Camioneros: Viviani pide la prisión preventiva tras imputarles un delito más grave a Cabaleyro y Espíndola
La fiscala decidió agregar a los delitos de los que acusa a los sindicalistas el de "extorsión por suscripción de documento con efectos jurídicos", que tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión, lo que agrava la situación de ambos. La semana que viene será la audiencia en la que la jueza deberá resolver si los mantiene presos hasta el juicio.
El domingo vence el plazo de ley previsto para que la fiscala María del Valle Viviani presente la solicitud de prisión preventiva, expediente que ingresará formalmente el lunes. A partir de allí, la magistrada a cargo de la causa, María Eugenia Maiztegui, deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los imputados expondrán sus argumentos.
Vivani pedirá que permanezcan detenidos hasta el juicio. El Código Procesal Penal bonaerense prevé una duración máxima de la prisión preventiva de ocho meses, plazo que Fiscalía tiene para completar su investigacion y solicitar la elevación a juicio, y que puede ser prorrogable pero debe haber una nueva audiencia.
Lo más relevante de esta semana, camino a la audiencia de la próxima, fue que tras el allanamiento en la sede central de Camioneros ante el mismísimo Hugo Moyano, Viviani resolvió imputarles un nuevo delito a los detenidos Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, puesto que la documentación que halló durante el procedimiento la habilitó.
Además de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, ambos sindicalistas están ahora imputados por un delito que tiene una pena de entre cinco y 10 años de prisión, es decir que el mínimo implica que no es excarcelable: extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico.
Es que durante el allanamiento en la sede central de Camioneros, Viviani encontró los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso de dinero pagado por la empresa Rey Distribución pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la “coima” que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.
Para Viviani, esto podría configurar el delito de extorsión que prevé el artículo 168 del Código Penal, que señala que será reprimido con entre cinco y diez años de prisión que con intimidación o violencia obligue a otro a suscribir documentos que produzcan efectos jurídicos.
Durante el allanamiento en Buenos Aires, Viviani llegó con la orden de secuestrar todo los libros contables y planillas “donde surja deuda de aportes gremiales, sindicales y diferencias salariales de la empresa Rey Distribución SRL, equipos informáticos en los que pudieran estar almacenadas las constancias donde surge la supuesta deuda”.
Cabaleyro y Espíndola fueron convocados por Viviani este miércoles a Fiscalía General para ampliar su declaración indagatoria, puesto que tenía que ponerlos en conocimiento de este nuevo delito que se les imputa en el marco de la misma caua y a partir de los nuevos elemento probatorios reunidos.
Aunque con menos presencia que el día que declararon en San Pedro, integrantes del Sindicato de Camioneros de San Nicolás acompañaron en esa ciudad la comparecencia de los detenidos ante Fiscalía. En este caso también impidieron el trabajo de la prensa, según reportaron desde el diario El Norte, a cuyos reporteros gráficos no les permitieron cumplir con la tarea que tenían prevista.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión