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San Pedro
viernes, abril 23, 2021

El Gobierno debe información sobre la termoeléctrica

La primera etapa está casi concluida, sin que se haya expedido el Organismo para el Desarrollo Sustentable. Las dudas sobre la extracción y la devolución de aguas sobre el curso de un canal acuífero en la zona fueron respondidas por la empresa para llevar tranquilidad a la población. En Luján no autorizan el lugar de emplazamiento y en San Pedro hubo aprobación rápida para subsanar errores de acuerdo a la legislación vigente, que indica para ese sector “zona rural”.

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La distancia entre la nueva central termoeléctrica y la ciudad ayuda a que sólo quienes transitan sobre la ruta 191, a la altura de la Estación de Rebaje, vean los avances de una de las plantas que Araucaria Energy construye en territorio bonaerense.

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En apenas seis meses, el predio llano y accesible se transformó para la llegada de las megaturbinas que envió la empresa Siemens desde Alemania para sumar energía al Sistema Interconectado Nacional, con riesgos permanentes de colapso.

Ante la llegada de una inversión que según la empresa asciende a los 700 millones de dólares para las nuevas plantas, en esta etapa, el anuncio de obras por un período similar para la ampliación y la generación de más de doscientos puestos de trabajo obligaron al gobierno municipal y provincial a dejar pasar varios de los pasos que deben cumplirse para ajustarse a la ley y obtener los permisos necesarios de rezonificación, construcción, movimiento de suelo e impacto ambiental.

La licitación a la que convocó el gobierno nacional tuvo lugar en marzo de 2016, la obra se adjudicó en pocos meses y en mayo confirmaron el anuncio públicamente para las ciudades de San Pedro, Zárate, Luján, Pilar, Salto y Matheu. En marzo de 2017 ya habían comenzado los trabajos y las recorridas de funcionarios aunque la autorización, en el caso de San Pedro, recién llegaría en agosto con una ordenanza que dispuso la denominación de Zona D – Industrial exclusiva en lugar de “rural”, que es la que califica a ese sector del partido. Faltaban pocos días para las elecciones, de hecho –el  mismo día– el 11 de ese mes la planta fue visitada por representantes de la empresa, funcionarios municipales y provinciales. Así llegó la primera advertencia, ya que eran varios millones de dólares los depositados en ese predio sin que estuviese aprobada esa rezonificación.

Quedaba pendiente el permiso del Organismo Para el Desarrollo Sustentable (OPDS) que aún aguarda veredicto en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires al que le será difícil negarse tras una inversión de las proporciones anunciadas.

El Estado nacional hizo su parte al autorizar la eximición del pago de todos los derechos de importación y habilitar beneficios fiscales para las empresas que operan en Argentina, Araucaria y SPI (Siemens Power Interface), cuya explotación les corresponde por diez años a partir de enero de 2018.

El 17 de mayo, La Opinión y Sin Galera dieron a conocer la dimensión de la obra más importante de las últimas décadas en San Pedro a través de imágenes aéreas. Además de las fuentes de trabajo, los movimientos de transporte, seguridad, logística, arrendamientos, montaje y presencia de profesionales de todas las áreas, entre otros beneficios pudieron observarse varios canales de circulación de agua próximos y aptos para el circuito que toda termoeléctrica de estas características necesita para funcionar.

Cómo funciona y qué sucede con el agua

Las centrales termoeléctricas funcionan todas del mismo modo, cualquiera sea el combustible que utilicen. Se trata de un circuito o sistema de agua cerrado, que procesa hasta transformar el estado líquido en vapor, y es esa energía la que se utiliza para mover una turbina que genera electricidad.

“Pero para volver a entrar en uso, el vapor de agua debe ser condensado y vuelto a su condición inicial. Para ello las usinas termoeléctricas tienen condensadores, que se enfrían utilizando generalmente agua, de algún cuerpo de agua como un río, y es por ello que se localizan a la vera de un cauce de agua dulce o en regiones costeras. Es decir, agua de un ambiente natural, es pasada a través de los condensadores, y vuelta a verter en su ambiente natural. El agua del ambiente natural en este proceso, se calienta varios grados por encima de la temperatura original. Esa diferencia de por encima de la temperatura ambiental constituye una contaminación térmica”, explica Pablo Penchaszadeh, Doctor en Ciencias Biológicas y zoólogo argentino, en un artículo que describe la modalidad de generación de energía con asistencia de gas, petróleo o material radioactivo.

Según indica el especialista, la alternativa es la “construcción de sistemas cerrados de enfriamiento, que no utilicen agua que sea luego volcada al ambiente natural”, es decir una importante inversión adicional para evitar la contaminación. “Existen varios tipos de sistemas, que pueden implicar grandes superficies de terreno para el intercambio calórico con la atmósfera, o construcciones de gran altura.

Los limitantes son el costo de las obras de ingeniería requeridas y la enajenación de extensiones importantes de tierra”, completa.

Las consultas que este medio formuló a los responsables de la empresa obtuvieron respuesta que apunta a que la extracción se hace sobre la napa y que luego se vierten los líquidos sometidos a proceso de enfriamiento previo y purificación. “El agua que se vierte tiene temperatura ambiente; en las mismas condiciones en las que se extrajo, y en ninguna etapa del proceso el agua entra en contacto con aditivos o agregados químicos”, dijo quien está a cargo de la comunicación de Araucaria. En imágenes que se grabaron hace pocos días, los canales y el curso hídrico registrados en mayo sólo difieren en que ahora el lugar está tapado con tierra.

