Aguardan definición por el boleto escolar, que por ley debe costar 10 centavos
Un grupo de padres hizo una presentación en la Defensoría del Consumidor, basados en leyes nacionales y provinciales. La empresa Vercelli aduce que su tarifa se ajusta a lo que dice la ordenanza de concesión. Elevaron consulta a la Asesoría General de Gobierno cuyo dictamen es previsible: las leyes están por encima de las normas locales.
Tras dos duras audiencias, la Asesoría General de Gobierno tendrá la última palabra en el reclamo que un grupo de padres comenzó en la Oficina de Defensa del Consumidor municipal (Omic) para que la empresa de autotransporte público Vercelli Hnos. ajuste sus tarifas a lo que establecen leyes nacionales y provinciales en lo que al boleto estudiantil respecta.
Los padres que elevaron su queja la sostuvieron en base a lo que establece la normativa vigente en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) y la provincial que adhiere a ella.
Allí se fija que el pasaje en colectivo para los alumnos de escuela primaria “si el viaje es con origen y destino dentro de la provincia de Buenos Aires”, tendrá un “valor de $ 0,10 ctvs.”, y que “el estudiantil secundario será “el equivalente al cincuenta por ciento del costo del boleto mínimo vigente”, que en el distrito es el urbano y cuesta 4,10.
En la actualidad, desde que fue aprobada la ordenanza de concesión a Vercelli como única oferente del proceso licitatorio y con el aumento pautado para marzo, el boleto escolar cuesta 1,70 y el estudiantil 7 pesos.
Posición empresaria
Desde el principio, los representantes de Vercelli expusieron que sus tarifas están ajustadas a lo que norma la ordenanza vigente, lo que es cierto puesto que el pliego no contempló la legislación vigente a nivel provincial y nacional.
Aun así, es de manual que las normas locales no pueden contrariar a las superiores, por lo que el debate instalado a partir de la denuncia en la Omic no hace más que retrasar la implementación.
En la última audiencia entre las partes, la empresa planteó que hay un “conflicto de legislación” y solicitó la intervención de un tercero imparcial, ya que Defensa del Consumidor es un organismo que, precisamente, defiende a uno de los actores en disputa.
Así, resolvieron elevar una consulta a la Asesoría General de Gobierno, organismo del Estado provincial que suele zanjar dudas administrativas. Aunque la suya es una “opinión no vinculante”, se trata de una dependencia que es autoridad en materia de administración pública.
Durante la audiencia, desde Vercelli advirtieron que si tienen que cumplir con lo requerido, aumentarán la tarifa plana y trasladarán la caída de su rentabilidad al resto de los usuarios.
De todas maneras y más allá de la “amenaza”, hay que tener en cuenta que para que una decisión de esas características avanzara se necesitarían los votos del Concejo Deliberante, que debe aprobar cada vez cualquier tipo de aumento de boleto.
Allá sí, acá no
Desde la Omic explicaron que la empresa Vercelli Hnos. aplica la legislación vigente. Lo hace en la línea 342, que atraviesa San Nicolás, Ramallo y San Pedro. Incluso hay adolescentes que viajan al Instituto Santa María de Gobernador Castro y en lugar de tomar el bondi de la línea local aguardan por aquella, para pagar $ 2.50.
La línea 342 es una concesión provincial, en la que la empresa cumple con la legislación vigente en el territorio bonaerense. Para San Pedro, sólo aplican lo que establece la ordenanza.
La Omic aguarda el dictamen de la Asesoría General de Gobierno para actuar. Su plan es aplicar la ley de Defensa del Consumidor. De todas maneras, el Concejo Deliberante deberá intervenir para remendar lo que no hizo en el pliego y la ordenanza de concesión, donde debería haber tenido en cuenta la existencia de esta legislación superior.
Durante la audiencia, además, los representantes de los consumidores entregaron a la empresa una copia de un decreto provincial que da cuentas de la aplicación de un subsidio para las empresas que contemplen boleto escolar, estudiantil, y universitario, todos vigentes.