Clausura, desocupación y playa pública para Pesca y Casting
El litigio entre el Consorcio de Gestión del Puerto y la comisión directiva del club tiene sentencia firme con orden de desalojo. El Municipio clausuró la actividad comercial por falta de habilitación. Desde hace meses, el Gobierno trabaja para convertir ese espacio en una playa pública. Las irregularidades de un asociación civil que funcionaba como una empresa familiar.
El Gobierno y el Consorcio de Gestión del Puerto acordaron la creación de una playa pública en el club Pesca y Casting, cuya concesión para funcionar en el predio donde está instalado venció hace años. La sentencia judicial en el litigio por ocupación irregular que obliga a la comisión directiva a desalojar, precipitó el proyecto, que la Dirección de Turismo espera implementar en enero de 2018.
El puerto público reclama ese espacio desde hace años. La gestión de Mariano Veiga fue a la Justicia porque los que conducían el club no estaban dispuestos a devolver el inmueble tras el vencimiento de la concesión. Cuando Horacio Frangi –que seguía de cerca el tema como miembro del Directorio por Caproem– asumió como presidente del Consorcio se encontró con que todo seguía igual.
La sentencia judicial ya estaba. El Gobierno y el Puerto buscaron una salida pacífica con los “dueños” de la comisión directiva. No la hubo. Durante el fin de semana, cuando la decisión de clausurar y desalojar estaba tomada, los miembros de la asamblea de Pesca y Casting mantuvieron su posición y hasta les dijeron a los socios que estaban en el predio que nada sucedería.
El martes, inspectores de la Municipalidad y Policía se hicieron presentes para clausurar el camping por falta de habilitación comercial. Fue el primer paso para la recuperación del predio y el puntapié inicial para el proyecto de playa pública, que será para la gestión Salazar la concreción de un reclamo ciudadano persistente y el cumplimiento de una promesa que hasta ahora parecía fallida.
Faja de clausura
El martes, Pesca y Casting fue clausurado. El club no tenía habilitación vigente en Comercio. La Dirección de Rentas firmó las fajas, que fueron colocadas en la reja del portón de acceso y en la puerta de la administración / recepción.
La Comisión Directiva, a través de su abogada, estaba advertida acerca de que esto sucedería. Sabían que se tenían que ir por las buenas o los sacarían compulsivamente. Eligieron el segundo camino.
El camping no tenía habilitación y nunca la tendría. Para obtenerla, deberían contar con el permiso de uso del espacio portuario, algo que el Consorcio no otorgaría bajo ningún punto de vista.
Más aún: el Puerto le reclama a Pesca y Casting más de 2.700.000 pesos por canon no pagado. Una nota que recibió la comisión directiva y cuya copia tenían otros socios advertía que si los responsables del club no se hacen cargo de la deuda, deberán hacerlo aquellos que son representados por ellos, es decir todos los socios.
Una vez puestas las fajas de clausura, el predio quedó cerrado. El Juez de Faltas firmaba ayer una autorización para que los socios pudieran retirar sus pertenencias: automóviles, lanchas, casas rodantes. En el lugar también hay casillas prefabricadas propiedad de quienes sostenían el funcionamiento del camping.
En busca de un acuerdo
Luego de que los inspectores procedieran a la clausura, un grupo de socios, casi todos oriundos de Buenos Aires, que estaban en el camping fue recibido por el secretario de Gobierno Silvio Corti.
“Se tienen que ir todos, no queda nadie. A la noche no debe quedar nadie adentro”, le explicaron esos socios a otros en las puertas de Pesca y Casting y ante La Opinión. “Habrá policía. El Juez dará una autorización para que retiren las cosas, con plazo”, agregaron.
De la reunión con Corti se fueron con la información acerca de que “el Gobierno espera que el Puerto pase la administración del predio a la Municipalidad para hacer efectivo el proyecto de la playa pública”.
“Uno se puede llevar el vehículo, la lancha y la casilla rodante, con los certificados de dominio. Vamos a tratar de arreglar con la municipalidad, para seguir pagando lo que pagamos hasta ahora, para que nos quedemos”, explicó a este medio uno de los socios que estuvo en la reunión.
“El camping, baños, confitería, quincho, todo para la municipalidad, y nosotros seguiríamos pagando como hasta ahora. Dividir un sector en el que puedan estar las casillas y que el
resto lo mantenga la municipalidad”, dijo el mismo socio.
Un negocio para pocos
Ese socio y la señora que estaba a su lado, que también tiene casa rodante, pagaban hasta ahora 1700 pesos a la comisión directiva. Los empleados revelaron que son alrededor de 60 las casillas y 400 los socios que pagan su cuota. Estiman que, en promedio, la caja mensual podría ascender a los 150 mil pesos.
Pesca y Casting sólo paga el servicio de agua corriente y el poco dinero que se llevaban al bolsillo los trabajadores, todos precarizados.
La recaudación era depositada en una cuenta del banco Nación cuya titular es la señora Elsa Nielsen, tesorera de la comisión directiva y, según dijeron en el club, empleada de una sucursal de esa entidad “en Buenos Aires”.
La docente Lorena Milesi –que el sábado pidió licencia porque viajaba “a Estados Unidos, de vacaciones”, según contaron en el lugar– es la presidenta. La cuenta bancaria está registrada en la sucursal Plaza de Mayo del banco Nación, en Capital Federal.
Los socios tienen dudas acerca de dónde iba el dinero que pagaban. De hecho, empezaron a cuestionarse la veracidad del último balance. Conversaciones con los empleados revelaron cosas extrañas: por ejemplo, que la recepción la habrían pintado dos trabajadoras del camping y no el pintor que figura en los registros de la comisión; o que los alrededor de 100 mil pesos para la mejora de la playa que dicen haber gastado no superaría los mil pesos por cada uno de los tres camiones que llevaron arena hasta allí.
“Vamos a ir a la AFIP”, advirtió uno de los que el martes tenía sus cosas dentro del predio.
Los empleados reclaman indemnización y meses adeudados. El sábado, una de las recepcionistas fue “suspendida” porque “le dijo a los socios lo que estaba pasando”.
“A nosotros no nos dicen nada. La comisión nunca nos dijo nada, no hablan con nosotros. Ellos decían que no se iba a cerrar. No sé qué vamos a hacer los cinco que trabajamos acá”, dijo uno de los trabajadores. Hay empleados de dos años de antigüedad, de un año y otros de pocos meses.
“Nosotros queremos cobrar lo que nos deben. De la Municipalidad no hablaron con nosotros. Vamos a quedarnos acá hasta que la comisión nos pague. Nosotros queremos que nos paguen, queremos seguir trabajando, tenemos experiencia, quizás la municipalidad venga a hablar con nosotros”, agregaron.