Allanaron a empleados municipales por el robo a la familia Oneto en Pueblo Doyle
Hay al menos tres trabajadores del Estado local que aparecen en la investigación: uno de Santa Lucía, uno que trabaja en la Secretaría de Seguridad y otro en Desarrollo Humano. La Justicia ordenó allanar dos viviendas en San Pedro y dos en Pérez Millán. El fiscal Manso trabaja en la recolección de elementos para la acusación por el violento asalto ocurrido la semana pasada.
La Justicia ordenó este martes cuatro allanamientos vinculados a la causa que investiga el violento asalto que sufrió la familia Oneto en Pueblo Doyle la semana pasada. Para sorpresa de todos, dos de esas diligencias se desarrollaron en domicilios de empleados municipales.
El fiscal Marcelo Manso reunió elementos para solicitar nuevos operativos relacionados con el robo, luego de que el domingo se desarrollaran cinco allanamientos en los que secuestraron elementos de interés para la causa.
Los allanamientos del martes fueron cuatro y tuvieron lugar dos en Pérez Millán y dos en San Pedro. De las pruebas reunidas hasta el momento se desprende que hay al menos tres personas en la mira de la Justicia que son empleados municipales:
Uno de los allanamientos tuvo lugar en Liniers al 700, domicilio de un trabajador municipal que se desempeña en la órbita del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad.
Se trata del hijo de una exconcejal y conocida dirigente sindical, quien en 2019 apareció entre los “beneficiados” con bonificaciones tras la campaña electoral. A la señora se la vio en Fiscalía este miércoles, con intenciones de reclamarle algo al fiscal Manso.
En esa vivienda secuestraron un arma de fuego que todo indica hace mucho tiempo no se utiliza y de cuya propiedad se hizo cargo la esposa del empleado municipal en cuestión objeto del procedimiento policial.
El otro allanamiento en San Pedro fue en Ansaloni al 1200, donde reside un empleado municipal que se desempeña en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano y tiene funciones de coordinación en un área descentralizada de atención a la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Allí secuestraron precintos similiares a los que encontraron en la casa de los Oneto en Pueblo Doyle, elementos con los que los delincuentes que los asaltaron los maniataron tras irrumpir por la puerta trasera de la vivienda para robarles.
En Pérez Millán, en tanto, en los dos domicilios donde se desarrollaron las diligencias ordenadas por el Juzgado de Garantías incautaron armas de fuego, una escopeta y un revólver, que fueron sumados al expediente que tramita en la Fiscalía Nº 5.
El empleado de la Delegación de Santa Lucía aparece como parte de la investigación porque es el propietario de un Chevrolet Corsa similar al que los vecinos y las víctimas vieron en inmediaciones de la casa de los Oneto el día del asalto y en el que se sospecha huyeron los delincuentes tras cometer el robo. Tiene familiares políticos en inmediaciones de la vivienda de las víctimas.
Que aparezcan involucrados en la investigación no quiere decir en esta instancia que hayan estado en el lugar del hecho o que hayan sido sindicados como presuntos autores, al menos en esta etapa, pero sí son parte de los elementos que el fiscal tiene sobre la mesa de trabajo en procura de esclarecer el violento episodio.
El asalto generó preocupación en la comunidad de Pueblo Doyle, no acostumbrada a este tipo de hechos, y reactivó el reclamo por la reapertura del Destacamento policial donde funcionaba el Comando de Prevención Rural, cerrado por resolución ministerial.
La Jefatura de la Policía Comunal resolvió, ante la situación, disponer un móvil con dos agentes, de la cuadrilla de San Pedro, para que patrulle la localidad las 24 horas, quienes “usan el destacamento como base“, según explicó el subdelegado municipal, Luciano Juhant.
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