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miércoles, mayo 12, 2021

Buscan regularizar geriátricos e impiden que tomen más abuelos hasta que tengan habilitación

El Ministerio de Salud envió inspectores y recorrió algunos establecimientos. El gobierno local designó a una persona para trabajar en el tema. Los relevamientos seguirán, puesto que de los 15 geriátricos detectados sólo uno, Cilento, tiene completa y válida su habilitación. Analizan denuncias por maltrato y aseguran que en al menos un caso podría haber clausura y desalojo. La Casa de Ancianos también fue visitada.

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El viernes, personal del Ministerio de Salud bonaerense llegó a San Pedro para recorrer establecimientos que funcionan como geriátricos, relevar si tienen habilitación o no, observar las condiciones en las que están sus residentes e intimar a los que deben regularizar su situación.

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La recorrida comenzó en la mañana del viernes y en el centro, a cargo del inspector Pablo Maranini y el médico Javier Marty, de la cartera provincial que conduce Andrés Scarsi, en compañía del representante local Diego Lafalce, que está a cargo del relevamiento e inspección de geriátricos desde la Secretaría de Salud local.

“Estamos haciendo recorridas en la zona”, dijeron los funcionarios provinciales a cargo del operativo a La Opinión esa mañana, cuando luego de visitar un establecimiento de Boulevard Moreno 40 hicieron lo propio en otro ubicado a dos cuadras, en 3 de Febrero y Salta.

“Estamos haciendo observaciones para que habiliten ante el ministerio, por ahora los estamos intimando a que regularicen su situación”, explicaron desde el Ministerio de Salud durante la recorrida por los establecimientos sampedrinos.

Lafalce, empleado municipal del área de Salud, es licenciado en Enfermería y, según informó, el intendente y el secretario, Guillermo Sancho, delegaron en él el tema de los geriátricos, con el objetivo de ordenar la situación.
Los relevamientos serán por etapas, dijo el responsable local de las inspecciones. Durante esa jornada estuvieron en cuatro establecimientos. Además de los ya citados en esta nota, pasaron por la Casa de Ancianos y por uno que cerró sus puertas y ya no funciona como tal.

Según el cálculo del gobierno, hay 15 geriátricos en San Pedro. De ellos, apenas uno está habilitado como corresponde: Cilento, que funciona en la exclínica Pellegrini, inaugurado en 2017.

Entre el resto hay uno cuyo dueño, el médico Julián Gómez, exsecretario de Salud del gobierno de Aldo Carossi en Baradero, se jactaba de ser el único en condiciones, aunque era mentira: desde 1998 que no revalida su habilitación.

“Ninguno presenta riesgos, lo que vemos es qué puede suceder a futuro, ante situaciones hipotéticas”, explicó Lafalce. Por ello ninguno fue clausurado ni desalojado. Eso sí: “No pueden ingresar más abuelos de los que ya están hasta tanto regularicen la situación”, explicó.

En cada uno de los sitios visitados se encontraron con buenas condiciones generales, ratificadas por los propios internos. Entre los 15 que tienen en carpeta hay algunos en los que hubo denuncias de maltrato. “Estamos trabajando profundamente y va a haber novedades”, informaron. Aseguran que podría haber una clausura con desalojo incluida en al menos un geriátrico al que el viernes no fueron. “A cada cerdo le llega su San Martín”, dice el refrán.

Los establecimientos visitados tienen cinco días para hacer un descargo y comenzar con el proceso de habilitación, que implica cumplir una importante cantidad de requisitos que, en muchos casos, aumentan los costos operativos y, claro está, se trasladan al precio que pagan las familias por el servicio

“No es mucho ni es caro, es burocrático, pero es la ley, así como pudo Cilento tienen que poder los demás, es moverse y hacerlo, nada más, los costos son los mismos para todos”, dijo al respecto Diego Lafalce.

Una ley regula el funcionamiento de los geriátricos de gestión pública y privada, con o sin fines de lucro, definido como aquel  que tiene como finalidad “brindar alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, atención médica y en general toda acción que haga al bienestar físico y psíquico de las  personas adultas mayores a los 65 años de edad”.

La norma establece derechos como el de la comunicación, el mantenimiento de los vínculos afectivos, la intimidad, la no discriminación y el ser escuchados en sus reclamos, a entrar y salir libremente, y a recibir visitas. Cada geriátrico está obligado a proveer correcta alimentación, higiene, y seguridad; a tener un Director médico; a dar a conocer en detalle las pautas de la prestación del servicio y de convivencia; entre otros diversos puntos.

Los adultos mayores que estén en un geriátrico no pueden quedar bajo su autocuidado. En ese sentido, debe haber de manera permanente personal para la atención y asistencia acorde a la cantidad de residentes que exista. En la habilitación debe consignarse si los residentes son autoválidos, requieren algún tipo de supervisión o necesitan ayuda permanente, que son las tres categorías vigentes.

Los geriátricos que tengan hasta 20 camas deben contar con tres enfermeros y tres  mucamas; de 21 a 40 camas, cinco enfermeros y cuatro mucamas; más de cuarenta  camas, cada diez o fracción que exceda ese número se incorporan dos enfermeros y una mucama.

La Casa de Ancianos también fue visitada

Los funcionarios del Ministerio de Salud estuvieron en el asilo que sostiene una comisión de voluntarios bajo la figura de organización sin fines de lucro y en la que hay 40 internos, entre abuelos y abuelas.

“Nosotros tenemos un edificio de hace casi 100 años, durante mucho tiempo faltó mantenimiento y estamos tratando de corregir algunas cosas que nos pidieron, que no es mucho”, contó el presidente de la institución, Carlos Oilher.

Entre las observaciones que les hicieron figura la obligación de sacar un piso de pinotea y el techo de machimbre que tienen en una oficina.

“Venimos luchando y hemos logrado equiparar el déficit que veníamos trayendo, haciendo hincapié en la alimentación y el buen trato”, aseguró Oilher, e informó que hay diversas gestiones en marcha para mejorar el equilibrio financiero de la institución.

En la actualidad, cada interno alojado en el pabellón compartido paga 9.000 pesos por mes, mientras que los pocos que tienen habitación privada abonan $ 11.000.

“No alcanzamos a cubrir el gasto per cápita”, informó Oilher y agregó que por servicios como el de electricidad pagan “entre 15.000 y 20.000 pesos”.

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