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sábado, febrero 27, 2021

Datos privilegiados para usurpaciones céntricas

Durante el 2016 fueron más de una decena las propiedades usurpadas en sectores de alta valuación y ubicación estratégica. No son las únicas pero sí las que repiten la modalidad de ocupación repentina y escasa intervención para recuperarlas por las condiciones legales en las que se encuentran. En pocos días se pone en marcha un relevamiento para facilitar el acceso a las escrituras que promueve el estado local. Cuáles forman parte del interés social y cuáles la de las especulación inmobiliaria, incluida la de calle San Martín al 200 que fue recuperada por milagro el pasado jueves.

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Muchas de las usurpaciones perpetradas en los últimos años dejaron de ser una cuestión de desesperación por un terreno o vivienda en tiempos de crisis para transformarse en un negocio inmobiliario que obligatoriamente requiere de datos precisos para prosperar.

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Mientras el municipio comienza a relevar varios barrios donde las propiedades en asentamientos o terrenos se subdividieron y hasta lotearon; en el centro y en el campo, la actividad de los ocupas crece al ritmo de información calificada y condiciones legales óptimas para el negocio.

Las viviendas construidas por el Estado llegaron en el mercado de los más necesitados a ofertarse por el valor de una moto. Los terrenos, a subdividirse entre varias familias de personas jóvenes; y la toma violenta de casas precarias, a formar parte de un sistemático avance de delincuentes que atemorizan a dueños o inquilinos.

Un caso de referencia fue el reportado por La Opinión en su edición 971, cuando varias familias se asentaron en terrenos de calle Bozzano al 1100, donde vivía la familia Oilher. La nota relata textualmente: “Oilher fue internado con lesiones por quemaduras sufridas luego de que en la madrugada le fuera incendiado su vehículo Ford Falcon en el garage de la casa que habita en Bozzano al 1100, en el propio terreno donde fueron emplazadas las precarias viviendas de los usurpadores. El incendio fue precedido por constantes hostigamientos a la familia, con piedrazos en el techo y en los vidrios, lo que tenía atemorizado a Oilher, que vivía en esa casa junto a su hija menor". Vivía. Porque un jueves, junto a su familia, decidió derrumbarla. “No nos quedó otra”, dijo su hija, antes de afirmar: “Estamos felices de haber salido de ahí. Es un alivio”.

Casi siempre naturalizar la situación, y eludir con suerte las consecuencias con las que la Justicia debería resolver cada caso, habilita a pensar que con impunidad quienes más posibilidades económicas tienen adoptan conductas perversas para hacerse con propiedades que ellos mismos mandan a ocupar por jóvenes y niños pequeños. “Qué me va a pasar, a lo sumo me voy, preso no me van a llevar”, confesó la semana pasada un chico de 22 años que estuvo junto a su pareja en una vivienda de calle San Martín 265, donde durante años funcionó la conocida peluquería de Di Diego.

Lo mismo dijo en julio de 2016 una mujer joven que llegó con cinco chicos a un domicilio de Obligado al 800. Una casa de once ambientes que hasta hoy sigue habitando porque ni siquiera hay reclamos para recuperarla ya que su único dueño y heredero es una persona que sufre de una discapacidad mental y está internada en un instituto de rehabilitación. Tienen luz y cable clandestinos, entre otros servicios.

Usurpar con miedo
“Por favor venga, no quiero que nadie nos vea. Saque a la gente”, fue el mensaje que una mamá adolescente pronunció llorando cuando decidió junto a sus acompañantes abandonar la vivienda que había usurpado el día anterior. Se trata de una casa ubicada en San Martín 255, lindera a la propiedad que alquilaba uno de los sindicatos de trabajadores municipales que comenzó su mudanza ese mismo día. Según pudo corroborar este medio, los jóvenes ingresaron tras barretear una ventana trasera que da al sector de comedor.

