En siete años se construyeron 995 viviendas
Desde el año 2000 hasta la actualidad, San Pedro creció con la construcción de barrios periféricos que hoy albergan a un total de casi mil familias. Son en total ocho condominios de viviendas que se edificaron con la dirección del Municipio. Recientemente, la Dirección de Viviendas presentó los proyectos de seis barrios que sumarían otras 313 casas. El crecimiento habitacional se contrapone con los conflictos entre vecinos y la falta de una política social que apunte a cambiar hábitos y costumbres. La mayoría de los beneficiarios nunca abonó una cuota, aunque todos los contratos establecen que deben hacerlo. Las exigencias constantes de los habitantes hacia la comuna ponen de manifiesto, cada vez con mayor intensidad, las consecuencias de un asistencialismo imparable que crecerá sin remedio a medida que se acerquen las elecciones y olvida a otros sectores postergados como el de los inquilinos.
En los últimos siete años, la ciudad de San Pedro ha crecido demográfica pero también habitacionalmente. La construcción de nuevos barrios que se levantaron con fondos del Estado y el objetivo de relocalizar allí, a familias con bajos recursos que se encontraban en estado de emergencia, cambiaron por completo la fisonomía en las zonas periféricas.
Lo que hasta hace una década eran “campos” abiertos o terrenos libres, hoy son complejos habitacionales en los que viven casi mil familias.
Para ser exactos, desde el año 2000, se construyeron 995 casas en un total de 8 barrios.
Varios de ellos ocupan la zona noroeste, y se los conoce en cuanto a su denominación por la cantidad de viviendas. Son “las 66”, “las 150” que los vecinos quisieron llamar “barrio San Miguel” intentando escapar a la discriminación, “las 49” donde se mudaron los habitantes de La Cruz, y “las 291”, aunque en este último caso sólo se construyeron 152 de las que estaban planificadas. A estos barrios, se sumaron recientemente otros. Separados por calles, se están levantando ahora en los terrenos de la ex Quinta Piccagli, “las 309 viviendas” que se construyen con fondos del Plan Federal, cuyas primeras cien, están a punto de ser terminadas.
Para cerrar la cuenta, deben sumarse “las 118” edificadas en Gobernador Castro también mediante el Plan Federal, las primeras 80 del barrio Arcor, y las 71 del denominado barrio “La Providencia” que está ubicado detrás de la estación de ferrocarril.
La inversión total se podría estimar tomando un promedio general de costo por cada vivienda estimado en 50 mil pesos. Teniendo en cuenta los aumentos del costo de materiales y las diferencias entre cada barrio porque no todos se edificaron con la misma calidad, aunque las casas son llamadas en general como “estándar”.
Si esa cifra es acertada, y se multiplica por las 995 unidades, se obtiene un total de $ 49.750.000. Casi cincuenta millones invertidos por el Estado y que, seguramente, jamás se recuperarán.
Los funcionarios municipales responsables de estas obras reconocen que el incumplimiento en el pago es generalizado. La mayoría de los contratos establecen que cada vecino deberá abonar cuotas como contraprestación por su casa pero nadie lo hace. Seguramente, sabiendo que no existen las represalias o sanciones y que por el contrario, llegarán de todos modos los servicios públicos, el canal de cable, etc. Los controles en este sentido no existen, porque ningún gobierno asumiría los costos políticos de posibles desalojos o medidas similares contra los incumplidores.
Campañas y conflictos
La historia de cada uno de los barrios mencionados está cruzada por el conflicto. Quizás el “San Miguel”, con sus 150 casas amarillas, sea uno de los más emblemáticos en cuanto a problemas sociales se refiere. Los vecinos apuntan a pandillas de chicos que roban, beben alcohol, consumen droga, escuchan música a alto volumen, insultan y amenazan. Hasta cobran “peaje” para robar aunque sean monedas y viven atemorizando a todos.
La mayoría de estos jóvenes tienen antecedentes policiales acumulados pero son menores de edad y por lo tanto, inimputables. Muchos de los que recalan en el barrio parecen tener una vida nómade porque deambulan de una punta a otra de la ciudad, en general por las enemistades continuas que generan por su modo de vida.
Una de las características más notables de este barrio, es la mudanza constante de sus habitantes. Los que se van, lo hacen perseguidos por la inseguridad. Las mencionadas mudanzas se realizan sin control ni sanción para los beneficiarios. Los contratos provisorios que los vecinos recibieron con sus viviendas, indican claramente que está prohibido vender, canjear o arrendar sus casas. Pero los cambios se produjeron sin mayores consecuencias. En mayor o menor medida, todos los complejos de viviendas son actualmente un verdadero dolor de cabeza, para los funcionarios municipales, sobre todo en el área social.