“El destino del agua que se vierte, previo filtrado en sistema de tratamiento, que lo lleva a condiciones obtenidas, es el arroyo El Tala”, informó el vocero de la empresa y aseveró que esa disposición final fue “aprobada por la Autoridad del Agua (ADA)”.

En Luján, por ahora no hay permiso

“Las leyes ambientales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, el Estado (Nacional, Provincial y Municipal) está obligado a brindar a la ciudadanía la información ambiental que solicite, de no hacerlo hay previstas sanciones; los estudios de impacto ambiental siempre deben estar entregados y aprobados antes del inicio de la ejecución de las obras; los ciudadanos no sólo tenemos derecho a la información sino a la participación, petición y denuncia (Ley 11723); y es más, volviendo a mirar esa ley, tenemos el deber de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente, con lo cual hacer llegar nuestros reclamos a las autoridades es a la vez un derecho y una obligación”, publicó hace pocos días el Doctor en Ciencias Biológicas y Vicedirector del Inedes, Fernando Momo, al ser consultado por periodistas de la ciudad de Luján donde, por ahora, está rechazada la localización de una planta termoeléctrica.

En esa ciudad hubo vaivenes políticos entre quienes firmaron rápidamente un permiso y los que revisaron después en qué condiciones se arrojarían las aguas al río Luján y cuáles serían las consecuencias de una radicación cercana al casco urbano. Hay intereses y discusión política de por medio.

La situación en San Pedro no es la misma, pero al revisar los requisitos se transforma en similar. Incluso cuando se analizan los argumentos plasmados en el texto de presentación de la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante para la rezonificación se advierte un desconocimiento profundo de las características del emplazamiento, su utilización y objetivo a punto tal de argüir que “reconoce” que la solicitud de autorización “está fundada en la necesidad de contar con una Planta de generación de Energía para el normal abastecimiento de nuestra Localidad y de las Localidades vecinas” (sic).

Para los concejales, el Sistema Interconectado Nacional es un misterio y los más de 100 millones de dólares invertidos en San Pedro serían para “dar luz a Río Tala, San Pedro, Santa Lucía, Pueblo Doyle, Gobernador Castro y Vuelta de Obligado”. Pero los ediles sampedrinos fueron más allá a la hora de dejar escrito en el archivo el grado de conocimiento con el que se expidieron sin siquiera preguntar si el certificado de impacto ambiental ante la provincia había sido tramitado: “La inversión proyectada, además de constituir una importante cantidad de puestos de trabajo de manera directa, no representa ninguna clase de molestia y/o inconveniente desde la perspectiva del uso del suelo”. Qué escribirán cuando evalúen lo sucedido en otras comunas y vean que esta necesaria e imprescindible obra necesita de controles para evitar daños al medioambiente. Quizás tomen apuntes en las delicadas agendas forradas en cuero con el nombre de la empresa pirograbado con la que algunos referentes de Cambiemos solían ir a sesión.

Las preguntas y las respuestas pendientes

En la ciudad de Zárate los pasos para la habilitación de la obra contaron en principio con autorizaciones preliminares que desembocaron en pedido de documentación a las empresas.

En ese municipio informan que la firma “presentó, por un lado los planos de obra para el visado previo, y por otro una solicitud de permiso para realizar tareas de movimiento de suelo. Por el primero, se realizan observaciones y se constató que la documentación está incompleta. Para poder aprobar estos planos la empresa debe completar la documentación y pagar los correspondientes derechos de construcción, ahí puede comenzar la obra”, indicaron a mediados de 2017 cuando ya estaban concluidos todos los trabajos de movimiento de suelo.

En cuanto a las preguntas vele la pena reproducir las que formula en el portal “El Civismo” de Luján el Investigador Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Fernando Momo.
“Como ciudadanos nos asiste el derecho de reclamar a las autoridades esa información. No es una opinión, es lo que dice la Ley 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, la cual recomiendo leer completa. Algunas cuestiones son básicas y de orden legal: ¿existe el estudio de impacto ambiental?, ¿fue aprobado, y en tal caso por qué autoridad? (recordemos que quienes quieran radicarse en territorio provincial para generar energía deben solicitar concesión o permiso al Ente Provincial Regulador Energético previa evaluación de su impacto ambiental, según la Ley provincial 11723). Si suponemos que tal estudio existe, deberíamos saber qué dice acerca de varias cuestiones: ¿Cuál sería la cantidad de combustible almacenado en el predio? ¿Qué combustible? ¿Qué protocolos se previeron en el proyecto para casos de derrame, incendio o explosión? ¿Cuál sería la composición prevista de los efluentes gaseosos de la combustión? ¿Se previeron filtros de esas emanaciones o posibles alternativas tecnológicas para minimizar su impacto? ¿Podrían existir efluentes gaseosos que contuviesen compuestos de azufre, nitrógeno u otros elementos capaces de dar origen a lluvia o neblina ácida?  ¿Se utilizaría agua para la refrigeración? ¿Cuánta por día? ¿Cuál sería el eventual diseño de perforaciones, monitoreo de la extracción, protocolos de análisis para cautelar no sólo la cantidad de agua utilizada sino el mantenimiento de la calidad del acuífero. ¿Cuáles son los efluentes líquidos previstos y en qué cantidad y condiciones?”, a esas preguntas se deben pedir respuestas.

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