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sábado, junio 19, 2021
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El Tribunal de Cuentas investiga la distribución de ayuda social

La relatoría del organismo observó que Desarrollo Humano entregó subsidios a través de los Fondos de Inclusión Social y de Fortalecimiento de Programas sociales a personas inscriptas en Afip. Entre ellos habría quienes nunca se dieron de baja pero también otros que no informaron su situación. La tarea de quienes confeccionan los informes sociales y cargan el detalle al sistema, en la mira.

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El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC), organismo provincial que ejerce el control de la administración y gestión de los recursos en los municipios, trabaja sobre las finanzas del Gobierno de Guacone, con la contadora Mónica Berra, nueva Relatora para la región, que puso la mira en San Pedro, con especificidad en las ayudas sociales que paga la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Verónica Mosteiro.
Es que el HTC –cuyo Presidente Eduardo Grimberg encabezará jornadas de “eficiencia” esta semana en un hotel céntrico– tiene en esta a una ciudad de constantes reclamos y consultas, tanto por parte de la oposición como del propio oficialismo, respecto de los destinos del dinero público y su correspondiente rendición. Las autoridades anteriores estaban acostumbradas, pero la nueva relatora tiene una periodicidad de visita que sorprende.
Mes a mes, Berra se sienta en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y revisa las cuentas. Ahora, observó posibles irregularidades en el pago de ayudas sociales y pidió informes detallados sobre los subsidios que entrega Desarrollo Humano.
“Lo que hay es mucha gente inscripta en Afip como monotributistas sociales, algo que no se puede, hay que dar de baja, cruzar datos y ver cómo lo subsanan”, explicó una fuente del HTC a La Opinión y agregó: “El municipio de ustedes siempre tiene cosas de estas, pero se van solucionando”.
La semana pasada hubo una reunión entre representantes de Desarrollo Humano y Tesorería para analizar la situación, en procura de elevar al Tribunal los detalles que solicitó.
Entre las cosas que observó el HTC hay decretos de ayudas sociales cuyos beneficiarios no cumplirían con los requisitos para percibirlas.

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Dónde va a parar la plata
El Gobierno municipal recibe dinero de Provincia destinado a la ayuda social. Se trata del Fondo de Inclusión Social y el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales. El Estado provincial lleva depositado para San Pedro 1.792.380,36 pesos por el primero y 693.512 por el segundo, de acuerdo al informe del Ministerio de Economía para el primer semestre del año.
El destino de esos fondos son la cobertura de programas sociales que permitan “fortalecer políticas municipales de Niñez, Economía Social e Inclusión Productiva; Seguridad Alimentaria, Promoción de Derechos, Vivienda y Hábitat y Asistencia Crítica”, entre otros puntos.
El Tribunal de Cuentas observó que en San Pedro hubo “errores administrativos” respecto de la asignación de esos recursos. Hallaron que beneficiarios de ayudas sociales estaban inscriptos en Afip como monotributistas sociales. Algunos porque nunca se dieron de baja; otros porque no informaron sobre esas condiciones y nadie los controló.
“El Tribunal está endureciendo el control del tema de los informes sociales y los decretos en todos los municipios, por eso ahora se trabaja en profundidad en el tema, no sólo en San Pedro”, aseguró a La Opinión un funcionario dev carrera de la Delegación Zárate, que controla a nuestra ciudad.
Además de la situación de los monotributistas sociales, hubo problemas con subsidios que estaban a nombre de menores de edad, lo que está prohibido. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas de salud y necesita la ayuda –sea en dinero, materiales o alimentos– el informe social debería dejar asentado que el subsidio lo recibirá su madre, ya que él es incapaz desde el punto de vista legal.
Sin embargo, desde Desarrollo Humano enviaban expedientes con esos errores. En el análisis de los casos puede establecerse que muchas de las cuestiones están relacionadas con inexperiencia en la gestión más que con mala intención o intento de desvío de los fondos. Por los nombres que aparecen en los listados, algunos casos estarían relacionados con la dádiva a punteros políticos, puesto que se trata de nombres conocidos que suelen cobrar protagonismo en tiempos de campaña.

Tres patadas
y un subsidio
Dos son los errores habituales en estos casos: informes sociales redactados con la palabra del beneficiario, sin concurrir al territorio a relevar in situ y comprobar la situación familiar; y la falta de control administrativo cuando debe cargarse ese informe, lo que implica por ejemplo el cruce de datos con Anses y Afip.
El área que conduce Verónica Mosteiro trabaja desde su asunción en la procura de aceitar el mecanismo, pero hasta el momento, por lo observado por el Tribunal de Cuentas, no lo han logrado del todo.
La problemática se profundiza a la hora de analizar la modalidad que puede verse a diario en las oficinas de Oliveira Cézar entre Salta y Rivadavia. Mucha es la gente que llega hasta allí para exponer su situación, explicar su problemática social y solicitar ayuda en consecuencia. A veces van de buenos términos. Otras, no tanto.
“A veces es así: las convencen y se lo dan”, dijo a La Opinión un conocedor del funcionamiento del área. Ante la pregunta acerca de a quiénes se refiere, señaló: “Las sociales (trabajadoras sociales)” y detalló: “A veces se ayuda a los que patean la puerta y no a los que tienen las verdaderas dificultades”. Todo un dato.
En Desarrollo Humano hay tensión respecto del trabajo de algunas “sociales”. Mientras por un lado hay respeto y acompañamiento para unas profesionales, hay ninguneo para otras –algunas históricas– y resquemor sobre la actitud de varias.
No lo dicen en voz alta, pero la decisión del exsecretario Dalmy Butti de pasar a planta permanente y disponer en carrera médico hospitalaria a profesionales del Trabajo Social es una carga.
Hacen paro junto a Cicop, porque al igual que los médicos cobran fuera de término. Al ser de planta permanente no se las puede relevar por otro tipo de profesionales que tengan un perfil político de la tarea social que esté más relacionado con el proyecto de Mosteiro y su grupo más cercano.
A ello se suma la poca relación con el territorio. “Hay mucho taquito alto acá adentro”, analizó un empleado que lleva décadas.

Ayudas políticas
Las ayudas “a dedo”, que no siempre responden a necesidades prioritarias sino al pago de trabajo político, existen. Difíciles de probar, pero reales, de este tipo hay muchos casos en los listados a los que tuvo acceso La Opinión.
El caso de Juancho Correa es paradigmático, por reconocido. Mosteiro envió una carta documento a la redacción de este semanario para que aclarara que no lo habían tomado como empleado sino como beneficiario del Programa de Inclusión Social con Contraprestación de Trabajo, que en la jerga municipal se denomina con el genérico “por decreto”.
El Gobierno de Guacone tiene mucha tela para cortar respecto del uso de esos “decretos” como forma de pagar favores políticos y silencios. Son muchos los nombres de reconocidos punteros y punteras que han cobrado ese dinero. Tan es así, que muchos de ellos han logrado luego el pase a planta permanente de empleados.

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