Salazar aumentó el sueldo de todos sus funcionarios pero no lo hizo público
La última liquidación del gabinete aparece con un incremento salarial para todos los miembros del equipo político del intendente Cecilio Salazar, de casi el doble. En el Boletín Oficial y el Digesto municipal faltan dos decretos, que serían donde figuran aumento y bonificaciones. La queja de algunos funcionarios motivó la decisión, que contradice los anuncios de austeridad que hizo el Gobierno apenas asumió en diciembre pasado.
La política de austeridad y salarios bajos para el plantel político no llegó al año en el Gobierno de Cecilio Salazar. Pasado el primer semestre, sin prórroga para la “emergencia económica” pero sin haber salido de la complicada situación financiera que el Municipio arrastra desde hace varios años, el Ejecutivo sumó empleados y además otorgó aumento para los funcionarios políticos.
A los más de 70 nombramientos que reveló La Opinión, cuyos nombres y áreas fueron publicados por este semanario hace dos semanas, cuando el Gobierno dio a conocer el sexto Boletín Oficial de la gestión Salazar, se suma ahora la novedad que apenas comenzado julio, el equipo de gobierno vio incrementado su salario.
Este medio confirmó con diversas fuentes del gabinete lo que el Ejecutivo no se animó a hacer público: cruzado el primer semestre, se acabó la “austeridad” declamada.
Secretarios, Subsecretarios y Directores fueron beneficiados con un aumento de casi el doble del sueldo, que ya fue cobrado por los funcionarios. “Con lo que pagan acá yo no mantengo a mi familia”, le dijo un día un Director a otro delante de un periodista de La Opinión. “Ahora tiene otro color la cosa”, dijo otro ayer, cuando no pudo evitar confesar lo que el Gobierno ocultó.
Lo que no se muestra, se oculta
El Gobierno asumió en diciembre pasado luego de una transición que tuvo al frente del Ejecutivo al concejal Fabio Giovanettoni, quien gobernó la ciudad a raíz de la renuncia de Pablo Guacone, cuyos cinco años de gestión sumieron a San Pedro en la peor crisis económica, financiera, política e institucional de la historia.
El interregno de Giovanettoni terminó con un desequilibrio financiero de 45 millones de pesos, por lo que las medidas económicas planificadas por el intendente Cecilio Salazar y su Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete fueron “urgentes” y tendientes a la “austeridad”.
La primera de ellas fue la reducción del salario de los funcionarios. Decretaron el fin del pago de antigüedad y bonificaciones para todos los miembros del gabinete, y aumentaron considerablemente los básicos. De esa manera, los miembros del equipo gobernante actual empezaron a cobrar bastante menos que sus predecesores.
Los básicos fueron ubicados en 24.630 pesos para Secretarios; 21.550 para subscretarios; y 18.500 para directores. De bolsillo, con las retenciones correspondientes por aportes jubilatorios y obra social, cobraban 19.999; 17.498; y 15.500, respectivamente.
Desde al menos la última liquidación, todos empezaron a cobrar casi el doble de bolsillo.
El “Gobierno Abierto” y “transparente” de Cecilio Salazar, que decidió publicar todos los decretos y resoluciones en el Boletín Oficial, lo que incluye hasta los nombres de quienes son beneficiarios de ayudas sociales por su condición extrema de vulnerabilidad, no publicó el aumento para los funcionarios.
De acuerdo al Boletín Oficial y al Digesto Municipal, en los que se publican esos documentos, faltan los decretos 501 y 513, que serían los que contienen la decisión de incrementar los sueldos políticos. El primero aumentaría los básicos en un 30% y el segundo asignaría bonificaciones.
En ambas publicaciones, los decretos pasan del número 500, del 1 de julio, al 502, del 3 del mismo mes; y del 512, del día 06, al 514, del 11 de julio. Allí estarían los aumentos que llevaron a los integrantes del gabinete a cobrar casi el doble de lo que cobraban hasta antes de esa fecha, cuando el Municipio estaba en “emergencia económica” sancionada por el Concejo Deliberante a pedido del Ejecutivo.
El reto del Tribunal
En el decreto que el 15 de diciembre, a cinco días de asumir, Salazar estableció el nuevo régimen de salarios de sus funcionarios, también dispuso una nueva manera de liquidar su propio sueldo.
