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viernes, junio 18, 2021
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Denunciaron a Salazar ante el Tribunal de Cuentas por el déficit y los reintegros

La oposición hizo una presentación ante el organismo provincial que audita las finanzas públicas municipales, luego de no participar de la sesión donde se trató la Rendición de Cuentas porque, según expresaron, no tuvieron el tiempo suficiente para revisar las órdenes de pago. En la presentación acusan al gobierno y al bloque oficialista de poner trabas a su tarea de control y piden al Tribunal de Cuentas que analice lo que consideraron “gastos reprochables”.

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Tal como adelantaron cuando se retiraron de la sesión en la que el oficialismo aprobó la Rendición de Cuentas del deficitario ejercicio 2017, la oposición denunció al intendente Cecilio Salazar ante el Tribunal de Cuenta, organismo provincial que audita las finanzas municipales y que, luego del tratamiento del Concejo Deliberante, tiene la responsabilidad de analizar la ejecución de recursos y gastos del gobierno.

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El martes por la mañana, los concejales Rodolfo “Titín” Trelles, Martín Baraybar, Soledad Llull y Florencia Sánchez, miembros del bloque Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana,  entregaron a la Auditora Jefa de la Delegación Zárate del Tribunal de Cuentas, contadora Mónica Berra, una carpeta con la denuncia acerca de “anormalidades” durante el tratamiento del expediente. Allí dan cuentas de “innumerables irregularidades y gastos reprochables” en las que habría incurrido el gobierno de Salazar en el año electoral en el que la comunidad revalidó su mandato con más del 60 por ciento de los votos.

“El bloque FPV-UC presentó la denuncia correspondiente ante la delegación Zárate del Honorable Tribunal de Cuentas respecto del tratamiento y las irregularidades encontradas durante el mismo.  El bloque fue recibido por la jefa de la delegación Mónica Berra por más de una hora y media, a quien se le elevó la denuncia y se le dieron las explicaciones y ampliaciones correspondientes”, informaron desde la oposición.

“El primer dato que llama la atención es el altísimo déficit”, señalaron en la presentación, en la que advirtieron por los reintegros, una metodología que, denunciaron, “evita los controles lógicos que la administración municipal tiene a la hora de definir en qué, cómo y a dónde se realizan los egresos”.

Además, señalan que faltan 70 decretos en la publicación oficial que hace el gobierno en su página web; el importante uso de fondos afectados para gastos corrientes y la justificación sobre la que llamó la atención La Opinión: la ordenanza de emergencia económica que perdió vigencia en julio de 2016.

Tras una enumeración de los sucesos que derivaron en la sesión de la que se retiraron, y en la que señalan que nunca les habilitaron todos los módulos del Rafam ni les dieron el tiempo suficiente para estudiar la documentación de las 1.594 órdenes de pago que solicitaron de las casi 19.000 del ejercicio, expusieron “diferentes irregularidades encontradas durante el tratamiento anómalo que pudimos tener”.

Allí hablan de “anormalidades de forma”, de “decisiones en el gasto imprudentes y políticamente reprochables para un municipio que se encuentra en una situación económica y financiera delicada”. La oposición le dijo al Tribunal de Cuentas que el segundo año de gestión de Salazar terminó con más de 100 millones de pesos en rojo. “El mayor y más doloroso déficit de la historia de nuestra ciudad”, aseguraron. En ese sentido, señalaron que el gobierno hizo “un irresponsable uso de los dineros públicos, empeñando los dineros y el futuro de los sampedrinos por un largo tiempo”.

Entre los puntos cuestionados destacan el altísimo porcentaje de insuficiencia en la estimación presupuestaria. Como señaló La Opinión en su primera nota de análisis de la Rendición de Cuentas, el gobierno había previsto gasto por 606 millones pero ejecutó 908 millones, un 66 por ciento más.

En ese punto, la gestión Salazar – Sánchez Negrete fue peor que la de Guacone. Según datos del propio Tribunal de Cuentas, disponibles en la nueva página web del organismo, que tiende a transparentar la gestión al poner al alcance de todos la información de los 135 municipios, San Pedro tuvo una insolvencia en la estimación presupuestaria de 2016 del orden del 59,92 por ciento. Durante el interregno del suplente Giovanettoni, con Roberto Borgo en Economía, había sido del 15,76 %.

En los cinco años de Guacone el índice fue del 34 % en 2010 (con Génova como secretario de Economía); 37 % en 2011 (Esperante); 19 % en 2012 (Esperante); 12 % en 2013 (Gil); 25,24 % en 2014 (Borgo).

La oposición planteó al Tribunal de Cuentas su sorpresa por los más de 2,7 millones de pesos que corresponden a reintegros de funcionarios del gobierno, con montos que llegan hasta los casi 600.000 pesos, como en el caso del denominado “Príncipe de los rentegros”, el exsecretario Privado y de Prensa, Jonathan Galván.

Contabilizaron $ 65.800.000 desviados de las cuentas de recursos afectados, entre ellos del Fondo Educativo, para pagar gastos corrientes, generalmente para cumplir en tiempo y forma con los salarios de los trabajadores y de los funcionarios y concejales, que nunca tuvieron el gesto de hacerse eco del denominado “ajuste de la política”.

Incluso llamaron la atención por el decreto que modificó el gabinete, donde la reducción de cargos fue mínima y en el que aparece un artículo en el que se señala que no se modificará la situación remuneratoria de un secretario que pasó a ser subsecretario (Alfredo Camilletti) y de un subsecretario que pasó a director (Fernando Negrete), quienes según ese instrumento administrativo habrían seguido cobrando el sueldo del rango que ostentaban antes.

Sobre los fondos afectados, también señalaron que el secretario interino de Economía, Hernán Abatángelo, reconoció el uso de ese dinero para gastos corrientes. “En el análisis de las órdenes de pago solicitadas se detectaron compras de refrigerios para reuniones entre funcionarios locales donde los gastos se aplicaron a fondos afectados municipales”, sostuvo la oposición.

“Las maniobras del Departamento Ejecutivo y del bloque oficialista del Honorable Concejo Deliberante han imposibilitado hacer un análisis serio de las cuentas municipales”, sostuvo la oposición en su presentación.

El texto termina con una acusación al gobierno de Cecilio Salazar por parte del bloque opositor: “Hemos podido detectar innumerables irregularidades y gastos reprochables”.

La denuncia espera que el Tribunal de Cuentas “pueda llevar luz sobre cómo, en qué y de qué manera se utilizaron los dineros de los sampedrinos, ya que tristemente a nosotros se nos impidió deliberadamente”.

La culpa no es del chancho

Tras la publicación que hizo este semanario de facturas de proveedores por gastos que aparecen cuestionados, es necesario una aclaración importante: “la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer”, como dice el refrán popular.

Entre los tickets a los que accedió La Opinión hay de panificadoras, carnicerías, bares y restaurantes de San Pedro y otras ciudades. En algunos hay detalles acerca de lo que consumieron los funcionarios que luego pidieron el reintegro a la Municipalidad. En otros, apenas generalidades, lo que puede provocar suspicacias en quienes los analice.

Entre quienes llegaron a esta redacción por el tema figura la titular del bar Plaza, Gabriela Hainez, que con buen tino dijo: “Yo sólo vendí sándwiches y los cobré”. No hizo más que lo que corresponde, como tantos otros proveedores.

El vínculo que alguna vez unió a su familia con la de Jonathan Galván y Pablo Quiroga –el “Rey del palito” y suegro del exsecretario de prensa estaba casado con su hermana– no debería ser motivo de señalamiento, más allá de ser un dato objetivo.

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