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jueves, junio 17, 2021
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El municipal de Santa Lucía imputado en el robo en Doyle, involucrado en la desaparición de un cuerpo del cementerio de la localidad

Aparece en la causa del asalto a la familia Oneto porque tiene un automóvil similar al que usaron los delincuentes para huir de la escena. Empleado en el cementerio de Santa Lucía, está involucrado en un caso en el que se investiga el cobro de una suma de dinero para reducir un cuerpo sin pasar por la Municipalidad. El ataúd había desaparecido y tras el airado reclamo de la familia, lo devolvieron. Nunca llegaron actuaciones para iniciar sumario.

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Tres empleados municipales fueron imputados por el fiscal Marcelo Manso en la causa que investiga el violento asalto a la familia Oneto en Pueblo Doyle. Uno de ellos trabaja en el CIC; otro en la Secretaría de Seguridad; el tercero, en la Delegación de Santa Lucía. El último está involucrado en otro caso grave: la desaparición de un cuerpo en el cementerio de la localidad.

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En el caso de la familia Oneto aparece investigado porque es propietario de un automóvil Chevrolet Corsa similar al que víctimas y vecinos aseguran haber visto como el vehículo utilizado por los delincuentes para huir de la vivienda tras el robo.

En el del cementerio de Santa Lucía, fue protagonista, junto a un compañero de trabajo, de una situación qeu debería haber llegado a instancia sumarial luego de que una familia reclamó por la aparición del ataúd con un cuerpo que ellos se habían ofrecido a reducir sin que el tema pase por los canales administrativos normales.

No es la primera vez que se denuncia que empleados de un cementerio cobran dinero por fuera del sistema oficial para reducir cuerpos.

La Opinión reveló un resonante caso ocurrido con la bóveda de Clodomiro Gómez. El ocurrido en Santa Lucía es similar, pero con el agravante de que el cuerpo estuvo “desaparecido” durante un tiempo.

Todo comenzó en tiempos de Luis Caramún al frente de la Delegación, cuando una mujer de más de 80 años fue abordada por empleados del cementerio de esa localidad, entre ellos el involucrado en el asalto a la familia Oneto, porque, según le dijeron, había que reducir el cuerpo de su esposo fallecido, que estaba en la bóveda familiar.

La octogenaria accedió y les pagó a ellos por la tarea, sin pasar por la Delegación municipal, es decir por fuera de las vías administrativas habituales. El cuerpo, le informaron, no podía ser reducido todavía, por lo que tenían que depositarlo en tierra “un tiempo”.

Ese fue el trabajo que hicieron y por lo que la mujer pagó.

Cuando la señora le contó a su hija lo que había ocurrido, ella fue a consultar y empezaron los problemas: en la Delegación nadie sabía nada del “contrato” ni del cuerpo del marido que había sido retirado para reducir.

No había respuestas. El tema no estaba asentado en los trámites de la Delegación que ahora conduce Jorge Mc Inerny. Los empleados aseguraban no saber nada al respecto.

El ataúd con los restos no aparecía y nadie se hacía cargo.

Pasaban lo días y nadie ofrecía soluciones. En la bóveda familiar faltaba un ataúd y los que habían cobrado para la presunta reducción tampoco respondían.

Las aguas se calmaron luego de que el hijo de la señora, que reside fuera de Santa Lucía, se presentó en la Delegación y ante Mc Inerny, que ya había asumido, en términos poco amigables exigió que solucionaran el asunto de manera urgente.

Y así lo hicieron: en 24 horas, el cuerpo apareció y lo devolvieron a su lugar de origen.

Por el caso debería haber comenzado una instancia administrativa de investigación sumarial en la Municipalidad. Sin embargo, a la Subsecretaría Legal y Técnica no llegó ninguna actuación sobre el tema, según confirmó a La Opinión la titular del área, Paola Basso.

Lo que sí hubo por parte de Mc Inerny, ante la falta de elementos para iniciar un sumario, fue la resolución de trasladar a los empleados sindicados por la familia en cuestión de esa área de trabajo, sin las bonificaciones correspondientes, y poner en su lugar a otros trabajadores de la Delegación.

El cementerio de Santa Lucía tiene el mismo problema que se presentó en el de San Pedro y provocó que contrataran una empresa privada de seguridad: tumbas, nichos y bóvedas vandalizadas para robar elementos de valor. “Un verdadero saqueo”, aseguraron en el pueblo.

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