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sábado, abril 17, 2021

El Poder Judicial volvió a advertir que no hay lugar en las cárceles

Jueces y fiscales mantuvieron reuniones en las que advirtieron respecto del exceso de detenidos en las unidades penales bonaerenses. En el Departamento Judicial de San Nicolás se dijo que la Cámara otorgará excarcelaciones ante la falta de espacio para nuevos presos. Las demoras del sistema para declarar culpable o inocente a los acusados también es parte del problema.

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Representantes del Poder Judicial en el Departamento San Nicolás mantuvieron una serie de reuniones en las que quedó expresado que, tal como sostuvieron jueces y fiscales a concejales y funcionarios locales en 2015, “el sistema penitenciario está colapsado”.

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Ello significa que las cárceles y comisarías están llenas de presos. Que no hay más lugar. Que siguen siendo “máquinas de generar violencia”, como le dijo una jueza a este medio en aquel momento. Ahora, otra vez y tras la muerte de siete detenidos que estaban hacinados en una Comisaría de Pergamino, la Justicia volvió a plantarse en relación al tema, que le cabe tanto como a los

otros poderes del Estado.
“Hasta la Cámara empezó a otorgar excarcelaciones porque no hay más lugar, las cárceles no dan abasto”, dijo a La Opinión una fuente del Poder Judicial que participó de las reuniones y advirtió: “Van a dejar a los detenidos por delitos menores en libertad. A todos”.

Un problema con varios responsables
La policía se queja, generalmente por lo bajo, pero a veces también públicamente, de que los jueces liberan a los delincuentes que ellos aprehenden. Los Jueces de Garantías recuerdan que ellos no pueden mantener presos a quienes cometen delitos menores que son excarcelables.

Lo que olvidan decir es que en cuatro meses debería estar resuelta su causa, con la sentencia correspondiente. Como ello no sucede, la comunidad asiste a lo que se discutió en las reuniones: excarcelar para descomprimir las celdas. Al costo que sea.

Producto de la lentitud de la Justicia y la desidia del Poder Ejecutivo responsable de las unidades penales y la policía a la que baja línea para que se sucedan aprehensiones de cualquier tipo –crecen los partes con trasladados a las comisarías con menos de un gramo de marihuana–, se calcula, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que hay en la Provincia unos 38.089 detenidos, de los cuales el 60 por ciento no tiene condena. Es decir que se trata de detenidos que esperan que la Justicia resuelva si los declara culpables o inocentes de los delitos de los que se los acusa.

Los datos dan cuentas de un récord histórico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe sobre el aumento de  la tasa de encarcelamiento en el país “como consecuencia de las  políticas punitivas de seguridad y de ‘guerra’ contra el narcotráfico,  particularmente por la desfederalización de los delitos asociados a las  drogas”.

Hay condenas y condenas
Hay abuso de prisión preventiva, una figura que en los hechos oficia como “adelanto de la pena”, aunque nada asegure que el procesado sea finalmente condenado.

Para dictarla, el Juez de Garantías debe considerar que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Únicos requisitos, que no siempre se cumplen, sobre todo en tiempos de presiones y “condenas sociales” por adelantado. 

Tras los hechos de Pergamino, la “flexibilización” de detenciones vuelve a los Juzgados de Garantías, mientras en los distritos crece el número de aprehendidos por causas menores, como la tenencia simple de marihuana, procedimiento que algunos denominan “de falopa”.

“La provincia de Buenos Aires es un desastre y el Poder Judicial está lleno de hipócritas”, dijo, con bronca, un hombre del riñón de la Justicia.

Los Gobiernos dicen que no dan abasto, que la policía no alcanza y que están tratando de dotar de mejores herramientas para reprimir y prevenir el delito, con cierta inclinación hacia el primer verbo.

Cuando hay excarcelaciones, la gente se enoja. Los jueces dicen que ellos no dictan las leyes. Los legisladores no terminan de ponerse de acuerdo para debatir cuestiones de fondo y cuando comienzan se pierden entre las luces de los programas de televisión que en una hora del prime time pretenden resolver todo.

En el medio, mientras tanto, el vecino se encierra tras las rejas, no sale de noche, no se sienta en la vereda, desconfía del que pasa demasiado cerca y hasta se arma en defensa propia, con todos los riesgos que ello implica.

No sólo una fiscalía menos
San Pedro es el distrito de la región con mayor cantidad de delitos, en promedio y porcentaje. Representa más del 30 por ciento de las causas penales en trámite en el Departamento Judicial San Nicolás, que abarca además la cabecera, Baradero, Ramallo, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

La política descentralizadora llevó fiscalías a los distritos, pero los Juzgados siguen en la cabecera. A San Pedro le tocó una, que después fueron dos y llegaron a ser tres. Son las Unidades Funcionales de Instrucción 5, 7 y 11. Marcelo Manso, Gabriela Ates y Viviana Ramos, respectivamente. La del medio, ya no existe operativamente porque su titular enfrenta un jury.

La UFI 7 fue virtualmente desmantelada y su personal pasó a las otras dos fiscalías, que deberán absorber el trabajo.

El Poder Judicial no presta demasiada atención, pero San Pedro y Baradero –que tiene dos fiscalías más– tiene cierta condición de “paria”. Abandonados a su suerte, los fiscales reclaman la instalación de un Juzgado de Garantías para ambas ciudades.

Sin novedades, ni siquiera avanzaron los pedidos para dotar de más personal a las fiscalías. Aunque el Ministerio Público Fiscal aprobó la creación de cargos para el Departamento Judicial, los que quedaron en San Nicolás.

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