El acuerdo Monfasani-Guacone, en peligro por la interna del Presupuesto
El viernes fracasó inesperadamente la posibilidad de tratar las ordenanzas fiscal e impositiva, lo que provocó un tenso clima dentro de las tres fuerzas políticas que conforman el acuerdo de gobierno que lideran Guacone y Monfasani. El Ejecutivo decidió modificar la alícuota para la tasa que grava el turismo y ahora hay incertidumbre respecto de cómo va a votar cada bloque. La interna dentro del gabinete, en su punto más álgido.
Pasaron diez días desde que el Gobierno municipal entregó los polémicos proyectos de ordenanzas fiscal, impositiva y el cálculo de recursos y gastos para el año que viene. En esos días pasó de todo. Desde movilización de prestadores, a protestas de los contribuyentes y hasta un spot publicitario que protagoniza como radionovela la ex concejal Norma Atrip hablando del encarecimiento de la factura de luz porque Guacone incorporará el pago del alumbrado público en las boletas mensuales.
El lunes de la semana pasada habían dado ingreso formal a los expedientes. El miércoles dictaminaron. El viernes fracasó la sesión extraordinaria por falta de quórum (ver aparte). Ayer todo cambió: el Secretario de Gobierno Javier Silva anunció que el Gobierno dará marcha atrás en el gravamen para la actividad turística (ver página 2), por lo que todo volvió a fojas cero.
Todo es todo: en el gabinete municipal, las dos alas peronistas (el equipo de Matías Monfasani por un lado y los cercanos al exsecretario de Gobierno Pedro Restelli por el otro) expresaron internamente su queja por la decisión que Guacone tomó la noche del lunes, cuando decidió que había que modificar la forma de calcular lo que deberán pagar los prestadores turísticos.
El gabinete era un caos ayer por la mañana, en un acuerdo político que comenzó a mostrar sus grietas cuando Matías Monfasani endilgó a Casini la falta de control en su “tropa propia”, al no poder garantizar que Damián Mosquera acompañe.
Todas las voces, todas
Dentro del oficialismo ampliado, las declaraciones de Silva anunciando el paso atrás no cayó nada bien. Muchos se sintieron desautorizados, especialmente dentro del Frente para la Victoria. Es que en medio de un álgido debate con la oposición, le había tocado a Daniel Monfasani ser el defensor del proyecto guaconista.
Sin dejar de lado las críticas por el mal manejo de los fondos, el Presidente del Concejo Deliberante fue la voz en los medios –excepto en La Opinión y La Radio, con los que no habla desde que asumió– para sostener la necesidad del incremento de tasas.
Por ejemplo, dijo a El Imparcial que “el Municipio está en situación de quiebra y hay que sacarlo”. Explicó que “las tasas vienen desfasadas en un 80 por ciento” y que “cuando decís a la gente que el aumento es del 60 por ciento, se asusta”, pero que “en realidad va a ser un aumento de entre 25 y 30 pesos por mes”
Con Artenzio que tomó licencia para no votar, Mari que hizo lo propio porque no estaba de acuerdo, Mosquera que quería una modificación para acompañar, Nicolás Macchia que hizo cuestionamientos aunque iba a votar favorablemente, ahora le toca al Ejecutivo recorrer edil por edil para acordar la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva que luego deben votar los Mayores Contribuyentes y que habilitarán el Presupuesto 2013.
Al salir de aquella fallida sesión, Macchia dijo que “se tendrá que trabajar si se genera una nueva propuesta y tener quórum” para “tener un presupuesto, porque sería ilógico que la Municipalidad no lo tenga”. De la misma manera, considerró que hay “cosas a reflexionar” y opinó que tal vez hubiese sido preferible “un escalonamiento e ir demostrando hechos para ir subiendo las tasas”.
Repitió que son “deficitarias” pero sostuvo que “es cierto que el Municipio se ha caracterizado estos últimos años en gastar mal y de más, y la intención es que no se despilfarren los fondos públicos”.