Una hora antes, desde la puerta de servicio de hierro con ventana de vidrio moldeado que da al amplio jardín se escuchó: “Estoy dispuesto a matar o morir, nos vamos a quedar, tenemos chicos y derecho a un techo”. Era la advertencia de un joven que luego se supo tiene 22 años, cuerpo menudo y voz mucho más tenue que la que intentó simular mientras se mantuvo dentro del inmueble.

La propiedad pertenece a una única heredera que vive en Estados Unidos y que viajó en diciembre tras el fallecimiento de su tía, dejando en manos de la Inmobiliaria Sánchez Negrete y de una abogada el trámite sucesorio para proceder luego a la venta.

Los vecinos fueron custodios y alerta de la situación que obligó al martillero a formular una denuncia que finalmente no derivó en investigación alguna, ya que los ocupantes se retiraron por sus propios medios. Adentro quedaron los rastros de una noche en la que con gas y luz pudieron albergar a al menos dos niños y una beba que durmieron sobre colchones que había en el piso.
Un florero y un cuaderno con teléfonos y direcciones agendadas habían sido parte de la curiosidad de los moradores que no vacilaron en apagar las colillas de cigarrillos en el mismo lugar en el que

pasaron la noche.
Una vez que se fueron, el dueño de la inmobiliaria llegó al lugar con las llaves y recorrió los ambientes. Tres habitaciones estaban cerradas con llave mientras que baño, cocina, comedor, antepatio dependencias de servicio y living oficiaron de hogar para los ocupantes. El galpón ubicado en un extremo del patio también había sido violentado.

La policía llegó más tarde, tomó fotos y se retiró sin más tarea que la de haber pasado un mal momento cuando más temprano les advirtieron al grupo de jóvenes que habían cometido un delito.

Casi como si nada hubiese sucedido cada uno se retiró del lugar e incluso los vecinos se vieron sorprendidos porque prácticamente se tuvieron que ocupar del seguimiento y contención del caso a punto tal de ofrecer un vaso de jugo de naranja para calmar el calor de la tarde que mantenía a periodistas de este medio tomando imágenes y preguntando quién había proporcionado los datos exactos a las tres parejas que se mostraron confiadas en poder permanecer en propiedad ajena y sin molestias.

Con muchas similitudes a otros casos, la entrega de datos privilegiados circula por geriátricos, centros de salud, estudios de abogados, oficinas contables, inmobiliarias y especuladores que envían a los usurpadores que más tarde recibirán alguna paga por la comisión de un delito que si sale bien, mejor, y si sale mal sólo se paga con volver al lugar de origen y sin un expediente judicial iniciado. Los que con decencia desempeñan sus profesiones y trabajos saben que “hay impunidad”.

5 DE OCTUBRE DE 2005

Hace más de doce años y ante un plan de escrituraciones que contaba con el aval de la Provincia y varios organismos, fue tapa de La Opinión cuando desde la propia Dirección de Rentas de la Municipalidad lograron aportar información sobre personas que siempre iban a averiguar datos catastrales y deudas de inmuebles para luego escriturarlos a su nombre. Que la historia se repita y sea el Estado comunal el que impida el acceso a propios y extraños.

Réquiem para un hombre generoso

En el año 2010 la familia Oilher fue víctima de la usurpación del terreno en el que estaba construida su casa. El hombre falleció un año después. “A los 67 años y luego de que su salud se viera deteriorada por las diversas situaciones a las que se vio sometido producto de la usurpación, falleció Don Oilher, un jubilado que trabajó en la curtiembre de Begino, en la Cooperativa Eléctrica, que realizaba viveros en los terrenos de su casa, que hoy siguen usurpados, es decir en la misma situación que meses atrás, transformados en un asentamiento del que nadie se hace responsable pese a que, en muchas oportunidades, Juan Carlos acompañado por Eduardo Polimante presentó un pedido de venta del terreno al Municipio para que disponga de ellos para la creación de un plan de viviendas”, publicó La Opinión en su edición del 13 de julio de 2011.

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