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domingo, septiembre 19, 2021
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Inscriben a quienes necesitan vivienda y materiales

El Gobierno municipal puso en marcha un registro de demanda de viviendas para quienes necesitan una casa o ampliar con materiales aquella que habitan. Cinco años después de la ordenanza que decretó la emergencia habitacional, la ciudad carece de datos para avanzar sobre la problemática que mayor reclamo tiene en la ciudad.

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Cada vez que aparece la posibilidad de que el Estado satisfaga la falta de vivienda, la cantidad de sonrisas de esperanza se reproduce interminablemente en una ciudad donde el negocio inmobiliario y de la construcción crecen día a día, mientras se aleja del horizonte el sueño del techo propio, que se pierde en alquileres similares o superiores a los de las grandes ciudades del país.
En 2008, luego de la toma masiva de las 309 viviendas del barrio San Francisco aún sin terminar, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto del Ejecutivo que declaraba la “emergencia habitacional”. Reconocían hace cinco años la crisis que la ciudad vivía en ese sentido.
Una crisis que continúa y se acentúa, aunque desde el Gobierno reconocieron que carecen de datos certeros que les permitan proyectar políticas en consecuencia. Así lo hizo el área de Viviendas y Escuelas que conduce Adolfo Benincasa, que junto a la Oficina de Escrituraciones emprendió un “censo” para saber cuál es el mapa de las necesidades habitacionales.

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Para saber en
dónde estamos
Se trata en realidad de un registro que abrió la Municipalidad en Escrituraciones, que funciona en Salta y Arnaldo. Los interesados pueden acercarse y completar los requisitos los días martes y viernes, a partir de las 7.30 de la mañana, cuando comienzan a dar los 20 turnos por cada uno de esos días que atienden.
La idea es tener relevadas cuáles son las necesidades de viviendas y de materiales para soluciones habitacionales. Por ello, a la hora de la entrevista, hay un cuestionario que consulta no sólo sobre la situación sobre el techo propio sino además las condiciones laborales y la conformación del grupo familiar, entre otros datos.
“Luego de finalizado este censo, se analizará y evaluará cada uno de los casos, y se determinará de acuerdo a las necesidades más urgentes”, informaron desde la Dirección de Viviendas y Escuelas, desde donde se gestionan los proyectos existentes.
Adolfo Benincasa quiso aclarar que no es que su área esté entregando materiales, sino que apenas si están haciendo un relevamiento al que la población asiste voluntariamente y bajo su propia responsabilidad respecto de decir la verdad en la entrevista.
Lo que quiere el Estado local es saber qué cantidad de familias están en situación de solucionar o paliar su problemática con materiales y qué casos existen en los que realmente lo que hace falta es una vivienda completa.
“Nos parece lo más lógico ante la llegada de un programa de viviendas ver realmente hacia dónde van”, dijo el funcionario, quien informó que llevaban unas 350 hasta la semana pasada.
“Si el día de mañana llega un programa o puedo gestionar un programa de mejoramiento habitacional, tengo que saber qué cantidad de viviendas tengo en esa situación”, señaló Benincasa.
El funcionario tiene en carpeta 85 viviendas: 50 del gobierno provincial destinadas a inquilinos que puedan pagar 1.400 pesos por mes de cuota –en cuyo listado hay 634 aspirantes–; y otras 35 que provienen del Gobierno nacional, 15 para Santa Lucía y 20 para Río Tala.

Una ordenanza olvidada
Ya para 2008, el listado existente de necesidades de vivienda era un verdadero descalabro. Por ello, la ordenanza de declaración de emergencia intentó poner en caja diversas cuestiones que el propio gobierno de Barbieri había soslayado a la hora de adjudicar más de 900 unidades en casi 10 años.
“La cuestión de la selección de beneficiarios deja saldo de insatisfechos en distintos estamentos y estratos de San Pedro”, señala ese texto, que puso en condición de “emergencia” a quienes no poseyeran vivienda propia “ni medios legítimos para procurársela” y que estuvieran “radicadas con domicilio real constituido desde hace más de diez años en el Partido”, es decir desde 1998.
Ello deja ya a muchos de los que puedan considerarse en situación de necesidad fuera de la posibilidad de sumar su demanda al registro abierto, ya que de cualquier manera quedarían afuera.
La comisión multisectorial que esa norma creó debía constituirse dentro de los 60 días. Prácticamente no funcionó. En 2011, el entonces concejal Adrián Macenet intentó darle vida para lo que sería la venta de terrenos en Río Tala y Santa Lucía, aunque tampoco avanzó demasiado.
Esa comisión tiene, entre otras funciones, la de “relevar y resolver los legajos que corresponda tratar a efectos de determinar las personas y/o familias que resultarán en condiciones de ser adjudicatarias”. Es decir, la tarea que ahora inició el Ejecutivo.
Eso sí, el orden y los adjudicatarios que resuelva esa comisión deben ser refrendados por el Concejo Deliberante. Herramientas hay, el problema es que no se usan.

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