros. Para cerrar un triángulo de influencias políticas, se sumó el oficialismo y el propio Intendente recomendándole al funcionario que venía a hacer los trámites, atender en “cancha neutral” y condicionando así la realización del paso municipal necesario para que tantas familias accedieran a la escritura sin tener que pagar grandes gastos.
Desde comienzos de 2005, el trámite se comenzó a hacer en el Ministerio de Trabajo que también dejó de ser neutral desde el avance del sector rotundista. Y precisamente, el Dr. Carlos Rotundo y todos sus candidatos locales fueron anfitriones de un acto al que se convocó a mucha más gente de la que tenía que ir, para entregar menos de 20 escrituras y decirles al resto que deben pedirle al Intendente Barbieri que les firme un decreto para que el trámite avance.
Iban a estar la Secretaría de Tierras, el Ministro de Salud y el Ministro de Justicia. A tiempo, o porque observaron que el acto finalmente no tendría mayor sentido, aparecieron compromisos contraídos con anterioridad o una agenda desbordada y no vinieron, dejando en manos de Rotundo (el funcionario sampedrino de mayor jerarquía) y del propio Dr. Sanmartino, la explicación de una situación que es idéntica a la que se vive desde hace meses pero que denunciada ahora tiene un amplio rebote político.
Desde la Municipalidad, se confirmó que con personal del área Social se hicieron los relevamientos de algunas de las personas que solicitaron el trámite y que otros deberán esperar. Se trata, de una constatación sobre el cumplimiento de las normas establecidas para aspirar a este programa por el cual, ante la imposibilidad de contar con recursos propios, se ayuda a resolver la escrituración de una vivienda.
Lo que empezaron los pangaristas, siguieron los rotundistas y ahora tienen bajo la suela los barbieristas, no es ni más ni menos que un beneficio razonable para una sociedad ordenada. Lamentablemente, hasta el momento, no hay indicios de que todos los controles hechos hayan sido tan estrictos como para evitar que algunos “rápidos” accedan a escriturar terrenos que no les pertenecían o que usurparon.
Tampoco alcanzaron para controlar que los propietarios que lo pretenden no puedan pagarse su escritura y para comprobar que la valuación fiscal es la correcta.
Muchos comenzaron este trámite hace tiempo y sin la barrera de un precio máximo y ahora se encuentran con que sus viviendas únicas, cuestan más que los 39 mil pesos que se establece como mínimo. Otros, fueron a llevar su trámite cuando el signo político era uno, y ahora se resisten a “pedirle el favor” a otros. La conclusión se sacará mejor cuando los listados, que unos y otros guardan celosamente y se resisten a hacer públicos, se conozcan para determinar quienes hacen un aprovechamiento de la herramienta y quienes efectivamente la merecen más allá de los tiempos políticos y de sus protagonistas.