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Publicado el: Jueves, Septiembre 13, 2018 - 19:27

Empleados de Toyota deben pagar altísimas sumas a la AFIP por evasión del impuesto a las ganancias

El escándalo desatado a fines del año pasado en Mendoza repercute ahora en San Pedro: el estudio "Servicios Impositivos", cuyos responsables fueron acusados de asociación ilcita por ofrecer mecanismos de reducción de impuestos a las ganancias mediante la carga de datos falsos, tenía entre sus clientes a una gran cantidad de sampedrinos, sobre todo a trabajadores de la automotriz japonesa, que fueron intimados por AFIP a devolver lo que no pagaron y a abonar multas por el caso.

En noviembre del año pasado, tras una investigación de alrededor de un año, la AFIP desbarató en Mendoza una asociación ilícita que se dedicaba a ofrecer servicios de evasión impositiva a través de la falsificación de formularios mediante los que se informan los conceptos a deducir para el pago del impuesto a las ganancias.

Entre los miles de clientes que tenían, aparecen sampedrinos empleados de la automotriz Toyota, que ahora tienen una deuda con el organismo público, al que deben devolver lo que no pagaron cuando participaron de la maniobra evasora y además abonar una multa.

Según confiaron a La Opinión fuentes relacionadas con los casos, son muchos los empleados locales de esa automotriz que contrataron los servicios de ese estudio contable mendocino, para evitar pagar al fisco grandes sumas de dinero en concepto de impuesto a las ganancias y que ahora recibieron el reclamo de AFIP.

La modalidad es bastante sencilla y el organismo recaudador nacional la detectó gracias a una denuncia anónima proveniente de la provincia de Misiones que apuntó a la página web servicioimpositivo.com, que regenteaba una pareja mendocina, procesada junto a una contadora, también de Mendoza.

Los "clientes" contactaban vía e-mail al estudio contable para solicitar los servicios. Con el número de CUIL y la clave fiscal del contribuyente, se ocupaban de completar online el famoso Formulario 572, que tiene carácter de declaración jurada, en el que cargaban deducciones falsas para pagar menos ganancias.

Así, pago mediante de honorarios de entre 1.300 y 3.000 pesos, en el estudio contable inventaban donaciones, familiares a cargo, créditos hipotecarios, medicina prepaga, empleadas domésticas, gastos de sepelio, seguros de vida, gastos médicos, etc., lo que permitía la evasión.

Ahora, la mayoría de los que contrataron esos servicios deben devolverle a la AFIP el dinero deducido. Además, el organismo les aplica multas por defraudación impositiva estimadas en el doble del monto del impuesto que evitaron pagar.

En el caso de los "Toyoteros", habría quienes deben abonar sumas superiores a los 400.000 pesos. Aun así quienes conocen de cerca la situación aseguran que esos montos serían inferiores a los que habrían logrado evadir a través del mecanismo que ofrecían los mendocinos.

En el expediente judicial se habla de miles de casos en todo el país y la evasión fiscal se cuenta de a cientos de millones de pesos. La psicóloga Ana Clara Montenegro, su esposo Carlos Luque y la contadora Natalia Olhagaray son los involucrados en la causa penal por asociación ilícita que tramita en un Juzgado Federal.

Luque, Montenegro y Olhagaray tenían como clientes a empleados en relación de dependencia de sectores de la actividad económica cuyos salarios están por encima de la media. Entre ellos, los de las plantas automotrices de empresas multinacionales como la japonesa radicada en Zárate y en la que trabajan muchos sampedrinos.

Hay versiones que indican que en algunos casos, a los efectos de evitar males mayores, las propias empresas habrían pagado las multas de sus empleados a AFIP, con descuentos mensuales en sus recibos de sueldo hasta saldar el monto total, frente a las dificultades que los trabajadores tendrían para hacer frente al tema.

Luque fue procesado con prisión preventiva como cabecilla de la asociación ilícita. Su esposa, Montenegro, logró la libertad porque sus hijos menores de edad no tenían con quien estar. La contadora, que fue contratada cuando el "negocio" se hizo próspero también fue procesada y espera el juicio oral fuera de la cárcel.

EDICION IMPRESA #1381
Miércoles 19 Septiembre 2018

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