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domingo, junio 13, 2021
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Buscarán trabajo para beneficiarios de ayuda social en el sector privado

El Municipio brinda asistencia a personas a través de una ayuda que implica contraprestación de trabajo. En los últimos años la figura se desvirtuó de manera tal que está vista como “el paso previo” a ser empleado municipal. Para modificar la situación e inyectar trabajo real en el mercado, el Ejecutivo analiza implementar convenios con empresas para “colocar” a los beneficiarios.

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El Gobierno de Fabio Giovanettoni quiere desarticular la situación con la que se encontró al asumir en diciembre pasado en materia de decretos de ayuda social con contraprestación de trabajo, cuyo conocimiento pleno tuvieron cuando el Secretario de Desarrollo Social Nicolás Macchia empezó a revisar el funcionamiento real de esos programas. Aunque todos eran concejales y acompañaron la gestión de Guacone, parece que desconocían una realidad que sumió a San Pedro en el precipicio financiero.

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Tras conocer una experiencia personal fallida (ver recuadro), el Ejecutivo comenzó a buscar la modalidad administrativa que le permita generar las condiciones para acordar con empleadores privados la distribución laboral de quienes se vean beneficiados con los famosos “decretos”.

Además, se busca evitar la creciente tendencia al reclamo de incorporación como empleado municipal que los sindicatos respaldan, sobre todo en los casos en que esos precarizados son tratados como cualquier otro trabajador para todo menos para cumplir con la ley.

Una propuesta en análisis
En principio, de acuerdo a los debates que se dan en el Ejecutivo y a cuyas vicisitudes tuvo acceso La Opinión, el plan es que quien esté en condiciones de necesidad de un decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo no la cumpla en el Estado mientras dure el programa al que fue adscripto sino que lo haga en una empresa privada.

Así, el Gobierno depositaría en una cuenta del empleador el dinero destinado a pagar ese “decreto” mientras que éste completaría el sueldo del contrato de trabajo correspondiente que firme con el beneficiario, que de ser un simple “ayudado social” por el Estado pasaría a tener el status de trabajador temporario en una empresa o comercio, con un salario sino digno al menos que respete el mínimo vital y móvil.

Para ello, el Gobierno debe encontrar no sólo el instrumento administrativo, que los hay en otros municipios y niveles del Estado, sino unas cuantas empresas que estén dispuestas a dar este paso, que implica no sólo la posibilidad de tener un empleado pagando entre un tercio y la mitad de un sueldo de jornada completa –de 7.734 pesos para un empleado de comercio categoría vendedor B sin refrigerio ni manejo de caja, por ejemplo– sino también la de contribuir socialmente, lo que podría implicar algún tipo de reconocimiento en materia tributaria local.

Reconocer y desarticular un problema
Diversas modalidades de ayuda social son, a ojos de la legislación laboral en sentido estricto, relaciones de dependencia encubiertas mediante las que el Estado favorece las estadísticas de bajo desempleo, otorga un ingreso monetario a quienes lo necesitan a cambio de algunas horas de trabajo en diversas dependencias, e inyecta dinero en las economías donde esas políticas tienen injerencia.

San Pedro no es ajena a la problemática. La Opinión publicó en varias oportunidades la situación que se vive en la Municipalidad con personas que ingresan a trabajar en el Estado a través de la designación vía decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo a través de Desarrollo Social, pagados por la Provincia.

También este semanario ha publicado la vinculación política que muchas veces tienen o tuvieron esas designaciones, que beneficiaron a punteros, referentes barriales y de organizaciones, con el caso de Juancho Correa como paradigmático, cuando la exsecretaria de Desarrollo Humano Verónica Mosteiro envió una carta documento a esta redacción para “aclarar” que el ahora precandidato a intendente no había sido nombrado “coordinador de abordaje territorial” por sus dotes políticos sino que se trataba de una “ayuda social” de esas que él mismo supo canalizar a los sectores vulnerables de la sociedad como representante antes los poderes del Estado en diversos reclamos.

Otros casos están vinculados al Ministerio de Trabajo de la Nación y son coordinados a través de la Oficina de Empleo municipal. En general tienen que ver con el impulso al primer empleo, que permite a quienes acceden a ello no sólo la posibilidad de un “trabajo” de medio tiempo y alguna –aunque poca– paga, sino además implica capacitación y aprendizaje.

A todos se los denomina con el génerico “los decretos” y cumplen tareas varias en diversas dependencias del Estado local, de acuerdo a las necesidades de cada sector. Como todos los trabajadores del Municipio, la mayoría se desempeña en el Hospital. Otros van de sector en sector, de acuerdo a la demanda del momento. En los últimos años, los sindicatos han puesto el grito en el cielo por la renovación constante de esos decretos, lo que implicó que en muchos casos una misma persona tenga el status de empleado municipal a la hora de mandarlo a trabajar pero no cuando debe cobrar o satisfacer el resto de sus derechos laborales. Ello implicó que  la lucha por lo que los gremios llaman “los compañeros precarizados” forme parte todos los años de los debates en la Mesa de Relaciones Laborales.

Así, el propio Estado provocó que acceder a un “decreto” implique una expectativa desmedida y se transforme en la esperanza de haber conseguido un trabajo. La modalidad se transformó en la antesala del pase a planta permanente, el primer paso para la estabilidad laboral. A desarticular ese imaginario apunta la propuesta que analiza el Gobierno.

Un caso para tener en cuenta
Un beneficiario de un decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo había dado de baja su inclusión en ese programa cuando consiguió empleo en una empresa local. A las pocas semanas, volvió al Municipio a pedir que se lo reintegren, porque lo habían echado del trabajo. Los motivos fueron sus antecedentes penales y su pertenencia a una reconocida familia donde la delincuencia ha sido forma de vida permanente.

“Si afano, me persiguen por chorro. Si laburo, me persiguen porque antes metí la pata. Entonces, ¿en qué quedamos?”, fue la sensata reflexión del joven a quien si no le reponen el decreto de ayuda social quizás veamos pronto en las crónicas policiales.

En ese sentido, la problemática de la condena social a quien alguna vez tuvo algún problema con la Justicia penal cobra gran relevancia. Desarticular la hipocresía también es parte de la tarea.

Un delegado sindical municipal de los que más trabaja en la defensa de sus compañeros una vez le contó a La Opinión su propia experiencia: “Yo no sabía ni leer, y salía a afanar para darle de comer a mis hijos. Hasta que me consiguieron un trabajo acá, porque nadie me quería dar empleo”.

La semana pasada, el Municipio de Berazategui se convirtió en un modelo a seguir en el país cuando el intendente Patricio Mussi firmó con el Secretario de Justicia Julián Álvarez un convenio para incluir en la planta de empleados a expresidiarios del sistema federal que hayan cumplido condena.

“Desde el Ministerio de Justicia de la Nación estuvimos buscando un municipio que tenga las agallas suficientes para aceptar esta problemática”, elogió Álvarez y aseguró que el convenio permitirá que “los liberados puedan volver a tener dignidad y no reincidan”.

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