Se quejan por problemas edilicios, que son reales en muchos casos porque en el término de pocos años las casas sufrieron filtraciones en los techos, registran humedad en sus paredes y otras falencias. Cierto es que, el deterioro se ve acentuado por la falta de cuidados de los beneficiarios. La mayoría no abandonan viejos hábitos como los de amontonar chatarra, o armar corrales de animales incluso dentro de las viviendas. También solicitan materiales para ampliar las comodidades cuando la familia se vuelve más numerosa, por la llegada de nuevos hijos o nietos.
Los vecinos dicen, en forma constante, que jamás reciben visitas de asistentes sociales. Pero los funcionarios aseguran que están al tanto de lo que pasa en cada barrio. En el caso del San Miguel, se realizó un relevamiento completo y los resultados son alarmantes: más de 30 viviendas no están siendo ocupadas por los adjudicatarios originales.
Hace pocos días, el flamante barrio Arcor sufrió el arribo de la campaña política con varios representantes de agrupaciones menores que asesoraron a los vecinos para que se quejen. El Municipio minimiza los conflictos pero es cierto que en cada barrio las quejas crecen a medida que el asistencialismo se intensifica. Los habitantes reclaman “sus derechos” con una exigencia que provoca una reacción realmente adversa en el resto de la población que sobrevive con su trabajo sin ayuda del estado. Esta confrontación es la que no logran resolver los políticos a medida que pasan las campañas y los gobiernos. Lo que en principio es una ayuda se convierte en una manutención interminable –los $ 150 mensuales de los planes Jefes y Jefas y las bolsas de mercaderías del SAF-, a la que ningún mandatario se anima a ponerle fin por el alto costo político que significaría. No es un dato menor que los proyectos para incluir a los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas en proyectos productivos, por ejemplo, no encuentre adhesión. Porque la asistencia jamás se equilibra con políticas sociales tendientes a cambiar los hábitos y costumbres de familias que nacen y se desarrollan sostenidas únicamente por la mano del estado.
Y llegan más viviendas
La dirección de Viviendas seguirá muy activa este año, porque en el transcurso del 2007 se comenzarían a construir otras 313 casas en diferentes barrios.
El arquitecto Peiró confirmó que se presentó en la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, los proyectos para edificar 79 casas en el denominado barrio Parque San Martín (donde se ubican los terrenos del Plan Familia Propietaria), y otras 54 en terrenos que fueron donados por la familia Hansen para erradicar familias del barrio Las Canaletas que están en estado de emergencia. También en Bv. Moreno y Mateo Sbert, la Cooperativa Vuelta de Obligado construirá otras 77 viviendas sociales y en Chivilcoy entre Caroni y Novillo, la denominada Cooperativa San Pedro construirá otras 42 casas. Sobre calle Saavedra y frente a las 49 viviendas, existen terrenos libres que se utilizarán para levantar otras 38 casas.
Las últimas 23 proyectadas, son las viviendas que se edificarán en los lotes de la ex depuradora, frente al lugar donde se construye el nuevo Hotel Spa. De esas 23, 15 serán otorgadas a las familias que deben liberar la cresta de barrancas donde se instala el nuevo emprendimiento hotelero, pero las otras 8 todavía no tienen adjudicatarios.
Si la mencionada Subsecretaría de la Nación otorga la “no objeción” a los proyectos, en el transcurso de este mes se iniciarían las obras, siempre bajo el paraguas del Plan Federal.
Con estos nuevos seis barrios, serán un total de 1.308 las viviendas sociales construidas en siete años. Si se toma como promedio que cada una está habitada por una familia tipo de cinco personas –hay algunas mucho más numerosas pero se toma como referencia ese número-, serían 6.540 las personas que accedieron a la casa propia y gratuita, en menos de una década.
Los que esperan sin respuesta
Si bien el acceso a la vivienda propia puede ser el puntapié para revertir sistuaciones sociales de alto riesgo, la experiencia sampedrina ha estado impulsada por la urgencia y no por la necesidad. Las exigencias y los deseos por resolver rápidamente conflictos o la presión del dinero disponible para una obra que puede perderse, han desembocado en la falta de planificación para un crecimiento ordenado, dejando como corolario un “conurbano” cuyas características son y serán difíciles de controlar por las autoridades. No es un problema de una u otra gestión, ya que todas han tenido como común denominador OLVIDAR a cientos de familias que esperan desde su situación de inquilinos, tener acceso a un plan de viviendas que le permitan entender que la lógica estatal también los tiene en cuenta.
Si la distribución no cambia y la cultura del premio sin esfuerzo se sigue arraigando, los contrastes serán cada vez más importantes. Ahora que se acercan las elecciones, es bueno tener en cuenta que todos intentarán sacar rédito de esta situación, pero nadie dirá cuánto pudo haberse hecho con 50 millones de pesos para generar el trabajo que hace falta a los jefes de familia que desean levantar su propio techo. Aunque resulte antipático, si a esa suma se le agrega el dinero de los planes asistenciales otorgados durante los últimos años, San Pedro, debería ser otro.