El nuevo esquema tributario buscará ser más efectivo con las grandes empresas
El proyecto de la Secretaría de Economía para las ordenanzas fiscales e impositivaes que adelantó La Opinión la semana pasada tiene aristas relacionadas con los contribuyentes que más deben pagar. Borgo quiere una tasa de seguridad e higiene más efectiva, menos descuentos y ya prepara una auditoría para Tipsa, la tercerizadora de publicidad y propaganda, que no recauda.
El nuevo esquema tributario para el Estado local que el Secretario de Economía Roberto Borgo explicó en exclusiva a La Opinión en su despacho dejó muchos temas para tocar. Uno de ellos, de los más importantes, tiene que ver con cómo hará el Ejecutivo para ir por los contribuyentes que mejores ingresos tienen y que más deberían tributar.
La tasa de seguridad e higiene tiene este 2013 la primera experiencia de cobro en base al cálculo de ingresos brutos para las grandes empresas, aquellas cuya facturación supera los 30 millones de pesos. Sin embargo, su cobrabilidad no ha sido buena y, por el contrario, ha generado más de un dolor de cabeza.
Borgo reconoció una “dificultad” con las grandes empresas. En principio, porque muchas de ellas han objetado administrativa y judicialmente la lógica de este gravamen, sobre todo apoyados en la situación provocada por el importante incremento que sufrieron de un año a otro.
Otra de las dificultades es que, “el principio fiscal es alcanzar lo que se produce acá”, según explicó Borgo, algo que no han podido cumplimentar: “Hay dificultades con algunas empresas y con los bancos, cuya información es de carácter reservado”.
Auditar a Tipsa
El derecho por uso de espacios públicos para publicidad y propaganda fue aprobado en 2004. Su cobro recién fue puesto en marcha en 2010, cuando fue aprobada la tercerización a la empresa Tercerización de Ingresos Públicos S. A. (Tipsa),
Su puesta en marcha fue polémica, ya que obligaba a todas las empresas que tuvieran carteles a la calle a pagarla y hubo muchas quejas de los comercios porque las grandes firmas les sacaban la publicidad, y porque este tipo de gravámenes siempre es objetable.
Lo que apareció como un derecho capaz de insuflar un volumen de dinero importante en el Presupuesto sampedrino, resultó un dolor de cabeza, un esfuerzo litigante importante y provocó que la performance de la empresa que tiene a su cargo el cobro comience a ser puesta en debate.
“Tenemos 2 millones de emisión de publicidad y propaganda y sólo 200 mil pesos de cobro, la empresa tercerizadora tiene algunas dificultades”, aseguró el Secretario de Economía Roberto Borgo a La Opinión.
En ese marco, el funcionario sostuvo que “el desempeño de la empresa está en duda” y anticipó que habrá una auditoria cuando en octubre venza la concesión. “Es una tasa muy importante con muy escaso cumplimiento”, reconoció.
Muchos municipios han implementado a lo largo del país y la provincia este gravamen. La mayoría ha tenido los mismos problemas: mucho litigio, baja cobrabilidad, dudas sobre las tercerizadoras
“Ya tenemos seleccionada una empresa que se dedica a hacer auditorias a empresas tercerizadoras de cobro de tributos públicos”, anticipó Borgo, quien señaló que “hay muchas objeciones administrativas y judiciales” de las que esperan buenos resultados para “dejar jurisprudencia asentada”.
Observar los descuentos
El Gobierno municipal analiza las ordenanzas fiscal e impositiva junto a los consultores Virginia López Cajigal y el especialista en sistemas tributarios municipales Germán Krivocapich.
La semana pasada, tras la publicación de La Opinión sobre el plan para “cambiar de raíz el sistema tributario”, como le llama Borgo al nuevo esquema, los consultores volvieron a reunirse con el Secretario de Economía y el Director de Rentas.
Uno de los temas que quiere observar Borgo es el de los beneficios para el buen contribuyente, ya que considera que el desorden es importante. Al respecto, explicó que cuando se anuncia un aumento como el votado para este año, del 45 por ciento, “no es lineal” ya que “hay una gran cantidad de descuentos que bajan el nivel de recaudación”.
“Las ordenanzas fiscal e impositiva están preparadas para los beneficios para el que paga pero no tenemos una estructura de control efectiva, que ahora estamos intentando profundizar, porque inspección no estaba abocada a esto, ahora lo estamos haciendo”, señaló.
La relación política
“El problema más grave que tenemos hoy es el de cambiar la idea de trabajo, no tener el Concejo Deliberante en contra, basado en los errores del Ejecutivo, que se han producido, sí, pero son parte de la gestión y parte de lo estructural”, analizó Borgo, dispuesto a hablar de política.
En su análisis, los ediles recibieron alguna que otra crítica: “En los últimos años no ha habido ordenanzas importantes, creció el turismo y seguimos teniendo muchos problemas estructurales, un acuerdo político debería plantearse una planificación a futuro y trabajar todos, ir a pedir todos”, dijo.
Para él, las responsabilidades son compartidas por todo el sistema político respecto de las cuestiones de fondo que no se han planteado. Han sido años de discusión sobre la coyuntura, mientras el tiempo pasa y los problemas se agravan.
“Ahora hay tiempo para explicarle a la comunidad que necesitamos hacer muchas cosas”, pensó en voz alta Borgo ante La Opinión y planteó: “Se han hecho cantidad de cosas, lógicamente las que surgen y salen son las malas. A veces no se ha planteado de manera eficiente lo que se necesitaba y por qué”.
Junto a Cheyllada y Ojea tienen la misión de mejorar la relación con los concejales. Saben dónde han estado los errores: “Hay que cambiar la forma de trabajo de esto: no entregar el presupuesto el 31 de diciembre a las 12 de la noche, por ejemplo, que haya tiempo para debatir y que podamos hacerlo en conjunto, la situación de crisis obliga a hacer cambios profundos y de raíz respecto de las causales de esa crisis, y hay cosas que van mucho más allá del Intendente”.
En el Concejo, tras leer La Opinión de la semana pasada, hay dudas respecto a la propuesta planteada y esperan más detalles cara a cara.