Inquietud oficial por las quejas sobre el CPA
Muchos se sacudieron la semana pasada al leer dos cartas en las que una persona con nombre y apellido se animó a contar sus vicisitudes al intentar conseguir atención para un hijo con problemas de adicción. El Centro Preventivo de Adicciones es un organismo que depende del gobierno provincial y no tiene una planta de personal para brindar atención completa ante este tipo de casos. La Secretaría de Desarrollo Humano tampoco tiene una estructura acorde para responder y así el vacío es dramático.l
Esta nota podría ir en la sección policiales, porque muchos de lo que avisan, imploran y reclaman las madres de chicos con problemas de adicción a las drogas, pasa inadvertido y deja a sus hijos en un sub mundo que cada vez, está más claro en la superficie.
Las denuncias públicas realizadas por una mamá que se atrevió a vencer doblemente los temores, impactaron de lleno en quienes tienen responsabilidades en aspectos sociales de la comunidad. La madre en crisis primero derrotó al temor y la vergüenza que a veces paraliza a quienes tienen en su propio hogar la problemática. Y después le ganó al miedo que muchos tienen de hacer públicas sus situaciones, cuestionando a funcionarios que llevan décadas haciendo lo mismo.
El cordón de contención social que existe desde hace mucho para afrontar los problemas de drogadicción, especialmente en los más jóvenes no se ha reforzado en forma directamente proporcional al incremento de casos, pese a que es la propia Justicia quien suele derivar casos para su seguimiento.
La atención deficiente, apurada y a veces acotada por falta de tiempo y de personal que puede ofrecer el CPA local es una preocupación concreta de la Secretaría de Desarrollo Humano que en los próximos días dejará de lado las cuestiones formales que dividen a una y otra repartición (los CPA son Provinciales y la Secretaría es municipal) para realizar una evaluación de la crisis que naturalmente no se circunscribe sólo al Centro Preventivo ni a los casos que se han conocido recientemente.
Falencias urgentes
La Secretaria de Desarrollo Humano, Marta Perret reconoció que actualmente también en la UCEFF está haciendo falta la incorporación de más personal para la atención de la problemática social que crece en San Pedro. “Estamos gestionando la incorporación de un abogado para el asesoramiento a la mujer golpeada y para orientar los trámites en la Justicia”. Esto hoy lo realizan las mismas asistentes sociales, psicólogas y sociólogas que forman parte del equipo y que no tienen, al igual que los profesionales del CPA, dedicación exclusiva. Nadie gana sueldos que les permitan dedicarse full time a este tipo de problemas. He ahí un contraste imponente sobre la administración de recursos económicos y humanos, pues nada aparece en estos tiempos como más importante que dominar la grave situación social que nos rodea.
La funcionaria municipal recordó que desde la Provincia se está pidiendo a los municipios la creación de consejos de minoridad, pero que esto es especialmente dirigido a las comunas que no tienen ningún organismo. Igualmente, se apunta a cruzar esfuerzos y recursos para que la atención sea de mayor calidad. Hay ciudades como Junín que han logrado sintetizar en un mismo núcleo el trabajo de prevención de adicciones con la creación de organismos mixtos que dependan del gobierno Provincial y Municipal.
Hoy el CPA, en horarios limitados ofrece un servicio ambulatorio de consultorio externo, donde se brinda atención interdisciplinaria a padres e hijos afectados por las drogas. Para quienes tienen posibilidades de realizar consultas telefónicas hay una línea gratuita, el 0-800-222-5462, pero de cada cinco intentos, cuatro terminan con una larga espera y un mensaje final que indica que todas las líneas están ocupadas. El problema avanza y lo que hay evidentemente no alcanza.
La Justicia en la mira
En decenas de casos, la Justicia de Menores, “ordena” el tratamiento de adictos que incurren en delitos. Para ello cuenta con el CPA. Esas decisiones tomadas pensando en que “todo funciona hasta que no se demuestre lo contrario” hace que fácilmente se deslice la respuesta “está en tratamiento ordenado por el Tribunal”. Una verdadera mentira si se tienen en cuenta los testimonios de adultos y menores que saben como nadie que la asistencia es voluntaria y que nadie controla que se cumpla con el mandato judicial. De este modo, los menores adictos se transforman en adultos adictos y es allí cuando la carrera delictiva se mide con otra vara, dejando sin herramientas a quienes con un tratamiento adecuado podrían recuperarse. Ni la Provincia, ni el Municipio, podrán salvarse del tremendo daño que le provoca al tejido social, tanta desidia por parte de la Justicia.