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martes, mayo 17, 2022
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Advierten sobre los efectos de los terraplenes en zona de islas

Un informe del ambientalista Enrique Sierra volvió a señalar la presencia de endicamientos y terraplenes en Lechiguanas. Enumeró las problemáticas ambientales y sociales que acarrean. Además, señaló que las 19 localidades de tres provincias que tienen influencia en la zona no intervienen como corresponde.

 

Los terraplenes para ganadería o cultivos en escala industrial avanzan sobre el Delta del río Paraná a pasos agigantados, sin que la intervención de las autoridades sea efectiva, las pocas veces que existe, como en el caso de la isla de Barbe, frente a la zona de Las Canaletas.
En un nuevo informe sobre el tema, el ambientalista Enrique Sierra volvió a advertir sobre la problemática, tras detectar un nuevo terraplén frente a la localidad de Ramallo, cerrado a principios de este año, con “5,61 kilómetros de largo en su parte más ancha, por 6,38 de ancho, de forma irregular”. Aseguró además que, como puede verse en la imagen que ilustra esta página, “hay otro más pequeño, debajo, al sudoeste”
Sierra indicó que un guía de pesca le comentó que mientras se cerraba este terraplén, “miles de taruchas saltaban en el barro al cortar los arroyos”. El guía le relató que en dos oportunidades hizo viajes al Paraná para liberar las pocas que pudo salvar en su lancha.

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Una vieja historia
de incumplimientos
Las islas Lechiguanas tienen una superficie de 240 mil hectáreas. Allí hay un terraplén construido a finales de los 60 por la ex Lechiguanas S. A., de aproximadamente 23.600 hectáreas, hoy abandonado.
Un catastro deficiente entronca con la falta de presencia de autoridades gubernamentales en una tierra donde, generalmente, todo vale. Los problemas de uso y tenencia de la tierra se reproducen.
“Arrendamientos de terrenos fiscales, catastro deficiente, habitantes de varias décadas nunca reconocidos sus derechos sobre la tierra”, enumeró Sierra, quien recordó las investigaciones de La Opinión al respecto, cuyo último capítulo fue hace unos meses, cuando un habitante de islas fue desalojado tras perder un juicio por el que le debe más de 200 mil pesos a los abogados.
“Durante el año 2010, la Fundación Humedales determinó que en el Delta del río Paraná se encontraban 207 polígonos que responden a áreas endicadas, terraplenes que abarcan el 11,60 por ciento (203.019,87 hectáreas) de la superficie de la región, que es de 1.750.000 hectáreas aproximadamente”, señaló el ambientalista, que aportó una imagen sobre ello.
“Lamentablemente las autoridades de las 3 provincias y los 19 localidades que componen el Delta no han logrado por inacción u omisión lograr el Ordenamiento Ambiental Territorial de las actividades y usos, firmado en el acuerdo conocido como PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Uso Sostenible del Delta del Paraná), formado a consecuencia de los incendios del año 2008”, explicó.

Preocupación por el impacto
Enrique Sierra advirtió respecto de las consecuencias que terraplenes y endicamientos tienen tanto para el ambiente como para la población que históricamente ha desarrollado su vida en la zona de islas.
Sobre la ganadería extensiva de alta carga, señaló que provoca cambios en el régimen hídrico por obstrucción de cursos de agua, drenajes (canales) y endicamientos; pérdida y/o deterioro de humedales; compactación del suelo; pastoreo sobre flora apícola; pérdida de calidad de agua; sobrepisoteo y sobrepastoreo; facilitación para el establecimiento de especies vegetales exóticas y/o no palatables (comestibles para el ganado); impactos sobre la fauna nativa (especialmente aves); quemas sin control, que resultan en pérdida de flora nativa, muerte de colmenas, incendios en forestaciones, pérdida de suelo orgánico y eliminación de fauna silvestre nativa.
Sobre la agricultura intensiva, enumeró: cambio del régimen hídrico por endicamientos; pérdida de humedales; reemplazo total de la flora nativa y homogenización del paisaje; pérdida de biodiversidad; contaminación del agua por uso de agroquímicos; muerte de insectos (pérdida de colmenas), peces y otra fauna nativa por contaminación por agroquímicos; desplazamiento de pobladores locales; pérdida de la identidad cultural del Delta.
“Los costos ambientales los paga toda la sociedad en su conjunto”, advirtió Sierra.

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