Por su parte, la oposición dijo a través de Sergio Rosa que consideraba “oportuno que haya una reflexión y un replanteo”, aunque señalaron que “debería extenderse a otros conceptos de la ordenanza impositiva, esencialmente a la magnitud que se le pretende cobrar al contribuyente”.
En ese sentido, el Frente de Todos quedó a la espera de lo que pueda suceder respecto a las modificaciones. “Hay que ver cuánto es lo que quieren modificar y si es esto solo, nuestros reproches a la impositiva no pasaban sólo por la tasa de seguridad e higiene y a ciertos comercios”, aclararon.
Oficialista pero disidente en este tema, Sandra Mari dijo a La Opinión que en caso de modificación “todo se puede rever” y que está “abierta al diálogo”, por lo que podría sentarse en la banca para dar quórum y acompañar el proyecto. De cualquier manera, su posición contraria a la ordenanza impositiva obedecía fundamentalmente a que “están afectando a la clase trabajadora” porque “el aumento del 60% en las tasas es excesivo”.
La interna del gabinete
Dentro del Ejecutivo hay posiciones encontradas. Por un lado, Javier Silva, Fabián Bianchi y Carlos Casini van por la modificación. Tienen el apoyo de Dalmy Butti y de Mario Bernasconi. Los llaman “los rubios” del gabinete.
En el grupo de “los técnicos”, nucleados en torno a Economía y Hacienda se sorprendieron por las declaraciones de Silva de ayer a la mañana. Incluso hubo quienes escucharon dentro de esa secretaría que no estarían dispuestos a tocar una coma del proyecto. El argumento es que técnicamente está todo dispuesto y que a esta altura cualquier modificación generaría un caos en el sistema, que por otra parte estaba siendo acondicionado para la nueva recaudación. Además, el número de lo que esperan cobrar es con el que cuentan para pensar el futuro.
En el ala peronista la visión es la misma, pero con un trasfondo político. Comandan esas visiones Pedro Restelli –el encargado de negociar con los diversos sectores la inclusión conceptual de la política en los números– y Matías Monfasani, el responsable de sumar la experiencia Tigre en la formulación del recálculo para la tasa de seguridad e higiene y la inclusión de los prestadores turísticos.
Para ellos, la mirada política es la que primó en la elaboración del Presupuesto y para graficarlo brindan los ejemplos más contundentes. Los datos que defiende el peronismo dentro del Gobierno son por ejemplo el caso de Papel Prensa, que por la tasa de seguridad e higiene paga aproximadamente 24.000 pesos mensuales, menos de 300 mil al año. Con la nueva fórmula, y de acuerdo al cálculo que hicieron en el gabinete de la facturación anual, pagaría unos 5 millones de pesos anuales que irían a las arcas públicas.
De la misma manera, calcularon que la tasa para los areneros dejaría casi 4,5 millones de pesos al año. El cálculo es por 200 camiones areneros por día, que pagarán –si se aprueba la impositiva– unos 60 pesos cada uno, es decir 12 mil pesos diarios, 360 mil mensuales.
Para el Secretario de Coordinación Matías Monfasani, “los que se escudan en el no al 60 por ciento de aumento de tasas defienden otros intereses”, según dijo a La Opinión el funcionario, que a diferencia de su padre sí acepta las consultas de algunos periodistas de estos medios.
Respecto a esa “defensa de intereses”, cerca del joven Secretario se quejaron: “Si fuera al revés qué, ¿estarían instaurando que nos pusieron plata a nosotros para no dar quórum?”, dijeron y vincularon la negativa de los concejales opositores y oficialistas que no apoyaron a ciertas “relaciones” con algunos afectados por la tasa.
Claro que hay otros ejemplos que no son como los citados para justificar el aumento en las tasas y que precisamente ese tributo no tiene contraprestación alguna al tener como base de cálculo la cantidad de empleados de cada comercio que conlleva una gran evasión, pero para ello hay que leer la nota de los afectados por prestaciones turísticas en página 2.