Como La Opinión advirtió el mismo día del anuncio, el Tribunal de Cuentas formuló observaciones concretas al tema, ya que el intendente hizo algo que no puede hacer sin violentar la ley orgánica de las municipalidades: modificar su propia remuneración.
El Jefe Comunal decidió por decreto bajarse el sueldo. No cobrar los 14 salarios de un empleado municipal de 40 horas que fija la ley sino bastante menos.
Lo que advirtió el Tribunal de Cuentas, y por lo que formuló cargos contra Salazar al analizar la Rendición de la gestión 2015, es que se excedió en sus competencias.
Las responsabilidades atribuidas por el organismo que audita las cuentas municipales alcanzan al Jefe Comunal y a su Secretario de Gobierno Silvio Corti.
El análisis de la Rendición de Cuentas 2015 formula diversas observaciones a la gestión de Giovanettoni, Borgo y Baraybar, pero también otras tantas, muchas, a los 20 días de Salazar al frente de la comuna en ese ejercicio.
En el Concejo Deliberante, la mayoría oficialista logró un tratamiento extraño para las cuentas del período: rechazó los once meses de Giovanettoni y aprobó los 20 días de Salazar.
En el Tribunal de Cuentas, la Relatora de la División Municipalidades B, a la que pertenece San Pedro, contadora Beatriz Bruzzoni, fue menos indulgente con el mandatario actual y sus funcionarios, sobre todo Corti y Sánchez Negrete.
– Sin declaraciones juradas –
A principios de año, el Gobierno de Cecilio Salazar tenía decidido sumarse a la propuesta nacional y provincial de Cambiemos de publicar las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios públicos, y encomendaron la tarea a un funcionario.
El plan era que todos los miembros del gabinete entregaran el detalle de los bienes que poseen desde antes de asumir y que actualicen esa información cada año, así como al momento de dejar la función para la que hayan sido designados.
En la provincia de Buenos Aires rige un decreto desde el último día de febrero y la Gobernadora María Eugenia Vidal elevó un proyecto de ley para que la Legislatura trate el tema.
A nivel local, el modelo de Gobierno Abierto que se buscaba seguir para la publicación del patrimonio de los funcionarios es el de Bahía Blanca, ciudad en la que esa información se difunde desde que en 2006 fue sancionada una ordenanza que así lo establece.
El plan era firmar un decreto para los funcionarios del gabinete y presentar un proyecto de ordenanza que lo instituya como norma aprobada por ambos poderes y que incluya a los concejales, aunque hasta el momento nada sucedió.
La idea era que cada uno presente una declaración jurada patrimonial en la que estén incluidos todos los bienes personales que se posean a la hora de asumir el cargo, información que sería puesta a disposición de la ciudadanía para que todos tengan acceso a ella.
La descripción patrimonial completa incluiría activos y pasivos, con el objetivo de dar a conocer toda la actividad comercial, empresaria o de servicios de cada funcionario, así como cualquier otra fuente de ingresos y el monto estimado de los ingresos o bienes del cónyuge.
En el modelo Bahía Blanca quedan expuestos los inmuebles y rodados, fecha y precio de la compra, y el valor estimado actual como las inversiones en títulos, bonos, acciones, las cuentas bancarias y dinero en efectivo.
En cuanto a las deudas de quien presenta la declaración, incluye nombre y los números de inscripción de los acreedores y los montos. Si se trata de personas con actividad comercial deben exhibir balance, inventario y participación en sociedades, entre otras exigencias.
También consignan el total de sus ingresos, de dónde provienen, donaciones y los aportes que derivan al partido político al que representan.
En 2008, el entonces concejal Matías Velo presentó un proyecto de ordenanza que no tuvo eco entre sus pares del Concejo Deliberante. Luego, en 2012, el ahora Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete elevó otro para crear el Sistema de Transparencia del Estado Municipal.
El plan era publicar “la totalidad de la información generada por el Rafam”: compras, contrataciones, cotizaciones, licitaciones, listado de proveedores, remuneraciones de funcionarios y empleados con horas extras y bonificaciones. Fue remitido a archivo.