Aplazados en Escuelas de Verano

Una carta del Concejal Martín Baraybar encendió la mecha que hizo explotar la pólvora. En un pedido de informes preguntó al Intendente qué motivos hubo para que los niños de las localidades no cuenten con el transporte necesario para conocer el río, que es de todos. De allí en más, se desata una historia de burocracia y escasez de recursos que asombra.
El Director de Deportes Gerardo Castón sólo atinó a ofrecer excusas. No hay plata, y por ello los niños y niñas de Santa Lucía, Doyle, Río Tala, La Buena Moza y Gobernador Castro sólo acuden en procura de comida a las Escuelas de Verano. “Nos pedían 77.500 pesos” dijo y agregó que no había presupuesto, derivando responsabilidades sin pensar que son los municipios los que pueden generar sus propios planes de inclusión social sin más que poner en marcha el mecanismo de divertimento que todo menor tiene incorporado para que los adulos lo estimulen.
Resulta que la falta de dinero anula las posibilidades de incidir a edad temprana en el futuro de los que aún no pueden defender su derecho a la recreación y el aprendizaje.
Las cosas se pusieron peores cuando el coordinador zonal Gustavo Páez adujo que lleva veinte años de experiencia en la docencia y que este año lamentablemente no se habían “presentado los proyectos con la modalidad recreativa”, como si esto fuese suficiente para justificar la inacción del Estado provincial en planes, mientras en otros distritos derrochan imaginación para hacer del verano el momento en que los chicos aprenden hábitos de horarios, reglas de juego, conductas de higiene, cuidado de su físico y tantas otras aristas que llegan con lo lúdico.

Responsables
Quien ofreció la respuesta más adecuada para la ocasión fue la Inspectora Distrital, Belén Yunes. Simple y humildemente se cargó la mochila de responsabilidades ajenas y admitió que hay que trabajar de otra manera para articular los esfuerzos de la Provincia y el Municipio para obtener mejores resultados.
De las 13 escuelas de verano que funcionan en San Pedro no todas tienen la modalidad recreativa y el avance más importante se obtuvo firmando un convenio con Bomberos para que los chicos puedan utilizar el natatorio de esa entidad.
Yunes además indicó que han quedado excluidas comunidades muy importantes por las desinteligencias de esta temporada pero se comprometió a realizar las gestiones necesarias y a buscar una alternativa posible para administrar fondos recaudados por La Radio para que al menos por un día los niños puedan viajar a San Pedro a encontrarse con su costa.
La colecta se hizo entre funcionarios del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo, más algunos aportes espontáneos de particulares que al cierre de esta edición llegaban casi a los 5.000 pesos.
Ese rol social que debe ser asumido por el Estado les ha costado a los pequeños la pérdida de una oportunidad irrecuperable. Para un niño, un año es mucho más largo que para un adulto y es por ello que casi siempre se llega tarde para abrir las puertas de una vida para compartir con sus pares sin que la discriminación llegue cuando ya están trepando a la adolescencia.

Sandra Mari con las botas puestas
El lunes por la mañana y tras escuchar todas las excusas que se dieron respecto al transporte, la falta de bañeros y los escasos natatorios, la Concejal Sandra Mari decidió convocar a su comisión para obligar al Tiro Federal a prestar estos servicios.
Consideró que todo el predio ya es de propiedad municipal porque la concesión otorgada ya caducó y prometió utilizar todas las herramientas a su alcance para devolverle al pueblo de San Pedro un espacio que le pertenece. La historia de todos los desaciertos del Tiro Federal cuenta con un amplio archivo en La Opinión y es el testimonio de una usurpación siempre consentida por la autoridad municipal, que no ha emprendido acciones para el desalojo, como tampoco ejerce su derecho sobre el espacio que por Ordenanza le corresponde en el “Pasillo Público”. Allí, el 50 por ciento de la superficie debe ser destinada al libre acceso, pero la “vista gorda” ha convertido al lugar en el patio trasero de un hotel que tiene 30 años de derechos sobre la adjudicación que ha firmado. La Ordenanza 5563 contiene un artículo específico en el que contempla como motivo de recisión del contrato el incumplimiento de mantener y preservar ese “pasillo” que desliza la mitad del territorio con una sola mano y hacia el río.